lunes, 26 de octubre de 2009

Medallas sí, pero con responsabilidades- Osvaldo Bayer 24-10-09

Medallas sí, pero con responsabilidades


Por Osvaldo Bayer

Estuve en la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania. La capital del libro. Centenares de editores, escritores, libreros, docentes, periodistas. Un mundo increíble. Hace tres cuartos de siglo, en ese país y en esa ciudad se quemaron libros. El fascismo brutal e ignorante. Hoy se reúne allí el mundo para hablar de una de las creaciones más dignas del ser humano: el libro. El saber. La búsqueda. La poesía. La otra faz del alma humana. Pasé horas paseando por esos pasillos con ventanas cargadas de libros, en todos los idiomas, de todos los continentes. El verdadero encuentro humano. El abrazo de las letras, de las ideas. El conocerse mejor. El maravilloso mestizaje cultural.

Me tocó hablar. A mí, que venía de un país donde se quemaron libros, donde asesinaron a escritores, a docentes, a estudiantes. Es decir, se intentó en vano destruir la vida. Mis libros fueron quemados en mi país argentino por el teniente coronel Gorleri bajo el lema “Estos libros se queman por Dios, Patria y Hogar”. El teniente coronel Gorleri hoy cobra retiro de general de brigada y nunca pagó por su cobardía.

En el programa hubo un extenso programa de intervenciones de escritores argentinos. En mi primera intervención no pude menos que hablar de Roberto Arlt, el profundo creador, el escondido poeta y filósofo de habla popular. Sí, era justo para este escenario. Sus padres venidos de Alemania. Roberto, argentino de primera generación. Describió como pocos a los argentinos, porque era un porteño perfecto, que conocía todos los rincones de la ciudad y sus ojos no quitaban su vista de la gente de las calles, de los boliches, de las estructuras burocráticas. Leí, ante el público, una de sus páginas magistrales. El fusilamiento del anarquista Severino Di Giovanni llevado a cabo por las huestes del general Uriburu, en esa cerril dictadura militar de los años ’30. Roberto Arlt concurre como periodista del diario El Mundo. Da todos los detalles de la muerte de un valiente. Pero sin ningún adjetivo calificativo. Describe los movimientos y palabras de la víctima y de sus verdugos, tal cual. Sin acusaciones ni lástimas. Para presenciar el fusilamiento, las autoridades permiten la concurrencia de la gente de bien, que llega a la cárcel esa madrugada después de haber concurrido a banquetes o bailes. Luego del fusilamiento, algún espectador se ríe. Esto da vergüenza a Roberto Arlt, quien finaliza su crónica con estas simples palabras:
“Pienso que a la entrada de la Penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: ‘Está prohibido reírse. Está prohibido concurrir con zapatos de baile’”.

En esas palabras está toda la moral de esa clase. Al genio literario le bastan esas palabras para atestiguar de toda la superficialidad y sevicia del verdadero poder argentino.

Luego me invitaron a leer, en el acto final de la feria, una página histórica-literaria, cuando China –protagonista de la feria de este año– le entregaba el título a la Argentina, ya que la próxima feria estará dedicada a ella, por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Elegí no aquello que sublimara a grandes escritores famosos ni a políticos consagrados, sino a los seres más humillados de nuestra sociedad. Leí el episodio de las prostitutas de San Julián, la reacción de esas pobres mujeres que rechazaron a los soldados que acababan de fusilar a mil quinientos peones rurales patagónicos en el año 1921. Esas mujeres fueron los únicos seres que llamaron “asesinos” a los militares triunfantes.

Así les fue: fueron arrojadas a los calabozos y debieron partir de San Julián.

Es decir que no nombré, como es habitual, a las figuras distinguidas sino a aquellas que dieron la cara, sabiendo que no gozaban de ninguna protección y que la “gente honesta” de la sociedad les iba a hacer pagar su culpa de decir la verdad. Pero en la Historia siempre triunfa la ética. Tuve la satisfacción de nombrar a esas valientes mujeres en la Feria del Libro de Frankfurt. Allí jamás se laureará a los represores patagónicos; y en el caso de que se los nombre, será para que logren el desprecio definitivo de las próximas generaciones. Las pobres “pupilas” de San Julián jamás soñaron que sus nombres serían pronunciados con admiración tan luego en el centro de la cultura del mundo.

El año próximo, pues, la Argentina estará en el primer plano de la Feria del Libro más grande del orbe. Deberemos llevar allí nuestra realidad, que también es la de todos aquellos que luchan desde los lugares más lejanos y sin poder, por más dignidad.

Mi deseo es que también la Feria del Libro de Frankfurt se transforme en un encuentro de escritores que debatan sobre soluciones y sueños a realizar. Cambiar un arma por un libro. Un soldado por un poeta. Que sea una guía de búsqueda de la paz eterna entre los pueblos. Que se formen lazos tan fuertes que detengan toda agresión de los poderes formales. “La intelectualidad da la cara”: éste podría ser el lema que los encuentre y los reúna.

A mi regreso a la Argentina me encontré con una noticia: que la Comisión del Bicentenario me otorgaba una medalla junto a otras personas. Me gustó porque entre esas personas había docentes, investigadores de la ciencia, protagonistas del arte escénico, representantes del arte, de las ciencias jurídicas, es decir, de toda la gama que lucha por el progreso verdadero de una sociedad, sin haber mirado nunca el provecho propio, ni la figuración. Fue hermoso encontrarse con esa gente, conversar con ellos, ya llegados casi todos a la época del cabello blanco y el temblor en las piernas al subir las escaleras.

Claro, la sorpresa la tuvimos cuando vimos que las medallas las iba a entregar Mauricio Macri. Pero resolví aceptar la mencionada medalla porque cuando Carlos Ares, el organizador de esa Comisión del Bicentenario, leyó mi biografía, hizo hincapié en mi denuncia del fusilamiento de los peones patagónicos, hecho que nunca había sido reconocido por ninguno de los representantes de las clases responsables de ese crimen político. Al darme esa medalla Macri, de alguna manera, estaba reconociendo que yo había denunciado la absoluta verdad histórica. En cambio los radicales, que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de aquella cruel represión durante la presidencia de Yrigoyen, siguen callando. Con el silencio no se lavan las culpas, al contrario, se agranda esa responsabilidad.

Luego del acto de recibir la distinción, en declaraciones a los medios señalé que esa medalla la dedicaba a todos los seres humanos que duermen en las calles de Buenos Aires –muchos de ellos, niños– y que últimamente son reprimidos con violencia por ese nuevo grupo pseudo policial creado por el gobierno de la denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comandada por Macri.

Justo cuando salí del Teatro Presidente Alvear, al acabar el acto, en plena calle Corrientes, había un ser tirado en el suelo, acurrucado de puro frío. Me detuve, le di unos pesos. Lo aceptó, se levantó sin agradecerme –cosa que me pareció justa– y vi cómo se lanzaba a comprar cigarrillos. Tal vez el único remedio para combatir el hambre y el frío. Pude ver en sus ojos el retrato de una sociedad injusta que encima castiga en vez de ayudar.

La ciudad tendría que estar preparada para casos así y tener casas donde la gente sin domicilio pueda pernoctar. En este sentido hay que imitar a países como Alemania, donde se da refugio todas las noches desde las 22 hasta las 7 de la mañana a gente sin medios ni techo. Y no apalearlos o pegarles puntapiés o empujones, como ha quedado registrado en diversas denuncias que se han hecho últimamente en esta ciudad.

Entonces, medallas sí; pero antes que medallas, techo para los sin techo. Es la primera de las responsabilidades de un hombre que gobierna una ciudad.
No pensar así significa crear violencia.
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FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO-24-10-09

FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO


Benardo José Menéndez –que recibió perpetua–, Teófilo Saa y Felipe José Alespeiti –absueltos– junto a sus abogados.
Imagen: Télam
Más absueltos que condenados


El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.


Por Diego Martínez


Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores:
“Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.

“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.

“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.
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“No recibí ni impartí órdenes lesivas”


Por Diego Martínez

“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.

Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.

Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.
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Sin cámaras de televisión

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó ayer su séptimo juicio sin cámaras de televisión en la sala. Sólo pudo ingresar un fotógrafo de la agencia Télam, concesión otorgada tras el papelón de la audiencia inicial, cuando dos secretarios le taparon la cámara con sus manos. El jueves once organizaciones de la sociedad civil le reclamaran a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su acordada 29/08 sobre la publicidad de los procesos por crímenes durante la dictadura.

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Palabras para las vísperas- Eduardo Galeano

Palabras para las vísperas


Por Eduardo Galeano

Hoy el pueblo uruguayo elige nuevo gobierno. Al mismo tiempo, en las mismas urnas, se somete a plebiscito la posibilidad de liberarnos de dos palos metidos en la rueda de la democracia.

Uno de esos palos es el que impide el voto por correo de los uruguayos que viven en el extranjero. La ley electoral, ciega de ceguera burocrática, confunde la identidad con el domicilio. Dime dónde vives y te diré quién eres. Los uruguayos de la patria peregrina, en su mayoría jóvenes, no tienen derecho de voto si no pueden pagarse el pasaje. Nuestro país, país de viejos, no sólo ha castigado a los jóvenes durante años, negándoles trabajo y obligándolos al exilio, sino que además les sigue negando el ejercicio del más elemental de los derechos democráticos. Nadie se va porque quiere. Los que se han ido, ¿son traidores? ¿Es traidor uno de cada cinco uruguayos? ¿Traidor o traicionado?

Ojalá los uruguayos acabemos de una vez con esta discriminación que nos mutila.
Y ojalá acabemos también con otra discriminación todavía peor, la ley de impunidad, Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, bautizada con ese nombre rocambolesco por los especialistas en el arte de no llamar a las cosas por su nombre.

La Corte Suprema de Justicia acaba de dictaminar que esa ley viola la Constitución. Desde mucho tiempo antes se sabía que también viola nuestra dignidad nacional y nuestra vocación democrática. Es una triste herencia de la dictadura militar. que nos ha condenado al pago de sus deudas y al olvido de sus crímenes.

Sin embargo, hace veinte años, esta ley infame fue confirmada por un plebiscito popular. Algunos de los impulsores de aquel plebiscito estamos reincidiendo ahora, y a mucha honra: perdimos, por muy poco pero perdimos, y no nos arrepentimos. Creemos que aquella derrota nuestra fue en gran medida dictada por el miedo, un bombardeo publicitario que identificaba a la Justicia con la venganza y anunciaba el apocalipsis, larga sombra de la dictadura que no quería irse; y creemos que nuestro país ha demostrado, en estos primeros años de gobierno del Frente Amplio, que ya no es aquel país que el miedo paralizaba.

Eso creemos, digo, y ojalá no me equivoque.

Ojalá triunfe el sentido común. El sentido común nos dice que la impunidad estimula al delincuente. El golpe de Estado en Honduras no ha hecho más que confirmarlo. ¿Quién puede sorprenderse de que los militares hondureños hayan hecho lo que han venido haciendo desde hace muchos años, con el entrenamiento del Pentágono y el visto bueno de la Casa Blanca?

La lucha contra la impunidad, impunidad de los poderes y los poderitos, se está desarrollando en los cuatro puntos cardinales del mundo. Ojalá nosotros podamos contribuir a desenmascarar a los defensores de la impunidad, que hipócritamente ponen el grito en el cielo ante la inseguridad pública, aunque bien saben que los ladrones de gallinas y los navajeros de barrio son buenos alumnos de los banqueros y los generales recompensados por sus hazañas criminales.

Ojalá hoy la mayoría de los votos confirme nuestra fe en una democracia sin coronitas, ni las coronitas del uniforme militar, ni las coronitas del dinero.

Ojalá podamos envolver esta ley en papel celofán, en un paquete bien atado, con moño y todo, para enviársela de regalo a Silvio Berlusconi. Este gran mago de la impunidad universal, que ha atravesado más de sesenta procesos y no conoce la cárcel ni siquiera de visita, nos agradecerá el obsequio y seguramente sabrá encontrarle alguna utilidad.

Ojalá.

Lo único seguro es que, pase lo que pase, la historia continuará, y continuará el incesante combate entre la libertad y el miedo.

Yo suelo invocar una palabra, una palabra mágica, una palabra abrepuertas, que es, quizá, la más universal de todas. Es la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo significa: Envía tu fuego hasta el final.

Y pase lo que pase, seguirán ardiendo los caminantes de la justicia. De puro porfiados.
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CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH -25-10-09

CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH

Un agenda de derechos humanos
25-10-09

Los debatirá Diputados el miércoles. Son el que habilita a los organismos a querellar en causas por delitos de lesa humanidad, el del Banco de Datos Genéticos, el que fija nuevos procedimientos para la extracción de ADN y el de eliminación de las calumnias e injurias.


Por Miguel Jorquera

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estará centrada en el debate de cuatro proyectos vinculados a resoluciones judiciales internacionales sobre derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso. La lista incluye el pase a la órbita nacional del Banco de Datos Genéticos, las reformas al Código Penal que habilitarán a los organismos de derechos humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura; además de adecuar a los “estándares internacionales” el delito de calumnias e injurias para garantizar la libertad de expresión. Las iniciativas son parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendadas en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los proyectos fueron anunciados por Cristina Fernández de Kirchner el 11 de septiembre, en un acto realizado en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) para homenajear a los integrantes de la comisión de la CIDH que llegó a Buenos Aires en 1979 –en plena dictadura– para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos, que luego fue utilizada en los juicios y condenas a las juntas militares. Ese mismo día, la Presidenta firmó “una solución amistosa” con la CIDH para resolver los reclamos planteados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió los proyectos al Congreso.

Después de su paso por las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, los proyectos de ley llegarán al recinto de la Cámara baja este miércoles para buscar su media sanción.

Análisis de ADN: La iniciativa apunta, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer la verdadera identidad de una persona que podría haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura. La Corte señaló que, si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. La reforma al Código Penal habilitará a los jueces a llevar adelante este procedimiento –que admite extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas– con una serie de recaudos puntuales para evitar la revictimización de la persona, cuya verdadera identidad se busca esclarecer.

Organismos como querellantes: Este proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos muchos de los familiares directos de las víctimas, que impulsaron los procesos judiciales como particulares damnificados, ya no están en condiciones físicas de continuarlos. Por eso, la iniciativa establece que las asociaciones o fundaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, registradas legalmente, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad.

Banco Nacional de Datos Genéticos: Actualmente, el Banco de Datos Genéticos –creado por ley en mayo del ’87 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y que dio certeza científica al encuentro de 95 chicos secuestrados y apropiados durante la dictadura– funciona en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto le da al banco carácter nacional que pasará a funcionar como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas durante la dictadura. Por eso, los organismos de derechos humanos, que podrán ser querellantes en las causas judiciales, no conformarán su consejo consultivo.

Calumnias e injurias: El proyecto da respuesta al fallo de la Corte Interamericana –fijado un año y medio atrás– contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.

La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal “para adecuar la legislación a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión”. Las modificaciones establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurará delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

Todos los proyectos tienen el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, salvo el relacionado con la obtención de ADN: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó esa iniciativa, avalada por la CIDH y en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como “fascismo puro” y la relacionó con “una revancha personal” del Gobierno contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín que afronta una causa judicial por la identidad de su dos hijos adoptivos. Habrá que ver si el resto de los bloques opositores adhieren a su interpretación.
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La reforma agraria del MAS en Bolivia -25-10-09

DESDE QUE ASUMIO EVO, SE DIO TITULO DE PROPIEDAD PARA 28,4 MILLONES DE HECTAREAS

La reforma agraria del MAS en Bolivia

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, señaló a Página/12 que esperan llegar a los 40 millones de hectáreas regularizadas a fin de año. Pese a los obstáculos, también se avanzó en Pando y Santa Cruz.

Por Gustavo Veiga

La reforma agraria en Bolivia avanza, aun pese a las dificultades que encuentra a su paso el gobierno de Evo Morales. En el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, manejan estadísticas alentadoras. Para fin de año esperan que haya 40 millones de hectáreas saneadas. O sea, tierras entregadas con su correspondiente título de propiedad o identificadas para determinado uso. Juan Carlos Rojas, su director, sostiene que “el país tiene 109 millones de hectáreas de las cuales 106 son del área rural y es obligación del INRA intervenir en ellas para que podamos entregar el título ejecutorial a la persona que corresponda”.
El instituto, durante los tres años de gobierno del MAS, saneó y tituló hasta hoy 28,4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Cuando se compara esa cifra con lo hecho durante los diez años anteriores del INRA, la actual gestión sale robustecida. Creado en 1996 por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, hasta enero de 2006 –cuando Evo asumió la presidencia–, había regularizado 9,2 millones de hectáreas. En ese decenio que cubrieron los mandatos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, otra vez Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé se titularon en promedio un millón de hectáreas por año, mientras que en el gobierno actual se superan los 8 millones.
Rojas define al proceso de “Revolución agraria” –así lo llama el gobierno– como “casi único en el mundo porque se está haciendo en democracia, con evidente tensión entre los sectores, pero a su vez con la aceptación de que debe regularizarse el derecho propietario de distribución de la tierra. Especialmente este saneamiento, un procedimiento técnico legal que es muy detallado en Bolivia y no se aplica en otros países. Es más bien el resultado de una evolución histórica de nuestro proceso agrario”. El director del INRA dialogó con Página/12 desde La Paz, donde se encuentra la oficina central del organismo, que tiene nueve filiales por cada uno de los departamentos del país.
Según datos proporcionados por el funcionario, del que dependen 900 empleados, el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras 2007-2013 (Pensat) apunta a distribuir y titular 20 millones de hectáreas entre las comunidades indígenas y campesinas sin tierra. Esta es una de las principales razones de ser del INRA.
Rojas, un licenciado en Ciencias de la Educación que aprendió las cuestiones agrarias trabajando con los indios guaraníes en el Chaco Boliviano, sabe que, pese a los notables avances de su gestión, resta todavía mucho por hacer: “El INRA, además del saneamiento, tiene que realizar otras dos grandes acciones. Por una parte, la verificación del cumplimiento de la función económico-social de la tierra. En realidad, ésa es nuestra tarea constante, dos años después de que la tierra ha sido titulada. Y por otro lado, está a cargo del catastro rural, del proceso de generación de esta base de datos y del mantenimiento de esa información hacia el futuro”.
Autor de un artículo que puede leerse en la página oficial del instituto, www.inra.gov.bo al que le puso de título “La verdadera historia de ese papelito”, cuenta cómo gestionan hectáreas de tierra quienes aspiran a trabajarlas. “Imagínense –señala– si falla alguno de estos componentes, si falla alguna pieza en esta maquinaria o, mejor, si falta alguien en este cuerpo: no sale el papelito que todo el mundo espera de nuestro trabajo. Todos somos imprescindibles para cumplir nuestra misión y recibir, al final, ese abrazo o beso de algún anciano o viejecita que esperó toda su vida para tener en sus manos ese papelito; ese acto tan humano compensa todas nuestras penurias”.
Los empleados del INRA han tenido graves dificultades en los departamentos de Santa Cruz y Pando para aplicar la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. El Estatuto Autonómico de la primera región le confirió al gobierno local la atribución de disponer sobre “la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del departamento”.
Rojas afirma que “temporalmente se afectó nuestro trabajo porque hubo resistencia violenta a nuestra participación en la titulación de tierras. Pero eso fue momentáneo. Y se resolvió el año pasado con el referendum revocatorio. Los problemas que hubo no afectaron nuestras metas, porque en 2008, pese a los ataques a oficinas del INRA y agresiones a nuestros funcionarios, hemos logrado en el departamento de Santa Cruz sanear un poco más de tres millones de hectáreas”.
Pando había sido el primer departamento que se declaró saneado en el país el 2 de agosto de 2008 y donde existe una gran concentración de la tierra en manos de ocho familias. La recolección de castañas es su principal actividad productiva. El 11 de septiembre del año pasado se produjo la matanza de dieciséis campesinos, por la que fue imputado como autor intelectual el ex prefecto Leopoldo Fernández, quien todavía espera por un juicio junto a veintiséis personas más.
“Ahí se ha modificado la estructura de distribución de la tierra. No había ninguna comunidad indígena reconocida con derechos propietarios. Nosotros, con nuestro trabajo, hemos titulado más de dos millones y medio de hectáreas a comunidades campesinas, sólo en Pando”, agrega Rojas.
En Bolivia, uno de los temas no resueltos es la migración desde el occidente, en la zona del Altiplano, hacia el oriente, donde están las tierras más productivas, dos terceras partes del territorio nacional. Los datos oficiales aproximados que posee el INRA sobre cómo están distribuidos los millones de hectáreas rurales son: producción agropecuaria intensiva 4,1 millones; agropecuaria extensiva, 4,2; agropecuaria con limitaciones, 3 millones; ganadería extensiva e intensiva, 17,5; ganadería con limitaciones 10,4; forestal con y sin limitaciones, 32 millones; protección y reserva, 17 y uso pastoril, de 10 a 11 millones.
El INRA tiene atribuciones para expropiar latifundios agrarios por causas de interés público y recuperar tierras si no se cumple el objeto económico social para el que fueron destinadas. Así lo establece la Ley 3.545. Gracias a ella el gobierno de Evo Morales otorgó el 75 por ciento de los títulos de propiedad que se entregaron desde que se creó el instituto en 1996. En apenas casi cuatro años. Incluso los críticos de algunas de sus políticas para el campo, como la ONG Fundación Tierra, sostienen que el probable triunfo del oficialismo en laselecciones de diciembre, alentará la profundización de los cambios.

Los beneficios para la mujer

La mujer ocupa un lugar clave en el entramado de la llamada Revolución Agraria que lleva adelante el gobierno boliviano. “Ya en el 2006 se aprobó un conjunto de decretos antes de la promulgación de la Ley 3.545 donde se estableció la obligación del instituto de titular a favor de las mujeres o jefas de familia que deben figurar en el título tutorial. En las parejas legalmente establecidas o en concubinato, debe figurar primero el nombre de la mujer y después el del varón. Va en beneficio de ellas porque en Latinoamérica hay una tradición machista en relación a la tierra”, comenta Juan Carlos Rojas, el director del INRA.

En la publicación del instituto, Somos Tierra, se señala que “del total de beneficiados con títulos ejecutoriales de propiedad agraria y certificados de saneamiento, 56.957 son mujeres titulares, propietarias, copropietarias de predios individuales o representantes de predios colectivos que abarcan una superficie total de 28,4 millones de hectáreas”.

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Justicia Militar no podrá juzgar civiles: Bachelet firma proyecto 26-10-09

CHILE PAIS CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Justicia Militar no podrá juzgar civiles: Bachelet firma proyecto

/ Lanacion.cl

Al Congreso fue enviado el proyecto de ley que modifica la competencia de los Tribunales Militares. Presidenta destacó que el nuevo marco se ajusta a la institucionalidad democrática y las exigencias internacionales.
Lunes 26 de octubre de 2009

El fin de la competencia de la Justicia Militar sobre el mundo civil establece el proyecto de ley firmado esta jornada por la Presidenta Michelle Bachelet para su tramitación en el Congreso.-

El nuevo marco, destacó la Mandataria en la ceremonia en La Moneda, deja “excluida toda posibilidad de que un civil sea llevado a la Justicia Militar", por lo que se garantiza el “debido proceso para todos”.

La Jefa de Estado agregó que "el principio rector que estructura toda la reforma que proponemos, es la precisión del ámbito de aplicación de la Justicia Militar que ahora se define así, y abro comillas ‘los tribunales militares sólo pueden conocer de delitos militares cometidos por militares’".

Bachelet recordó que "la excesiva ampliación de la jurisdicción militar durante el gobierno militar fue permanente y fuertemente criticada por los organismos de Derechos Humanos en Chile y en el extranjero”, por lo que se hacía necesaria acotar la jurisdicción castrense al estándar democrático.

De ahí que la Presidenta explicara que el proyecto constituye una reforma esencial no sólo para adaptarse a la institucionalidad democrática construida en estos gobiernos tras la dictadura, sino también para ajustarse a la normativa internacional.

“ No podemos pasar por alto que nuestro país fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia en el Caso Palamara-Iribarne, precisamente porque las actuales disposiciones de la Justicia Militar no satisfacen los estándares exigidos por el pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a garantía del debido proceso y a la independencia e imparcialidad de los jueces".
lanación.
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GBI=TERRORISMO MEDIATICO="CARABINEROS NO NOS PROTEGIO"-Gremio camionero exige intervención FF.AA FASCISTA=CRIMINAL DE C$ILE- 25-10-09

GBI=TERRORISMO MEDIATICO= MERCURIO





Domingo 25 de octubre de 2009

"Encapuchados no eran mapuches" Carabineros habría impedido que la PDI siguiera a los autores del incidente.

Martínez declaró lo ocurrido horas después del atentado al fiscal Miguel Velásquez. El conductor cuenta que en esa ocasión le presentaron una serie de fotografías sobre personas que habían participado en la toma de la carretera entre Curacautín y Victoria y que habrían estado en el atentado a su camión.
Martínez aseguró a El Austral que no los reconoció. "Entre ellos había un gordito que después vi que estaba detenido en la Fiscalía, pero por lo menos él no participó en el ataque al camión nuestro. Los que nos atacaron eran todos jovencitos y flacos. Algunos tenían mantas mapuches, pero podría decir que como hablaban y actuaban no eran mapuches, por lo menos todos", dijo.
Éste, es uno de los datos que aportó el conductor en la conversación sostenida con este medio.

CARABINEROS NO ACTUÓ

El otro dato en que insistió el chofer fue en la ineficiencia en la acción oportuna de Carabineros para repeler el ataque.

"Nosotros llamamos a Carabineros cuatro veces y nadie contestó (...) Luego pasó un furgón de Carabineros que llegó por el asalto al peaje, pasó cerca de nosotros y de la barricada donde estaban los encapuchados. Estos le dieron la pasada y después se nos lanzaron", cuenta el conductor.

Martínez no vio cuantos efectivos iban, pero indicó que el vehículo policial se estacionó pocos metros más allá, sobre el paso nivel que conecta con la localidad de Quino, y no hizo caso a los llamados de los conductores.

Desde ahí, afirma Martínez, la policía observó, sin actuar, el ataque de los encapuchados a ambos conductores y la posterior quema del camión que duró unos 15 a 20 minutos.

"Carabineros dice que le habían disparado pero no sé (...) Tras varios minutos apareció una patrulla de la PDI. Llegaron antes que el resto de los carabineros. Ellos se portaron bien con nosotros. Nos sacaron de unas cunetas donde estábamos protegiéndonos cuando pudimos y nos llevaron a un furgón en medio de los disparos...".

"no conejearon"

Un detalles no menor es que cuando terminó el ataque, los encapuchados escaparon todos juntos hacia predios cercanos.

En ese instante, la PDI quiso "conejearlos", esto es, perseguirlos y atraparlos, "pero no sé que pasó. Los carabineros que estaban ahí dijeron que no, que no y no pasó nada. Ahora si hubieran conejeado quizás hubieran encontrado a alguno", afirmó el conductor.
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"Carabineros no nos protegió" Víctima aporta detalles del atentado donde hay cinco comuneros detenidos.

FRANCISCO CARRASCO MANQUILEPE

Rolando Martínez es camionero hace 30 años y hace 12 meses que traslada carga para la empresa Transportes Fernández. Siempre vio la quema de camiones como algo lejano. Incluso bromeaba con la posibilidad de no dejar que ningún delincuente -como dice- lo sacaría del camión sin antes recibir su merecido. Pero el atentado que sufrió la madrugada del 11 de octubre lo golpeó duramente.
Es primera vez que habla con la prensa de lo sucedido en la Ruta 5 Sur. En forma exclusiva contó a El Austral su pesadilla.

EL ATENTADO

Esa noche regresaba de Concepción acompañado del conductor Luis Solís con una carga de 30 toneladas de fertilizantes que debía llevar a Lautaro.
Era de madrugada y sin prever contratiempos avanzaron raudos por la Ruta 5 Sur para llegar a sus hogares y descansar junto a los suyos.
A dos kilómetros de Victoria, y a pocos metros del peaje lateral de Quino, el que había sido asaltado minutos antes, una línea de fuego cruzó la carretera, era una barricada.

"Nos detuvimos junto a otros vehículos que venían antes de nosotros, que eran unos cinco o seis... En ese momento llamamos al 133 unas 4 veces pero nadie contestó (...) De repente apareció un furgón escolar que se detuvo antes de la barricada y se bajaron dos personas. Luego un furgón de Carabineros pasó al lado de nosotros y de los encapuchados sin detenerse ni hacer nada (...) Tras eso nos dispararon...", cuenta el conductor.

Martínez vive en Padre Las Casas y está con vacaciones. Cuenta que no tiene seguro de vida y decidió que cuando regrese a su trabajo, el próximo 9 de noviembre, no circulará más por esta ruta después de las 22 horas.

"Esa noche sentimos hartos disparos que rebotaban en la carrocería del camión. Nos acostamos sobre los asientos asustados cuando de repente abrieron las puertas y a insultos nos bajaron del camión... Eran como las 1 de la mañana y eran como 15 personas, todos encapuchados y armados con escopetas y pistolas", narra.

Amenazas

"No nos pegaron, sólo nos amenazaron. A mí me encañonaron tres y revisaron mi bolso, pero no se llevaron ni mis documentos ni la plata que tenía ahí (...) En ningún momento gritaron consignas mapuches. De hecho podría decir que la forma de actuar y de hablar no mostraban que fueran mapuches. Eran puros cabros de 17 y 22 años", dice.

NO HUBO AYUDA

Mientras cuenta lo ocurrido esa noche, Martínez manifiesta un sentimiento de ansiedad y enojo.

"Nadie nos ayudó. Los vehículos que estaban detrás de nosotros al ver esto se daban vuelta y escapaban. Mientras tanto los tipos rociaron el camión con combustible y lo incendiaron a vista y paciencia de Carabineros que estaba en un paso nivel unos kilómetros más allá".

- ¿A usted le habían advertido del riesgo?

- "No nunca la empresa nos advirtió, pero es que nunca se pensó que nos iba a ocurrir esto, pero ahora nos prohibieron transitar de Los Angeles a Lautaro después de las 23 horas".

-¿Quedó muy impactado?

-"Sí. A los dos o tres días después quedé muy complicado porque uno viene a reaccionar que estuvo en juego su vida. Es molesto porque pienso que pude haber muerto. Me sentí desamparado total de la policía. En el fondo nadie cuida los intereses de uno".

-Le duele lo que hizo Carabineros...

"Claro que me duele. Es la impotencia de que ven lo que pasa y no hacen nada y por otro lado uno ve los abusos que cometen... Eso es una injusticia".

- Carabineros no los protegió...

- "No, en ningún momento nos protegió Carabineros".

- ¿Imaginó que viviría esto?

"No. Nunca lo pensé. Aunque me daba pena cuando veía camiones quemados en la ruta. Daba como impotencia ver a los colegas que pasaban por esto en el mismo sector".

-¿El gobierno insiste que no se debe alarmar a la población?

-"No es una alarma, es una realidad. Ahora que lo quieran hacer a un lado es otra cosa, pero esto es una realidad".

australtemuco.

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25-10-09



La Moneda teme que el gremio camionero se sume como otro factor inmanejable de la crisis:

La operación del Gobierno para aplacar el nuevo frente que se abre en el conflicto mapuche






El jueves, cuando un grupo de transportistas de la zona sur estuvo a punto de rebelarse contra sus dirigentes y contra las autoridades, el Ministerio del Interior aprobó una millonaria inversiónen seguridad para la Ruta 5 Sur. Pero eso no será suficiente. Quienes han sido víctimas recientes de la violencia mapuche exigen medidas más drásticas, como la intervención de las FF.AA.










PAMELA ARAVENA desde Temuco y MATÍAS BAKIT

"Nunca, ni siquiera en el gobierno de Allende, nos habían incendiado un camión. Nunca nos habíamos sentido tan amenazados", dice José Villagrán, ex presidente regional de la Federación de Camiones de la Araucanía y actual candidato a senador.

La tensión se estaba apoderando desde hace meses de uno de los gremios más poderosos del país. Los dueños de camiones se estaban sintiendo el foco de un conflicto que no les pertenece, pero que veían se trasladaba a ellos por razones estratégicas. "Los primeros atentados en la zona mapuche partieron en los bosques, con el robo de madera; después escaló a ataques con fuego a las casas patronales de los agricultores, luego a la quema de siembras, y ahora a los incendios de camiones", explica un dirigente.

A juicio de los transportistas, el objetivo de los violentistas indígenas es provocar a los choferes y a los dueños de camiones hasta obligarlos a convertirse en "actores" del conflicto, dado que una "movilización" de ese gremio supone paralizar el país o desabastecerlo gravemente. Un paro de camioneros o el bloqueo de las rutas convierte el conflicto mapuche en una "emergencia nacional" que debe resolverse en cuestión de días, estiman.

"Los atacantes, que reciben instrucción extranjera, saben que somos un gremio unido y que si nos siguen presionando con atentados, podemos reaccionar con un paro y convertirnos en un punto débil para el Gobierno", explica Fernando Binder, presidente de la Federación Zona Sur (Temuco a Castro) y director de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

Calculan que 30 camiones, avaluados en $60 millones cada uno, han sido quemados desde 2006. Cinco de ellos sólo este último mes, desde que fue trasladado el general de Carabineros Cristián Llévenes de la jefatura de la Araucanía.

La paciencia de los camioneros parecía estar en el límite, y querían soluciones inmediatas. Por eso, la semana pasada programaron una reunión de emergencia de las agrupaciones de la zona sur, pero debió postergarse por razones de agenda del presidente de la Confederación Nacional, Juan Araya. Nuevamente, se organizó otra asamblea para el jueves pasado. Pero la noche anterior, Araya otra vez se disculpó afirmando que en La Moneda lo recibiría el subsecretario Patricio Rosende. La molestia de los dueños de camiones agrupados desde Curicó a Castro era evidente, y los riesgos de quiebre de uno de los gremios más unidos del país, apremiante.



El "súper jueves"

A las 9:30 de la mañana del jueves 22, el nerviosismo cundía entre los casi 30 dirigentes que arribaron a la capital de la Araucanía. Adentro, en la sala de reuniones de la Sociedad de Fomento Agrícola, donde se reunieron, los convocados aún no comprendían las razones de la ausencia de Araya. "Se comporta como un político, y prefirió quedarse a negociar con el Ministerio del Interior, al que ya no le creemos, antes que escuchar a las bases", afirma Binder.
Largos minutos se gastaron en discutir si desconocer su representatividad y quebrar el movimiento. De hecho, hicieron varias llamadas a Santiago para saber si el dirigente nacional había dicho la verdad cuando les informó de su reunión con Rosende.

Paralelamente, en La Moneda se monitoreaban con inquietud los acontecimientos y se temía que una eventual rebelión de la Federación Sur deviniera en un paro, y éste en un conflicto político, económico y social en medio de la campaña presidencial y parlamentaria.

Tras constatar que la reunión en La Moneda entre Araya y Rosende sí se estaba realizando, los dirigentes sureños optaron por no romper pero sí trizar la organización. Conformaron un organismo paralelo a la Confederación: un "comité de emergencia", integrado por cinco dirigentes, ninguno de los cuales es Araya. Entre los miembros están el propio Binder; Andreas Schaub, de la Araucanía, y Patricio Wunderlinch, de Osorno.

Araya, que conocía la molestia de su gremio, no podía llegar con las manos vacías a informar a sus bases. Y el Gobierno le lanzó un salvavidas: autorizar el gasto de US$ 3,5 millones para cumplir una promesa hecha hace un mes y medio por el propio Ministerio del Interior, para instalar cámaras de vigilancia blindadas en tres puntos de la Ruta 5 Sur, entre Collipulli y Freire, que estarán conectadas las 24 horas con Carabineros. En el decreto, que fue firmado por el ministro del MOP, Sergio Bitar, se explica que el fisco dispondrá de esos dineros "por razones de fuerza mayor". Además, se le prometió reforzar el control de acceso y la seguridad en las áreas de descanso y en los peajes laterales.

Sorpresivamente, hubo un nuevo gesto: el ministro Edmundo Pérez Yoma y el secretario general de la Presidencia y encargado especial para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, partieron ese mismo jueves a la Araucanía para participar en una inédita cumbre de seguridad con policías y fiscales de la Araucanía.

Pero el "comité de emergencia" no se dio por satisfecho. La instalación de cámaras de vigilancia era apenas un asunto menor en medio de las otras exigencias que realizan al Gobierno. Sus demandas de fondo son dialogar directamente con la Presidenta Bachelet, sin siquiera la intermediación de Juan Araya; destinar a efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de la Ruta 5 Sur, que debería "mapearse" según zonas de riesgo; aplicar con efectividad la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado, y garantizar que se entreguen seguros por daños a los camioneros que transitan por la región, ya que las compañías no les dan pólizas (ver recuadro).


"Si seguimos así, algún chofer morirá"

En definitiva, los camioneros exigen más apoyo gubernamental para evitar conflictos mayores. "¿Qué pasará cuando tomen un camión que transporte 37 mil litros de bencina? Si hacen explotar uno de ellos, lanzará esquirlas a cinco kilómetros a la redonda", se pregunta y responde Villagrán.

De hecho, esta semana el fiscal Miguel Velásquez reveló un plan de la Coordinadora Arauco Malleco (la misma organización que esta semana le "declaró la guerra" al Estado de Chile) para apropiarse e incendiar camiones con carga de combustible. Empresas dedicadas al rubro, como Transportes Pérez, ya contrataron guardias privados para asesorarlos y acompañar a sus choferes.

Pero el temor que hace meses se está incubando entre ellos es que alguno de sus choferes sea asesinado. "No es una locura. Yo pienso que podemos llegar a eso. Si seguimos así, algún chofer va a morir", afirma Wunderlinch.

Por eso, otro tema que se discutió el jueves es el llamado a armarse que algunos conductores están haciendo desde hace meses. "Los mismos conductores se aconsejan portar armas; muchos ya andan con armas de fuego, porque un palo no les basta. Tienen mucho temor, pero nosotros no recomendamos que se defiendan, porque aquí estamos hablando de terrorismo", dice Binder.

De hecho, Augusto Péndola, director y encargado de Seguridad de la Confederación Nacional, también explicó el problema al Gobierno. "Dentro de nuestro gremio tenemos grupos radicalizados que quieren, de una u otra forma, provocar una movilización, pretenden tener grupos de choque y piden la ley del Talión".

Los conflictos más importantes de los camioneros chilenos

Octubre de 1972

El gremio llama a un paro indefinido de camioneros desde la provincia de O'Higgins hasta Malleco, en protesta por el desabastecimiento de repuestos y neumáticos. Sin embargo, el conflicto alcanzaría nivel nacional luego de que el gobierno apresara al líder, León Vilarín. 13 provincias estuvieron totalmente paralizadas durante tres días.

Octubre de 2000


Paro nacional de la Confederación de Dueños de Camiones líderada por el dirigente Héctor Moya, que reclama por los precios del diésel y busca mejoras en el Registro Nacional de Transportes de Carga. Durante dos días, los supermercados no recibieron sus mercaderías y hubo escasez de combustibles.
Lo que pide el "comité de emergencia"

El petitorio completo de los camioneros es el siguiente:

-Diálogo directo con la Presidenta Bachelet: Los miembros del comité se reunieron con la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, para solicitarle una reunión con la Presidenta Bachelet. Dicen que no aceptarán como interlocutores a los ministros Viera-Gallo ni Pérez Yoma, ni tampoco al presidente gremial Juan Araya.

-Reforzar la seguridad con militares: Afirman que la seguridad ofrecida por Carabineros es insuficiente. "No por falta de voluntad, sino porque están siendo sobrepasados". "Uno de los camiones atacados -recuerda Patricio Wunderlich- estaba estacionado en un aparcadero custodiado por un retén móvil. Ni siquiera respetan la presencia policial".

El ataque ocurrió el 19 de julio en el codo sur del estacionamiento de la hostería "San Carlos", ubicada en la Ruta 5, tres kilómetros al sur de Collipulli, y a sólo 150 metros de un retén móvil de Carabineros. "Por eso, pedimos que los militares salgan a las rutas. Ellos están preparados para un conflicto como éste. Carabineros es una institución eficiente, pero necesitan refuerzos. Si llegan los militares, la cosa va a cambiar. Van a encontrar responsables. No es posible que no haya ni siquiera un detenido por estos atentados. Los únicos dos que fueron formalizados por atacar camiones están en libertad", exige Binder.

Germán Mahuzier, jefe de los camioneros de Angol, tiene las mismas dudas: "No entiendo por qué los organismos de inteligencia no descubren a los anarquistas. No hay una explicación lógica, puesto que los camioneros vemos día a día a gente que anda con armas por los caminos".

-Aplicación efectiva de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista: El único invitado externo a su reunión del jueves por la mañana fue Rolando Franco, abogado de la empresa forestal Mininco. Éste les explicó cómo operan ambas leyes, al tiempo que les aconsejó hacerse parte en las querellas.

-Solicitar seguros estatales: Los problemas de seguridad en la zona han venido acompañados de un problema económico adicional. Las compañías de seguros están eliminando las coberturas para los camiones si son atacados en la zona donde ha ocurrido la mayor parte de los atentados. Por eso, piden que el fisco gestione, garantice o respalde las pólizas.

Los números que dejan los ataques

30 son los camiones que han sido quemados en la zona desde 2006.
5 vehículos han sido atacados este mes.


60 millonescostaba cada camión dañado.

1 atacante ha sido detenido por la justicia este año.

1vehículo particular ha sido atacado.


7.500- vehículos transitan diariamente por la zona.

elmercucho.
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