21 de Noviembre de 2009
Mireya García: “Esperábamos mucho más de Bachelet”
La dirigenta afirma que la Mandataria es víctima y es hija de víctima, pero faltó un compromiso mayor con los derechos humanos .
"Nosotros claramente teníamos expectativas mucho mayores" del mandato de Michelle Bachelet, asegura Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), al hacer el balance de la gestión de la presidenta chilena en materia de derechos humanos.
García, que representa a los familiares de muchas de las 1.192 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), revisó en una entrevista con Efe el legado de la presidenta, cuyo mandato finaliza el próximo marzo.
"Es un balance que tiene aspectos positivos y negativos. Nosotros claramente teníamos expectativas mucho mayores en relación a lo que se podía lograr con Michelle Bachelet como presidenta de la República", recalca García.
Bachelet es hija de un general fallecido en la dictadura y ella misma fue encarcelada y torturada durante el régimen.
"No basta ser familiar ni víctima. Cuando uno, además de familiar o de víctima, asume un compromiso de vida con los derechos humanos, ahí recién puede tener posiciones invariables. Con el caso de Bachelet no ha ocurrido eso", dice García.
"Ella es víctima y es hija de víctima. Sin embargo, faltó ese compromiso mayor con los derechos humanos que significa enfrentar un conjunto de situaciones que no siempre son gratas, que pueden significar incluso bajar en la popularidad de las encuestas", añade.
La valoración de Bachelet ha ascendido hasta el 78%, según la encuesta de noviembre del Centro de Estudios Públicos (CEP), en la que sólo el 4% citó los derechos humanos como uno de los tres problemas que debería enfocar el Gobierno.
Según García, los aspectos positivos se centran en la recuperación de la memoria histórica, plasmada en la futura construcción del Museo de la Memoria, en la instalación de memoriales y en el establecimiento del 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
"Ha habido grandes avances en el tema simbólico y de recuperación de la memoria, pero en los temas gruesos, que tienen que ver con la Justicia, no hay avances", dice García, hermana de un joven dirigente socialista que desapareció en 1977, a los 19 años de edad.
Uno de los proyectos simbólicos del mandato de Bachelet ha sido la creación del futuro Instituto de Derechos Humanos, que finalmente sí tendrá la capacidad de presentar querellas, tal como demandaban las asociaciones de víctimas.
Sin embargo, éstas no lograron que el Instituto funcionara de forma absolutamente autónoma respecto del Ejecutivo, dice García.
Tampoco consiguieron que tuviera la facultad permanente de calificación de víctimas que no constan en los informes elaborados tras la dictadura, por lo que sólo tendrá ocho meses para recibir denuncias sobre nuevos casos de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, García señala que la principal asignatura pendiente del mandato de Bachelet ha sido la no modificación de los artículos 93 y 123 del Código de Procesamiento Penal, para que los condenados no gocen de prescripción ni de media prescripción.
"Hay una cantidad importante de juicios. Sin embargo, en el momento de la condena se aplica la prescripción o media prescripción, y los violadores de derechos humanos quedan libres y no cumplen un solo día de cárcel. Para nosotros, eso no es justicia, es impunidad", explica.
Por ello, García lamenta que "Chile se jacte ante la comunidad internacional por tener tantos procesos abiertos y tantos violadores de derechos humanos procesados", cuando en su opinión el país "no cumple a cabalidad los tratados internacionales" en esta materia.
"Según los tratados internacionales que ha firmado Chile, la prescripción no se puede aplicar, y sin embargo se aplica porque existe en la legislación chilena", indica García, quien añade que esto se refleja en una "actitud dicotómica" de la Corte Suprema.
El alto tribunal suele aludir en sus fallos a esos acuerdos internacionales, pero en muchas ocasiones aplica la prescripción.
"Es una situación muy poco comprensible", admite esta representante de las víctimas.
También en el ámbito de la Justicia, el Congreso no ha derogado la Ley de Amnistía de 1978, que prohibió el procesamiento de personas involucradas en ciertos actos criminales cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1978, y sigue vigente.
"Que hoy día no se aplique es una cosa, pero quién nos dice a nosotros que mañana no se va a aplicar, si ahí está", resalta García.
Tampoco se logró aprobar en el Parlamento la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a pesar de que a principios de este año sí se ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa de Personas.
"Eso obedece a que existe algún grado de arrepentimiento por la aprobación de la Convención de la ONU, y se hizo evidente con la de la OEA al rechazarla", estima García, que percibe ambigüedades en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, las víctimas también tienen reparos sobre el próximo comandante en jefe del Ejército nombrado por Bachelet, el general Juan Miguel Fuente Alba, al que acusan de "guardar silencio y avalar" crímenes cometidos en la dictadura.
Además, García asegura que las víctimas llegaron a saber, tres meses antes de que lo desvelara un rotativo, que el Ejército pagaba honorarios a antiguos miembros de la policía secreta de Pinochet, la DINA.
Mantuvieron entonces una reunión con el ministro de Defensa, Francisco Vidal. "Él se comprometió a revisar quiénes estaban en esa condición y que se iban a tomar medidas. Sin embargo, nunca más pasó nada", concluye.
EFE
elmostrador.
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Mireya García acusa “impunidad” en juicios por violaciones a los DDHH
/ EFE
Sábado 21 de noviembre de 2009 Actualizada 10:55 País
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo que el organismo tenía “expectativas mucho mayores" del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, haciendo un balance en materia de derechos humanos.
"Ha habido grandes avances en el tema simbólico y de recuperación de la memoria, pero en los temas gruesos, que tienen que ver con la Justicia, no hay avances", indicó.
Recalcó que “hay una cantidad importante de juicios, sin embargo, en el momento de la condena se aplica la prescripción o media prescripción y los violadores de derechos humanos quedan libres y no cumplen un solo día de cárcel. Para nosotros, eso no es justicia, es impunidad”.
A su juicio, el país "no cumple a cabalidad los tratados internacionales" en materia de Derechos Humanos, ya que “según los tratados internacionales que ha firmado Chile, la prescripción no se puede aplicar, y sin embargo se aplica porque existe en la legislación chilena".
Mireya García sostuvo que la Presidenta Bachelet “es víctima y es hija de víctima. Sin embargo, faltó un compromiso mayor con los derechos humanos que significa enfrentar un conjunto de situaciones que no siempre son gratas, que pueden significar incluso bajar en la popularidad de las encuestas".
la nación.
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DD.HH.: “Si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno”
por Secretariado Nacional de Ex-PP y Familiares (Chile)
martes, 17 de noviembre de 2009
Secretariado responde a la Asesora Presidencial en Derechos Humanos. Carta abierta a la Sra. Maria Luisa Sepúlveda Edwards presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para políticas de Derechos Humanos
— 15 Noviembre 2009 @ 23:59
En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno. Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.
El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.
La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.
En primer lugar afirma mantener una relación con un “Comando Nacional de ex prisioneros políticos”, que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. ([1])
En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.
Respondemos con un primer argumento: los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre, un “Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos” que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.
Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.
La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada “mesa de diálogo”.
Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda, pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?
La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?
Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda, nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa “pensión” no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.
La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene “la caja ordenada” y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le “desordene” demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.
Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la “transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto”. Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido “transferencia del beneficio”, sino una especie de “traspaso” o mejor dicho “trampazo”. Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.
En realidad, con este “traspaso” los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse “de acuerdo” para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una “solución con este beneficio”, introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos
La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. “No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales” nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.
La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente:
• 18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional … se debería dar a las víctimas … de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
• Nos detendremos en el principio 20:“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:
a) El daño físico y mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.”
En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.
¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución:
1.- La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:a) Los tratados en los que un Estado sea parte;b) El derecho internacional consuetudinario;c) El derecho interno de cada Estado.
2.-Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente:a) Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;b) Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;c) Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;d) asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.
Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.
¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.
El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.
Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.
Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.
La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.
Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.
Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.
Santiago 12 de Noviembre de 2009
Héctor Cataldo Silvia Araya Nelly CárcamoPatricio Negrón Cecilia Zamora Víctor RosasANEXPP CHILE FAMILIARES UNEXPP CHILE EXPP
FALLECIDOSSECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES
[1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter.
piensachile.
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