sábado, 20 de febrero de 2010

Fuerzas Armadas de Bolivia entregarán a fiscal archivo de dictadura

Fuerzas Armadas de Bolivia entregarán a fiscal archivo de dictadura


El fiscal Milton Mendoza dialoga con las Fuerzas Armadas en las afueras de la sede del Estado Mayor del Ejército (Foto: Efe)


Las Fuerzas Armadas bolivianas aceptaron entregar al fiscal Milton Mendoza los archivos relacionados con el régimen del dictador Luis García Meza (1980-1981). Uno de los objetivos de la investigación es el esclarecimiento de la desaparición de varios bolivianos, entre ellos el político y escritor Quiroga Santa Cruz.

TeleSUR _ Hace: 2 dias

Las Fuerzas Armadas bolivianas cambiaron su opinión y decidieron ceder este miércoles los archivos relacionados con la dictadura de Luis García Meza (1980- 1981), para que procedan las investigaciones sobre desapariciones de civiles.

El comandante en jefe de las Fuerza Armadas, general Ramiro de la Fuente Bloch, dijo que los archivos serían entregados al fiscal Milton Mendoza. Horas antes, en una rueda de prensa, Mendoza había declarado que de la Fuente rechazó desclasificarlos, pues éstos debían ser entregados a un juez y no a un fiscal.

Mendoza también acusó a Bloch de interferir con la investigación puesto que el juez había ordenado la entrega de la in
formación al fiscal.

Pese a la controversia, el jefe militar expresó que facilitaría los archivos al fiscal Mendoza para evitar "malas interpretaciones" y, de esta manera, se pueda proceder con la investigación sobre el régimen de Meza.

Los documentos que Mendoza requiere son los relacionados con la lista del escalafón de las FF.AA. de los meses d
e julio y agosto de 1980.

Bloch reiteró que era necesario seguir los procedimientos señalados por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a que la información sobre el escalafón puede ser entregada por orden de un juez, pero debe ser mantenida en reserva.

El jefe militar también agregó que los archivos son numerosos y deben ser ordenados, lo que implica tiempo, razón por la cual dicha información será ordenada por ellos para luego ser entregada al fiscal el 26 de febrero próximo.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Ruben Saavedra, comentó en declaraciones ofrecidas el lunes pasado que tanto el Ministerio de la Defensa como las propias Fuerzas Armadas eran respetuosas de la Constitución, por lo tanto, se procedería según lo que ésta dicta.


El propósito principal de la investigación es esclarecer la desaparición de varios bolivianos durante el gobierno de facto de García Meza, entre quienes se encuentran ciudadanos destacados como el escritor Quiroga Santa Cruz.

En las primeras horas de este miércoles, Rubén Saavedra, el ministro boliviano de Defensa, expresó que las Fuerzas Armadas recibieron la orden judicial, y para matener un espíritu democrático, no iban a obstaculizar su cumplimiento.

El jueves pasado, varios de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura se concentraron en el edificio del Estado Mayor del Ejército en La Paz para exigir que se cumpliera la resolución.

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Desclasifican documentos en Bolivia sobre acciones de dictadura de 1960



El Ministerio Público espera encontrar los restos de unas 156 personas desaparecidas en la dictadura de Luis García Meza. (Foto: Kipedia.com)

Según el Ministerio Público de Bolivia, con la desclasificación de los archivos secretos se podrán encontrar los restos de las víctimas de la dictadura de Luis García Meza. Los familiares de los muertos y desaparecidos han exigido que las autoridades militares bolivianas permitan el acceso a estos documentos para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos

TeleSUR _ Hace: 2 dias

El Ministerio Público de Bolivia revisará este miércoles los archivos secretos de la dictadura militar de Luis García Meza entre los años de 1980 y 1981, con el objetivo de profundizar una serie de investigaciones para poder encontrar los restos de al menos 156 personas que desaparecieron durante este período.

Según el ministerio, el acceso a los documentos facilitará la investigación para encontrar los restos de los líderes sociales que le hicieron frente a la dictadura, por lo que la Fiscalía de la nación envío un comunicado al Ministerio de Defensa y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para que permitan el acceso a los archivos.

El fiscal designado, Milton Mendoza señaló que aunque no ha recibido respuesta oficial, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz (oeste) ya fijo fecha para que las autoridades encargadas en investigar el caso accedan a la documentación.

"No iremos a pedir un favor, sino a exigir el cumplimiento de la decisión judicial establecida en el empeño de cumplir nuestras funciones públicas", dijo el fiscal.

Asimismo, indicó que esta desclasificación podría revelar la ubicación de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona, entre otros líderes de izquierda ultimados durante la dictadura de García Meza.

Mendoza recordó que quienes se opongan a la instrucción del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal pueden ser procesados por resistirse a órdenes de una autoridad legalmente establecida y obstaculizar la investigación de "la verdad de un proceso judicial".

"El acceso a la documentación posibilitará establecer lo sucedido con los dirigentes políticos, en el marco del cumplimiento de las normas legales nacionales y los convenios internacionales", señaló el funcionario.

El ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que las Fuerzas Armadas garantizarán a Mendoza el acceso a los archivos militares para su desclasificación y posterior análisis.

"El gobierno tiene toda la voluntad democrática de transparentar la información y uno de esos actos es permitir el acceso a la información de las Fuerzas Armadas, ya que se cumplieron con los procedimientos reglamentarios", afirmó.

Por otro lado, los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura exigieron la inmediata desclasificación de los archivos, tras considerar que en estos se puede dar con los restos de sus seres queridos.

Las pesquisas que se han realizado hasta el momento han fallado, porque las autoridades militares se han rehusado a desclasificar los archivos de aquella época, según el Ministerio Público.

El pasado 1 de febrero encontraron los restos de cuatro integrantes de la guerrilla de Teoponte, que se enfrentaron a la dictadura en 1970.

Los restos corresponden a los bolivianos Eloy Mollo Mamani, Rafael Antezana Eguez, Delfín Mérida Vargas y Francisco Imaca Rivera, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), formado por bolivianos, chilenos, argentinos, peruanos y colombianos. Los restos de estos líderes socialistas fueron entregados a sus familiares.

teleSUR-PL-Cambio.bo/kg-PR
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DENUNCIAN A NEUQUÉN ANTE -COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra-19-02-10

DENUNCIAN A NEUQUÉN ANTE LA ONU


El Estado argentino presentó su Informe ante el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra.


El informe que periódicamente debe presentar el Estado Argentino ante el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra, fue revisado por dicho Comité, los días miércoles y jueves pasados, en su 76ª periodo de sesiones. A través de este informe, Argentina debe demostrar que su política interna se ajusta a las obligaciones que tiene con la comunidad internacional. En nombre del Estado se presentaron las autoridades del INADI e INAI.

En el marco de las 76º periodo de sesiones del CERD, Argentina expuso luego de su último informe en 2005. Entre varios aspectos el “informe oficial” resalta el trabajo realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, el racismo y la xenofobia -INADI-, y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-.

Pero en ese “cuento de bellos paisajes”, Argentina prefirió no mencionar al “bosque embrujado” instalado en las realidades provinciales, a las que no alcanzan los expedientes de las oficinas de Buenos Aires.

La principal tarea que actualmente tiene el INAI consiste en dar cumplimiento a la ley 26.160 de relevamiento territorial, a fin de cumplir con los compromisos internacionales que obligan al Estado a determinar los territorios indígenas. Sin embargo dicho relevamiento ha sido trabado o desviado por los gobiernos provinciales y a más de tres años de la sanción de la ley, aún no se han producido resultados pese a que vencieron los plazos previstos para su realización.

Es por eso que en las provincias con mayor presencia indígena, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, Tucumán y Formosa, entre otras, se ha continuado produciendo desalojos pese a la expresa prohibición legal ante la pasividad de los organismos del gobierno nacional.

El Contrainforme.

Además del informe oficial de los Estados, el Comité también escuchó el "contrainforme", elaborado en este caso por el Centro de Estudios Legales y sociales de Argentina, (CELS), por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén (ODHPI), y por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES),

En nombre de estos organismos de Derechos Humanos, se habilito un espacio de reunión con los miembros del Comité en el que participaron el werken Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuce de Neuquén y el abogado Mikel Berraondo, colaborador del ODHPI. En dicha reunión el werken Jorge Nahuel pudo explicar al Comité las problemáticas crecientes que existen en el país con respecto a la aplicación en Argentina de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, y pudo también exponer los vacíos y contradicciones del informe oficial.

El Werken Nahuel expresó que “pese a que transcurrieron cinco años desde las observaciones del Comité, la situación prácticamente no ha variado. Entre otras razones, porque el Estado Nacional no asume el rol central que le asigna la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17 como garante de los derechos de los pueblos indígenas, pues no desarrolla los mecanismos de incidencia federal que permitan que estos pueblos puedan ejercer efectivamente sus derechos en todo el territorio de la Nación. Por tal motivo, en la actualidad, el goce de los derechos indígenas está librado a la voluntad discrecional de cada Estado provincial y, en consecuencia, es dispar e inequitativo.”

Entre los fundamentos del “contrainforme” se remarca la obligación política del INAI de generar condiciones que permitan una real participación. También sostiene que “tanto en el orden federal como en los órdenes provinciales no existen leyes que reglamenten el derecho a la consulta. Además existen otras dificultades vinculadas con el ejercicio de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos y comunidades indígenas. La respuesta estatal a los reclamos territoriales indígenas continúa siendo el desalojo, la represión y la persecución penal de los miembros de las comunidades.”

Situación en Neuquén

El werken Jorge Nahuel resaltó especialmente la gravedad de la situación en la Provincia del Neuquén, en donde pese a la importancia histórica y social de la presencia del Pueblo Mapuce, la estructura institucional del Estado, su orientación ideológica así como sus decisiones cotidianas, son monoculturales y discriminatorias en tanto niegan la cultura indígena y pretenden disolverla en las formas de la cultura vencedora de la llamada “conquista del desierto”. Nahuel se refirió con énfasis a la generalizada discriminación en el ámbito del Poder Judicial, en donde los jueces y funcionarios que debieran velar por la protección de los derechos resultan los instrumentos cotidianos de su violación.

De esta manera a través de la intervención de los voceros de la Confederación Mapuce y ODHPI se busca sacar a la luz la impunidad, el abuso de autoridad, la campaña de criminalización del ejercicio del derecho mapuce que las provincias, y en particular el gobierno de Neuquén, han desatado contra sus autoridades y organización política.

Luego de la exposición del Estado, durante casi dos horas el Comité, con la información brindada por los organismos de derechos humanos, señalo los vacíos de su Informe Oficial y la jornada finalizó con los distintos Expertos interpelando a la delegación argentina con más de 30 peguntas que debieron responder en la sesión del día siguiente.

El Estado argentino, tendrá que empezar a realizar sus deberes y tareas en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, considerando que su obligación es diaria y con prácticas reales, ya que ni las obligaciones internacionales ni la Constitución le permiten dejar la protección de los derechos indígenas en manos de sus principales incumplidores: los Estados provinciales.

Próxima a cumplir 200 años, la Argentina debería dejar de ser “desaprobada en discriminación” y convertirse en una real cumplidora del derecho internacional, máxime cuando pretende apoyarse en él para sostener sus objetivos de política exterior.

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

www.odhpi.org
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