Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
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OTRO EPISODIO SOSPECHOSO
Un secuestro equivocado
El de ayer no fue el primer episodio sospechoso relacionado con testigos de la causa Brusa, que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe. El miércoles 25 de noviembre del año pasado, dos desconocidos intentaron secuestrar a Avelino Cantelli, un comisario de la policía que un día antes había testificado en el juicio a los represores. Luego de interceptar a la víctima a la salida de su casa, encapucharla, subirla a una camioneta y llevarla hasta una casa, los secuestradores descubrieron que no tenían al testigo sino a un vecino suyo, de su misma edad y cierto parecido físico, a quien finalmente decidieron liberar. Según le contó a Página/12 el comisario Cantelli, luego de este episodio, su vecino escuchó que sus captores dijeron “que podría haber más secuestros en Santa Fe”.
Eugenia Cantelli, hija del comisario, relató el incidente: “Mi papá tiene un vecino que es muy parecido. A las 10, una camioneta lo secuestró, le pusieron una capucha y le dijeron ‘quieto, Cantelli, porque te matamos’. Uno se dio cuenta de que no era mi papá al que habían secuestrado y lo dejaron en el Puente Negro”, una zona en las afueras de la capital provincial. La inesperada víctima era un ferroviario jubilado, de apellido Bianchi, que vive en el mismo edificio que el testigo, en el mismo piso, en el departamento de enfrente. Ese día, minutos antes de que Bianchi saliera de la casa, Cantelli había entrado, por lo que los secuestradores cometieron la confusión.
Un día antes del intento de secuestro, el comisario había declarado como testigo de la causa que investiga al ex juez Brusa y a cinco policías por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Cantelli se había desempeñado como jefe de la Sección Robos y Hurtos de la policía de Santa Fe durante la dictadura, donde conoció a algunos de los acusados, a quienes señaló como miembros del llamado Departamento de Informaciones, “una especie de brigada antisubversiva”. Pero su declaración había sorprendido porque, además, había acusado al ex gobernador santafesino Jorge Obeid, por haber “reciclado” a uno de los jefes del grupo de tareas que operó en esa provincia, Nicolás Correa, como asesor de seguridad durante su primer mandato. Correa, que también estaba implicado en la causa, falleció en 2007, sin condena.
En una entrevista con este diario, unos días después del intento de secuestro, Cantelli aseguró que hay, al menos, un ex policía detrás del episodio. “Una cosa mafiosa –lo calificó–. Estos tipos son profesionales, los que secuestraron a mi vecino estaban organizados.”
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PATRICIA ISASA, EX DETENIDA
“Ella habló de la violación como tortura”
Por Adriana Meyer
Patricia Isasa tiene 50 años y es arquitecta. Conoció a Silvia Suppo cuando estuvieron cautivas durante la dictadura y ayer recordó el instante en que anotó su nombre en la lista de testigos, “con tinta negra, en un papelito donde puse a las mujeres que estuvieron conmigo y podían hablar de su violación” a manos de los represores, “de esa fobia y misoginia enloquecidas”. A esos victimarios enfrentó cara a cara en septiembre, durante el juicio al ex juez Hermes Brusa y cinco ex policías en Santa Fe, en lo que fue uno de los testimonios más desgarradores. Isasa sufrió una serie de intimidaciones en septiembre de 2006, desarmó su vida y se fue del país. “La vida se me hizo mierda dos veces, pero volví porque acá tengo mis muertos, mis amores y mis sueños”, dijo ayer a Página/12, por momentos quebrada de dolor por el asesinato de Suppo. “Si no fue un robo significa que los represores son la mafia, y con un mafioso criminal confeso no hay reconciliación posible. Es un debate infame el que propone (Eduardo) Duhalde cuando habla de plebiscitar los juicios”, agregó.
Suppo fue una testigo clave en el juicio en el que Isasa fue querellante. “Es medio difícil que salgan a robar a esa hora, entre las 9 y las 10 de un lunes. Si no llega a ser un robo fue un mensaje mafioso, una represalia o venganza por el valiente testimonio de Silvia en el juicio”, afirmó. A su criterio, “ésta sería la prueba palmaria de que no es posible limitar los juicios como propone la derecha”.
–¿Siendo sobreviviente de la dictadura se fue del país en plena democracia luego de las amenazas que sufrió?
–Al día siguiente de la desaparición de (Julio) López fui amenazada de una manera jodida. Llamaron a los teléfonos de mi ex pareja, me estaban buscando. Me fui a vivir a Estados Unidos, y cuando volví secuestraron a (Luis) Gerez a los pocos días. Acá hay que ver las condiciones en que están presos. Por haber estado en un campo me parece bien una cárcel limpia y justa, pero hay que poner atención con quién se comunican, quiénes los visitan, hay que hacer un monitoreo detallado, son presos de extrema peligrosidad y lo demuestran a cada instante. Hablo de un control efectivo, permanente y puntilloso de los contactos que tienen; me pregunto si debieran tener acceso a Internet y celulares. No son presos que se van a reinsertar, hay que tenerlos a resguardo de todos nosotros. Si a esta edad se los está juzgando no es porque no quisimos sino porque en el ’87 intentaron dar un golpe. Ahora exageran su decrepitud en los juicios y muestran el grado de psicosis que tienen al no hacerse cargo, porque en privado se enorgullecen de lo que hicieron pero lo silencian en público.
–¿Por qué el testimonio de Silvia Suppo fue clave?
–Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sistemática, un delito aparte. La violaron en la Comisaría 4ª igual que a mí, y cuando en la Guardia de Infantería Reforzada detectan que estaba embarazada, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti deciden hacerla abortar. Luego la llevan a La Casita, donde se repone y como no estaba vendada les ve las caras a todos. La conocí en ese lugar. Estuvimos un año juntas, era una persona digna, muy compañera. Cuando salió libre siguió viviendo en Rafaela.
–Robo o mensaje mafioso, ¿esto afectará a otros testigos?
–En lugar de callarnos, luego del espanto, nos genera más compromiso. Yo misma tengo miedo, el tema es que no te paralice. Hoy temblé al recordar cuando la puse en la lista de testigos, cuando sonrió y me dio un beso al terminar de declarar. Pero reforzamos el compromiso de vida de sostener estos juicios. No existe la protección total. Viví en Londres y otros países donde la protección es muy eficiente y previene algo, pero nunca todo. Acá no se trata de si el sistema nacional o provincial de protección de testigos funciona. En mi caso esclarecieron una de las amenazas y venía de una familiar de uno de los condenados en el juicio. Durante el juicio Silvia tuvo protección pero luego no la quiso, y es respetable. La tuve durante años y es muy pesado. Esto no se cambia con ceder a extorsiones mafiosas sino con más control en las cárceles y más condenas. Si no, ganaron ellos.
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Declaración de la Liga por los Derechos del Hombre
El crimen de Silvia Suppo evidencia el agotamiento de una estrategia equivocada
Por: Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Fecha de publicación: 02/04/10
No es lo mismo “cuidar” los testigos,que sostener una estrategia eficaz de lucha contra la impunidad
El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica.
Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan al menos dos cuestiones: una es la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado, el mismísimo Bloque de Poder Histórico –con su componente extranjero incluido, el imperialismo norteamericano primero pero también el europeo- que han sostenido la impunidad estos treinta y cuatro años y que son los primeros en enojarse y resistir todo avance contra su legitimidad social por un lado y por el otro es la incomprensión del fenómeno social a investigar para castigar a los responsables.
La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas, la dispersión de las responsabilidades y el tratamiento, en muchos casos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos como simples faltas al código penal.
De este modo mas allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad.
Algo de eso estaba planteado en el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata contra Echecolatz que fue tapado por el secuestro de Julio López: discutir socialmente que así no hay justicia y que hacía falta otro enfoque jurídico, capaz de juzgar rápidamente al inmenso grupo de represores, intelectuales, políticos, empresarios, embajadores, etc. que perpetraron el Genocidio.
Es esa incomprensión del fenómeno a tratar, esta verdadera crisis de percepción que afecta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los legisladores y al propio Gobierno Nacional, lo que está en la base de la crisis que sufrió el proceso judicial en diciembre de 2008 cuando la Cámara de Casación decidió liberar un selecto grupo de represores por las demoras en juzgarlos que la propia Justicia toleraba y/o fomentaba; y que ahora aflora de nuevo en la crisis de percepción sobre el tema de los testigos.
No se trata de pensar “como proteger los testigos”, como si fuera un grupo de minusválidos en peligro, sino de derrotar la impunidad.
El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema.
El posibilismo del progresismo ha llegado a un punto muerto: no se anima a plantear el juicio a castigo a todos los culpables, porque presiente que eso lo llevaría a un enfrentamiento a fondo con el Poder real, y no sabe como resolver el problema de haber asumido como propios los juicios y no poder garantizar nada a los militantes que sostienen los juicios.
Decimos simplemente ¿donde está Julio López? y todo el discurso triunfalista del “gobierno de los derechos humanos” se viene abajo.
Y ahora Silvia Suppo.
Y mañana quién?
Si Eduardo Duhalde se anima a proponer un plebiscito para terminar con los juicios es porque sabe que el Poder real está jugado a esa opción.
Ahora no hay vuelta atrás: o vamos a fondo con los juicios para imponer el castigo a los genocidas o será el retorno de una derecha heredera de Videla, acaso con nuevos modales pero con los mismos instintos crueles y perversos.
Cada uno ocupará en esta lucha el lugar que el mismo decida.
Los habrá quienes privilegiarán sus posiciones de gobierno o la calma de los despachos y habrá una multitud plural y diversa que sostendrá la lucha hasta el final.
-Como hizo Silvia con su testimonio contra Perizzotti y la banda de Brusa, Ramos y el resto de los asesinos que ella contribuyó a condenar.
www.aporrea.org
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