“Tienen apoyo de FARC y ETA”
GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)
El Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la provincia desde hace 47 años (1962), donde siempre tuvo como protagonismo el clan Sapag. El MPN es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales, todas industrias que chocan de lleno con el desarrollo de pueblos indígenas.
Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y, por sobre todo, es un referente internacional en jurisprudencia aborigen. Expolio del pueblo mapuche en el Neuquén es el título de su reciente trabajo, donde repasa el accionar político, policial y judicial en la provincia. “Existen evidencias de políticas provinciales sistemáticamente lesivas de los derechos reconocidos a las comunidades indígenas. El acoso se acentúa y el despojo prolifera”, afirmó el catedrático y fue más allá: “El gobernador Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una verdadera retorsión del Derecho. En los antípodas de los reconocimientos constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.
“Se está ignorando la legislación internacional de los derechos humanos en general y el Derecho internacional de los pueblos indígenas en particular. El Movimiento Popular Neuquino y el gobernador de Neuquén encabezan políticas verdaderamente genocidas, respaldadas en diverso modo por la Legislatura y la Justicia de la provincia”, denuncia el reconocido especialista de la ONU. En el gobierno neuquino no respondieron los llamados de este diario para referirse a esas acusaciones.
Los abogados patrocinantes son Juan Carlos Cassagne (el ideólogo, junto con Roberto Dromi, de las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez Herrera (defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, general retirado y procesado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Sánchez Herrera fue acusado de ser uno de los lobbystas del Ejército que diseñaron la estrategia de los militares al finalizar la dictadura militar) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, denunciado como el ideólogo de la Masacre de Avellaneda, con un centenar de heridos y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki).
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Efe Santiago de Chile
Actualizado sábado 09/05/2009 02:57 horas
La policía chilena encontró documentación relacionada con Batasuna al registrar la vivienda de una francesa relacionada con el activismo mapuche, dijeron fuentes policiales.
La policía chilena ha ordenado la detención de la francesa Julia Guillaumette Gayout, en cuyo domicilio fueron encontrados los documentos relacionados con Batasuna, en relación con el atentado sufrido en octubre de 2008 por el fiscal chileno Mario Elgueta, a cargo de la investigación del conflicto mapuche.
El material fue hallado por agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) al registrar el domicilio de esta joven de 28 años. También localizaron documentación no sólo vinculada con Batasuna sino también con la Coordinadora Arauco Malleco, panfletos de tinte anarco comunista y alrededor de cien discos y DVDs con títulos vascos. Además, los policías se incautaron de un ordenador carente de disco duro.
La mujer, que se encuentra en Chile gracias a un visado temporal desde hace un año, no cuenta con antecedentes policiales que la vinculen con la organización terrorista vasca, indicaron las fuentes consultadas.
Activista mapuche
Además de los materiales sobre Batasuna, también fueron hallados documentos de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización mapuche que ha realizado acciones violentas, un ordenador al que le había sido extraído el disco duro y materiales de organizaciones subversivas de inspiración anarquista.
La vivienda, que se encontraba vacía cuando llegó la policía, está situada en las proximidades del lago Lleu Lleu, en la provincia de Arauco, a unos 720 kilómetros al sur de Santiago.
La ciudadana francesa reside en Chile desde hace más de un año, mantiene contactos permanentes con las comunidades mapuches Tramicura y Cañete, donde se han producido incidentes violentos, y ha visitado diversas prisiones donde se encuentran recluidos activistas de la CAM.
La policía investiga su presunta participación en el ataque de un grupo de encapuchados el 15 de octubre de 2008 contra el fiscal Mario Elgueta y a varios agentes que le acompañaban. En la emboscada resultaron heridos tres inspectores, dos sargentos y el propio fiscal Elgueta, quien recibió perdigonadas en las manos.
Acusan a los Mapuches de relacionarse con los terroristas de ETA y las FARC
Empresarios y ganaderos hacen circular rumores sobre una reunión
Tendría lugar el 26 de septiembre entre ETA, las FARC y los Mapuches
En la provincia de Neuquén protestan también grupos a favor de los indígenas
Sapag, hermano de un gobernador, los acusa de armar una guerrilla
Según el empresario, los ayudan terroristas ocultos en la 9ª región de Chile
Jorge Nahuel, líder mapuche, cree que son 'delirios' para expropiar tierra
Laura Rivera Jorge Barreno
actualizado domingo 06/09/2009 10:43 horas
Esta controversia ha sido originada por las informaciones que apuntan a que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el grupo terrorista ETA colaboran con algunos sectores del grupo mapuche afincado en el Cono Sur Latinoamericano, entre Chile y Argentina.
Empresarios y ganaderos mantienen esta teoría, y aseguran que los mapuches están siendo instruidos por dichas fuerzas armadas, y que el próximo 26 de septiembre habrá una reunión secreta entre ambos. Los indígenas sin embargo, alegan que es falso y que se trata de un "complot" en su contra, orquestado bajo intereses empresariales.
El último escándalo lo ha desatado el empresario Carlos Sapag, hermano de quien fue durante varios años gobernador de Neuquén, y uno de los mayores propietarios de tierras de dicha provincia, cuando dijo que los Mapuche han instaurado "un régimen de terror e inseguridad" en la provincia. Sapag asegura que los dirigentes que encabezan ese tipo de maniobras son respaldados por "miembros de las FARC y terroristas de ETA", que se encuentran ocultos en la Novena Región de Chile.
"Es necesario respaldar a los jueces y a las fuerzas de seguridad que muestran compromiso con su cargo. Sabemos que en la Novena Región hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén", sostiene. Advierte además de que "tienen armas y se financian con el narcotráfico".
'Una gran mentira'
Por su parte, Jorge Nahuel, mapuche y portavoz de la comunidad Arauco-Malleco se defiende: "Todo este circo ha sido montado y es una gran mentira, algo que comenzó a circular a raíz de la publicación de una noticia en el diario local". En la información a la que hace referencia Nahuel se aseguraba que
la policía chilena había encontrado documentación sobre Batasuna cuando registraba un domicilio pertenciente a una mujer francesa relacionada con los Mapuche.
La acusación de Carlos Sapag es para la comunidad Mapuche "un manotazo de ahogado al quedar al descubierto la expropiación fraudulenta de la tierra mapuche por parte de estos empresarios, de forma violenta y mortal. Inventan cualquier delirio. En el gobierno local no hay ninguna persona seria", opina Nahuel.
Los Mapuches manifiestan que no se darán por vencidos, cansados ya de la "marginación y de la exclusión" en su lucha por conservar sus tierras y ser respetados. El mes pasado viajaron hasta Ginebra para solicitar ayuda internacional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y antes las Naciones Unidas. Sólo en Argentina la comunidad se enfrenta ante 30 causas penales, 19 civiles y tiene 170 imputados.
Alejandro Lopez, periodista de Neuquén, asegura que la situación ha empeorado a raíz de que algunos hechos como "la toma de un Hotel de lujo por miembros de la Confederación Mapuche Neuquina, para convertirlo en una universidad intercultural con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo".
Contrariamente, Mario Rojas, también periodista de la provincia, dijo que todo surgió cuando "un grupo de mapuches fueron reprimidos el viernes pasado en el paraje Quillén. La policía los sacó con gases y balas de goma".
Soñando con el autogobierno
Al otro lado de Los Andes, en el país más alargado del mundo, hace muchos años que la representación indígena en la política está olvidada. El profesor Gustavo Quilaqueo, afincado en Temuco, una localidad del sur de Chile, ha decidido tomar cartas en el asunto. De maestro a político. Su agrupación se llama Wallmapuwen (pueblo de la tierra mapuche, en su lengua, el mapudungun). Su partido, "legítimo y democrático", aboga por la liberación de su pueblo y la creación de una tierra propia.
Para lograr sus fines está buscando ejemplos de autonomía regional. Se ha entrevistado ya con altos funcionarios del movimiento nacionalista Sinn Fein en Irlanda del Norte y con representantes de otros partidos nacionalistas y separatistas en Europa. También ha estado en contacto con movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia.
Quilaqueo reconoce que su proyecto todavía está en "la fase de ideas" y "podría tomar generaciones antes de hacerse realidad". Unir a los mapuches es clave para el éxito. Lograr el reconocimiento oficial del mapudungun, que sólo habla el 25% de la comunidad, es otro punto fundamental.
Aunque actualmente existe alguna escuela bilingüe, el gobierno está tomando medidas para mejorar la educación de los indígenas como parte de lo que denomina "el pacto social para el multiculturalismo". "Muchos mapuches no reconocen las instituciones de Chile", manifiesta Gustavo.
Uno de los referentes que está siguiendo la comunidad mapuche para conseguir el autogobierno son los regímenes autonómicos de España. El movimiento nacionalista mapuche está tratando de aprender cómo funcionan partidos como Esquerra Republicana, Aralar o el Bloque Nacionalista Galego.
elmundo.es
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informaciones que apuntan a que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el grupo terrorista ETA colaboran con algunos sectores del grupo mapuche afincado en el Cono Sur Latinoamericano, entre Chile y Argentina.
Empresarios y ganaderos mantienen esta teoría, y aseguran que los mapuches están siendo instruidos por dichas fuerzas armadas, y que el próximo 26 de septiembre habrá una reunión secreta entre ambos. Los indígenas sin embargo, alegan que es falso y que se trata de un “complot” en su contra, orquestado bajo intereses empresariales.
Si vemos el enlace sobre los datos encontrados en poder de esa francesa:
…La policía investiga su presunta participación en el ataque de un grupo de encapuchados el 15 de octubre de 2008 contra el fiscal Mario Elgueta y a varios agentes que le acompañaban. En la emboscada resultaron heridos tres inspectores, dos sargentos y el propio fiscal Elgueta, quien recibió perdigonadas en las manos.
Los mapuches quieren su autogobierno:
Uno de los referentes que está siguiendo la comunidad mapuche para conseguir el autogobierno son los regímenes autonómicos de España. El movimiento nacionalista mapuche está tratando de aprender cómo funcionan partidos como Esquerra Republicana, Aralar o el Bloque Nacionalista Galego.
Veremos qué dice la inefable Hebe de Bonafini.
noticiasterrorismo.wordpress.com/2009/09/05/
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29 October, 2009
Denuncian montaje para vincular a mapuches con grupos guerrilleros
El Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos denunció una confabulación entre medios de comunicación y empresarios de la Araucanía para vincular a las comunidades mapuches con grupos guerrilleros con el objetivo de desvirtuar las demandas territoriales históricas de los pueblos originarios. La estrategia también serviría para apoyar la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.
Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.
http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=56562
Vincular a organizaciones y comunidades mapuches con grupos guerrilleros como las FARC de Colombia e incluso la ETA de España, es el objetivo que persiguen empresarios en conjunto con medios de comunicación que pretenden afectar las demandas por tierras y reconocimiento que tiene la etnia.
Así lo denunció el Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, instancia que sostiene que se trata de un montaje para perjudicar estas reivindicaciones y desviar la atención de lo central, como explicó uno de los representantes de esta entidad, Sergio Millamán.
"La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas, tiene finalmente según nuestra impresión el buscar justificar todavía más la represión de la que es víctima el pueblo mapuche de Argentina y Chile y de esa forma dejar de lado y no dar la importancia pública que se merecen las legítimas reivindicaciones que ha levantado históricamente el pueblo mapuche", explicó el dirigente.
Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.
Mientras, en La Moneda el ministro Coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, reiteró la doctrina del gobierno en el sentido de que quienes participen en actos de violencia no podrán ser parte de las devoluciones de tierra que se están efectuando.
"Señalar con mucha claridad el criterio y reiterarlo que respecto de las personas que se ven involucradas judicialmente en hechos de violencia, esas personas no serán beneficiarios de tierras y por eso mismo estamos buscando la fórmula jurídica que es difícil para que esto quede claramente establecido en el caso del señor Luksiger con quien estamos a días de materializar la firma de la escritura", enfatizó Viera Gallo.
No será la comunidad la afectada por los actos de un grupo que participe en hechos de violencia, afirmó Viera Gallo, aunque para el investigador del Observatorio Ciudadano, Matías Meza, condicionar la restitución territorial es una aberración.
Para Meza el gobierno equivoca de esta forma una vez más el camino ya que además valida el accionar policial el que muchas veces se equivoca al acusar a personas que terminan siendo absueltas ya que no se les puede comprobar su participación en ningún delito, precisó.
"Resulta preocupante la ligereza con que el gobierno asume eventuales responsabilidades de comuneros mapuches en los actos de violencia registrados en la Araucanía en el último tiempo, sin tener más antecedentes que las formalizaciones que realiza la fiscalía. Tenemos muchos antecedentes para saber que varios casos de formalizaciones carecen de los mínimos datos para fundar una acusación para posteriormente llevar a juicio a las personas formalizadas", subrayó Meza.
Las comunidades establecen que la violencia viene precisamente del Estado y específicamente del gobierno que ordena la represión y allanamientos donde se ven afectados todos los integrantes de estos grupos donde se muestran personas heridas con perdigones y otras marcas psicológicas que perjudican especialmente a los menores.
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27 October, 2009
DENUNCIAN CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE Y SUS DEMANDAS
Sectores Políticos, empresariales, Latifundistas-estancieros, Paramilitares y prensa escrita señalados como de cortes fascistas y racistas en Colombia, Chile y Argentina, coludida y planificadamente estarían implementando desde hace algún tiempo una conspiración tendiente a aumentar la criminalización al Pueblo Mapuche frente a sus reclamaciones por tierras ancestrales y frente a lo que denominaron, legítimas protestas ante nefastos mega proyectos industriales en sus territorios. Así lo denunció el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC).
Un hecho que deja en absoluta evidencia según sus declaraciones, serían montajes instaurados sobre “terrorismo Mapuche” y supuestos nexos entre grupos Mapuches y las Farc de Colombia y ETA, lo que a juicio de GTDC, involucra a ciertos sectores fascistas de estos Países que buscan replicar experiencias al más puro estilo de la guerra fría, como lo fue el Plan operación cóndor en la década de los 70 y el desprecio absoluto por los Derechos Humanos. El grupo de Trabajo hizo notar que existen sectores que no han evolucionado, que siguen siendo irracionales y que no se han democratizado. Asimismo, emplazó a los Gobiernos para que se respeten plenamente los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y terminar con complicidades.
Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos - GTDC, no es casualidad que cierta prensa escrita de Chile y Argentina, junto a políticos y gremios empresariales y latifundistas-estancieros ligados al fascismo, estén en una abierta campaña para aumentar la criminalización de la protesta social Mapuche en ambos países, como asimismo, para el aumento de la militarización en Comunidades Mapuches dijo Sergio Millamán.
Por su parte, lamentaron que el Gobierno chileno, con absoluta complicidad y complacencia se involucre en estas operaciones encubiertas y asuma la situación Mapuche en sus planes de seguridad como de “enemigos internos”. “Es inaceptable que el Gobierno, en vez de buscar de frente soluciones de fondo a las legítimas demandas por tierras ancestrales y garantice plenamente derecho, particularmente ante la imposición de nefastos megaproyectos industriales a favor de grupúsculos económicos, acceda a presiones para aumentar la represión en las comunidades e implemente un nuevo plan de seguridad a un costo de 3,5 millones de dólares para, según la versión oficialista, frenar acciones de violencia de mapuches radicales”, señaló Alfredo Seguel, también integrante de GTDC.
Para el Grupo de Trabajo Mapuche, estas oscuras políticas y operaciones solo buscan mayor represión para el mantenimiento de verdaderos feudos coloniales en zonas del sur de Chile y Argentina y cuidar los intereses económicos de verdaderos poderes fácticos que sobreexplotan recursos naturales en Tierras ancestrales con actividades forestales, celulosa, de energía y minera, las que traen consigo la destrucción territorial, económica, socio-cultural y ambiental del Pueblo Mapuche y diversos sectores de población rural en estos países.
FUEGO CRUZADO
Para GTDC se quiere promover un Status Quo, bajo la excusa de “atentados incendiarios” de dudosa procedencia, a los cuales se les ha catalogado de terrorismo vinculado a Mapuches en su generalidad, y de paso generar una serie de montajes comunicacionales y de hechos políticos de “seguridad” de orden militarizado, para la provocación, cuyo origen radica en sectores fascistas y racistas en la zona sur transandina, lo que se agravaría mucho más, ya que los propios sectores de derecha en Chile se han referido a ciertas informaciones obtenidas hace algunos años desde el propio Gobierno de Colombia, sin embargo, nunca se ha logrado determinar absolutamente nada, cuya participación rayaría la complicidad junto, que incluso, podría involucrar a sectores paramilitares de dicho País.
Para GTDC hacer la relación con las Farcs y de la etiqueta de terrorismo a las movilizaciones Mapuches, son planificaciones, donde se manipula una situación de lesa humanidad que afecta a numerosos Pueblos Indígenas en Colombia víctimas de un genocidio sistemático bajo el amparo y promoción de dicho estado, cuyas comunidades están bajo fuego cruzado por sectores bélicos en medio de un clima turbio y siniestro.
El grupo, hizo notar que estos sectores conspirativos no han evolucionado y que mantienen prácticas violatorias. A su vez, emplazó a los Gobiernos, particularmente al chileno, para que se asegure el respeto pleno de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche. Asimismo, a las organizaciones Mapuches ha no dejarse provocar y valoró los procesos de reconstrucción de institucionalidad propia y tradicional. Por último, se refirió a los organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado a investigar fehacientemente y a estar alertas.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las FARC con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, lo que nunca fue demostrado.
Lo mismo era resaltado por El diputado independiente -ex RN y ex Ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg quienes aseguraron que el Ministerio del Interior estaba al tanto de la posible relación entre las FARC y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.
Lo mismo hizo el presidenciable Sebastián Piñera en agosto de este año 2009 en agencias internacionales en medio de su campaña electoral, sin precisar quien, dónde y cuando, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras..
En Argentina, La Cámara de diputados ante la petición del diputado José Luis Sáez, a fines de Septiembre de 2009 inició una discusión para solicitarle al fiscal federal y al gobernador Jorge Sapag que realicen una “minuciosa investigación” relacionada a las denuncias efectuadas por el empresario Carlos “Nuno” Sapag sobre las comunidades mapuches locales en Neuquén, lo que fue derivado a la comisión de Peticiones y Poderes. Cabe mencionar que el empresario, hermano del Gobernador de Neuquén afirmó que existe una campaña de infiltración desde Chile de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza, según publicaba el Diario la Mañana de Neuquén l 1 de Octubre.
Fuente:
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/10/1/42050.php
La misma denuncia que hizo el empresario “fue publicada por el diario chileno El Mercurio. Allí decían que la inteligencia chilena manejaba información acerca de que los Carabineros seguían a grupos armados hasta la frontera argentina en el sur.
http://diario.elmercurio.cl/2009/10/19/internacional/_portada/noticias/b7d59f7b-8e38-4542-aaa2-ba463c83a5ce.htm
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2009/10/19/mapuches-radicalizan-sus-prote.asp
El Diario Austral de Temuco (El Mercurio) el 6 de septiembre de 2009, también replicaba “La teoría es propiedad de empresarios y ganaderos (argentinos), quienes aseguran que los mapuches están siendo instruidos militarmente por la Farc y la ETA y que el próximo 26 de septiembre habrá una reunión secreta entre ellos” agregaba el diario dichos del Empresario Sapag… “"han instaurado un régimen de terror e inseguridad" en la provincia. Sapag asegura que los dirigentes que encabezan ese tipo de maniobras son respaldados por "miembros de las Farc y terroristas de ETA", que se encuentran ocultos en la IX Región”…"Sabemos que en la IX Región hay gente escondida que pertenece a las Farc y a ETA que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén", sostiene. Advierte además de que "tienen armas y se financian con el narcotráfico".
http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/antialone.html?page=http://www.australtemuco.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=prontus_searchengine&search_idx=all&search_texto=farc&Buscar.x=15&Buscar.y=13&Buscar=Buscar
En Argentina, otro diario fascista, la Nación ha venido publicitando la misma maquinación informativa con un enfoque absolutamente racista
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1189448
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186138#lectores
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187506
INFORMACIÓN RELACIONADA
SUMARIO Informaciones último Plan operativo estatal de Represión al Pueblo Mapuche (Acciones y reacciones desde el 13 Octubre) / Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=2983
22 October, 2009 / SOBRE LOS LLAMADOS A LA "GUERRA" PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN / Leer mÁs: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4853
21 October, 2009 / CHILE-ARGENTINA. OPERACIÓN PARAMILITAR EN CONTUBERNIO. OBJETIVO: WALLMAPU / Así como la prensa fascista en Chile, acostumbrada a los montajes ha venido replicando supuestos vínculos de Mapuches con la FARC, en Argentina, sus homónimos en alianza con Paramilitares y mercenarios chilenos-Argentinos vinculados a algunos colonos latifundistas, han venido instalando el involucramiento de “Mapuches chilenos” en Argentina y su relación con la FARC. Se trata de una operación que ha involucrado incluso en Chile ha políticos de la Ultra derecha chilena como el presidenciable Piñera y el Senador Espina. Reacciones de Representaciones de Pueblos originarios de Argentina. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4846
21 October, 2009 / OJO: OPERACIÓN BANDERA NEGRA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA / Una operación siniestra se está gestando en la región de la Araucanía y que involucra diversas acciones tendientes a aumentar la militarización de zonas Mapuches que reclaman tierras ancestrales, la captura de dirigentes activos y la política del terror y la satanización de los Mapuches vinculándolos a “acciones terroristas”. Jefes zonales de Carabineros del Bio Bio, Araucanía y la Región de los ríos tendrán en la próxima hora su “Conclave” para definir nuevas estrategias. Fiscales y empresarios llaman a dotar de mayor contingente policial, mientras, existe un descontrol absoluto de Fuerzas militarizadas que han violentado a niños, mujeres y autoridades ancestrales. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4842
- DENUNCIAN CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE Y SUS DEMANDAS http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4879
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Denuncian montaje para vincular a mapuches con grupos guerrilleros
Vincular a organizaciones y comunidades mapuches con grupos guerrilleros como las FARC de Colombia e incluso la ETA de España, es el objetivo que persiguen empresarios en conjunto con medios de comunicación que pretenden afectar las demandas por tierras y reconocimiento que tiene la etnia.
Así lo denunció el Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, instancia que sostiene que se trata de un montaje para perjudicar estas reivindicaciones y desviar la atención de lo central, como explicó uno de los representantes de esta entidad, Sergio Millamán.
"La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas, tiene finalmente según nuestra impresión el buscar justificar todavía más la represión de la que es víctima el pueblo mapuche de Argentina y Chile y de esa forma dejar de lado y no dar la importancia pública que se merecen las legítimas reivindicaciones que ha levantado históricamente el pueblo mapuche", explicó el dirigente.
Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.
Mientras, en La Moneda el ministro Coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, reiteró la doctrina del gobierno en el sentido de que quienes participen en actos de violencia no podrán ser parte de las devoluciones de tierra que se están efectuando.
"Señalar con mucha claridad el criterio y reiterarlo que respecto de las personas que se ven involucradas judicialmente en hechos de violencia, esas personas no serán beneficiarios de tierras y por eso mismo estamos buscando la fórmula jurídica que es difícil para que esto quede claramente establecido en el caso del señor Luksiger con quien estamos a días de materializar la firma de la escritura", enfatizó Viera Gallo.
No será la comunidad la afectada por los actos de un grupo que participe en hechos de violencia, afirmó Viera Gallo, aunque para el investigador del Observatorio Ciudadano, Matías Meza, condicionar la restitución territorial es una aberración.
Para Meza el gobierno equivoca de esta forma una vez más el camino ya que además valida el accionar policial el que muchas veces se equivoca al acusar a personas que terminan siendo absueltas ya que no se les puede comprobar su participación en ningún delito, precisó."Resulta preocupante la ligereza con que el gobierno asume eventuales responsabilidades de comuneros mapuches en los actos de violencia registrados en la Araucanía en el último tiempo, sin tener más antecedentes que las formalizaciones que realiza la fiscalía. Tenemos muchos antecedentes para saber que varios casos de formalizaciones carecen de los mínimos datos para fundar una acusación para posteriormente llevar a juicio a las personas formalizadas", subrayó Meza.
Las comunidades establecen que la violencia viene precisamente del Estado y específicamente del gobierno que ordena la represión y allanamientos donde se ven afectados todos los integrantes de estos grupos donde se muestran personas heridas con perdigones y otras marcas psicológicas que perjudican especialmente a los menores.
azkintuwue
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siguen los conflictos con los indígenas de neuquén. la ley que declaró la emergencia es letra muerta
Mapuches: cinco siglos y tres años igual
La Sociedad Rural estima que suman más de cincuenta los campos “usurpados” por las comunidades aborígenes. La ley 26.160, sancionada el 1 de noviembre de 2006, ordenaba un registro catastral y frenaba los desalojos. Por supuesto, nada de eso ocurrió.
El jefe de la comunidad mapuche de Curruhuinca en Neuquén, Ariel Epulef, apeló esta semana el fallo judicial que favoreció al obispado local en la causa abierta contra su comunidad por impedir el uso de una capilla ubicada en el paraje de Quila Quina. El conflicto, que se desató el año pasado, comenzó cuando la comunidad indígena no permitió el uso de la capilla a quienes participaban de una procesión encabezada por el obispo Marcelo Melani, explicando que el edificio en cuestión estaba ubicado dentro de sus tierras. Epulef dijo ayer que “presentamos una apelación al fallo del juez Cosentino porque entendemos que nos corresponde el derecho ancestral sobre esas tierras”. “Además –agregó– así como nosotros respetamos la libertad de culto queremos que el Obispado también respete la nuestra”. Conflictos judiciales de este tipo se multiplicaron en la provincia y, según la Sociedad Rural de Neuquén, existen “más de 50 campos usurpados” por los mapuches. El último pico de tensión fue hace tres semanas, cuando la comunidad Curruhuinca denunció a la Petrolera Piedra del Águila (PPA) que opera el yacimiento Los Leones de Picún Leufú. Según los mapuches, en esa oportunidad “120 efectivos de la policía antimotines irrumpieron en la comunidad, hicieron saltar candados y custodiaron el acceso de maquinarias de la petrolera, quienes procedieron a cavar para instalar nuevos ductos”. Mañana se cumplen tres años de la aprobación de la ley 26.160, que declaró “la emergencia en materia de propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y exige la creación de un registro jurídico catastral en un plazo de tres años, que por supuesto ya se cumplió. La ley además exige que se suspenda “la ejecución de sentencias y actos procesales cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras”. Sin embargo, los pleitos y desalojos por la fuerza no fueron suspendidos desde entonces. “Los desalojos continúan en Neuquén y los jueces siguen manejándose con los parámetros viejos de la ley y no quieren ejecutar el marco normativo de la emergencia”, dijo Jorge Nahuel, portavoz de la Confederación Mapuche (COM).El diputado provincial Rodolfo Canini le dijo ayer a este diario que “los intendentes no tienen herramientas para resolver estos conflictos. Los ejidos municipales son pequeños y lo que está entre ellos es territorio de la provincia: las tierras fiscales son de la provincia. Por buena voluntad que tengan, sólo pueden tener un rol informal en los conflictos”. El ordenamiento territorial aún está en debate. La resistencia está en la conformación del ente que lo llevará a cabo. El Estado provincial pretende ser él mismo quien dirija el relevamiento. Nahuel señaló que “los mapuches no aceptamos que sea la provincia quien lo coordine porque es ella misma la que tiene la deuda histórica de tierras. Lo justo es que esté dirigido por organismos técnicos como la Universidad del Comahue y el INTA, con el consentimiento del órgano indígena”.Escándalo por una publicidad de cervezaUn comercial de cerveza Quilmes filmado en el Salón Dorado de la municipalidad de La Plata generó revuelo e indignación entre ediles opositores. Los concejales del PRO criticaron duramente la gestión local porque les “parece desubicado que un lugar de prestigio como lo es este Salón sea utilizado para ir en contra del mensaje mismo que pregona el distrito”, según señaló José Arteaga, uno de los líderes del PRO platense y promotor de la ordenanza para prohibir la venta de la “jarra loca” en la ciudad.Arteaga acusó al gobierno platense de ir en contra de la ordenanza 9880, que prohíbe “todo tipo de mensaje visual con alusiones o publicidad relacionada con el consumo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes e incentivación a juegos de azar”.Según fuentes oficiales, el rodaje se enmarca dentro “de todos los cánones y cumple todos los requisitos” que acepta la Secretaría de Cultura para ser realizado allí. Además, formaría parte del ciclo de promoción “La Plata Filma”, que busca desarrollar la industria audiovisual.Alumnos les dan letra a los legisladoresLa iniciativa “Concejo Joven” es una experiencia pedagógica que permite que alumnos de colegios secundarios de la capital santafesina “sesionen” como si fueran verdaderos legisladores provinciales. Esta semana se elaboraron 17 proyectos de ley a partir de las propuestas de los estudiantes.“Los temas son muy variados y estamos muy satisfechos con este segundo encuentro. Los planteos que han hecho los jóvenes nos sorprenden, pues tienen mucho para decir”, dijo el edil del frente Progresista Carlos Suárez. Algunos de los proyectos que prosperaron a partir de las iniciativas de los adolescentes fueron la creación de un programa para achicar la brecha digital en los barrios periféricos de la ciudad y la implementación de un registro municipal de centros de estudiantes. Además, propusieron la creación de un parque de skate para favorecer el desarrollo de espacios de recreación y la posibilidad de crear guarderías infantiles en aquellos colegios secundarios cuyas alumnas tengas hijos.
criticadigital
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Investigan supuesto vínculo entre los mapuches y ETA
El autor del libro Ese ajeno sur y el director de GAJAT (Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra) dan su mirada sobre el conflicto territorial de mapuches en el sur.
Actitud irresponsable (Por Ramón Minieri*)
Al investigar para escribir mi libro, aprendí cosas ausentes en mi manual escolar.
Una: la ilegitimidad de ciertos títulos de propiedad. A empresas como la TASLCo, el Estado argentino les regaló extensiones enormes, diez veces el máximo legal, mediante testaferros, en concesión para “instalar colonos”. No trajo ni uno.
Dos: las enormes ventajas que usufructuaron estas empresas. No oblaban derechos de exportación o importación, ni tasa a las ganancias hasta 1933. Hasta 1946 no les dieron un sueldo decente a los peones, ni un colchón.
Tres: no hubo un “desierto” al que se conquistó. Se expropiaron a sus pobladores 78 millones de ha y se las privatizó a favor de empresas británicas y especuladores argentinos. Las colonias y chacras nacieron a contrapelo de esa política. Los nativos fueron desalojados violentamente; hubo campos de concentración, entrega de mujeres y niños a familias de las ciudades. Los restos de esos grupos suministraron la peonada de las estancias. Y siguen aquí, echados de sus lugares, hasta hoy.
Cuatro: estas historias no cesaron. Una nueva conquista en los años treinta, a cargo del general Justo, amigo de los estancieros, desalojó la reserva Nahuelpan. Y sigue la lucha de las comunidades por recuperar sus lugares, es decir su vida.
Cinco: la constitución violenta de nuestro Estado se mantiene sobre ciertos mitos que nos imbuyeron: el de que toda fundación requiere víctimas, el de los eficaces administradores extranjeros, el del indio malo y peligroso.
Hoy tenemos la oportunidad de refundar nuestro Estado a partir del protagonismo de sus diversos pueblos, repatriando a sus desterrados, reparando crímenes históricos. En esta encrucijada, es irresponsable la actitud de algunos medios y algún “entendido” que invocan la represión sobre las comunidades. Si de algo hubiera servido la violencia, ya no habría más violencia.
*Autor de
Ese ajeno sur
Las recuperaciones siempre fueron pacíficas (Por Fernando Kosovsky*)
Leí con preocupación la campaña de dudoso origen promovida mediante el diario La Nación que encuadra al reclamo territorial mapuche como “violento”. Ésta es fácilmente refutable con datos objetivos.
La Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (TOT): este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad.
El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”. La Corte viene consolidando esta interpretación y en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (28-11-2007) incluyó en sus fundamentos a la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas (AG/2007) ordenando al Estado restituir tierras y recursos que a los que hayan tenido acceso los indígenas.
Estos avances se están incorporando en la jurisprudencia por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Giroldi” y las versiones sobre la opción del pueblo mapuche (o cualquier pueblo indígena) por una resolución violenta de su conflicto territorial son claramente malintencionadas, prescindiendo del derecho vigente de recuperar las tierras previsto en los tratados vigentes de derechos humanos y ya declarado reiteradamente por los tribunales internacionales antes citados.
Por ejemplo, el Consejo Asesor Indígena, representando a 11 comunidades mapuches, demandó a la provincia de Río Negro por no haberles reconocido sus TOT ni haber cumplido con el procedimiento de revisión vigente desde 1989 por ley 2287 (decr. reglam. 1693/90) ni entregarles otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Según la ley, en casos donde hay terceros ajenos a la comunidad despojada, además del despojo, la revisión determina si los terceros son inocentes o culpables. Los primeros deberán ser expropiados previa indemnización; los segundos, inmediatamente desalojados sin derecho a compensación alguna, ni siquiera por las mejoras introducidas. Siempre se restituyen las tierras al indígena justamente porque hay derecho a recuperar. Pero lo cierto es que hasta hoy, en ningún caso, el Co.DE.C.I. convocó la Comisión revisora.
Por último, volviendo al tema que nos convoca, interesa destacar que estas reafirmaciones y recuperaciones han sido pacíficas y públicas. Ninguno de los 40 procesos penales iniciados contra los miembros de comunidades indígenas que han reafirmado o recuperado sus derechos culminó en una condena. En las 12 causas por usurpación, en ningún caso se acreditó como modo comisivo el uso de “fuerza”, “clandestinidad” ni “violencia” previstos en el art. 181 del Código Penal, lo que desbarata lo central de la campaña de miedo impulsada en La Nación.
* Director de GAJATwww.ceppas.org/gajat
criticadigital
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TAREAS DE INTELIGENCIA EN EL SUR
La Federal investiga conexión entre mapuches y ETA
Ese pueblo originario vislumbra una campaña difamatoria orquestada por estancieros, corporaciones y políticos. Opinan especialistas.
inició tareas de inteligencia durante de la visita al sur de cinco vascos de la ong Askapena. ¿Nuevo escenario de conflicto o puro humo?
La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA
“Es un tema de seguridad nacional”, admitió un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía. Los líderes de las comunidades señalan que se trata de una campaña de difamación impulsada por estancieros, políticos y corporaciones.
La organización Askapena es una ONG internacional compuesta por ciudadanos del país y de la diáspora vasca. Sus integrantes son maestros, estudiantes y trabajadores que en sus vacaciones viajan a diferentes puntos del planeta para conocer realidades distintas. Los mueve la necesidad de acercarse a pueblos de todo el mundo que sufren alguna forma de opresión. Desde hace tres años visitan a los mapuches del sur de la Argentina, con quienes han establecido un vínculo fraternal, de intercambio cultural, político y social.
El ocho de agosto pasado, cinco militantes de Askapena participaron junto a un grupo de mapuches de un acto político que se llevó a cabo en la ciudad de Trelew en repudio de un caso de presunta represión policial contra comunidades originarias. Los vascos hablaron durante el encuentro acerca de la búsqueda de autonomía en el norte de España y todo transcurrió con normalidad, entre gritos de justicia, proclamas de libertad y bajo un cúmulo de nubes que presagiaban tempestades. Al finalizar el acto, mapuches y vascos se subieron a un micro alquilado y emprendieron viaje a la ciudad de Esquel. Pero, a poco de salir, cuando el colectivo se adentraba en la meseta yerma, un grupo de efectivos de la Policía Federal los interceptó. “Detuvieron el micro –cuenta Moira Millán, la líder campesina mapuche que encabezó el acto– y solicitaron documentos, en particular los pasaportes de los tres compañeros europeos. Nos obligaron a descender del micro. Pero nos negamos. Llamamos a un abogado, que envió a un colega rápidamente y pudimos seguir”.
Al llegar a Esquel, sobre la ruta de entrada, un camino que serpentea mientras desciende hacia un valle de colores ocres, la policía provincial y la Gendarmería volvieron a frenar al micro. Pero esta vez todo fue más evidente: los efectivos querían saber, con especial énfasis, quiénes eran los extranjeros. “Nos permitieron continuar –recuerda Millán–, pero cuando llegamos a destino nos encontramos con cuatro hombres de civil apostados frente a mi casa, arriba de un auto gris. Eran las cuatro de la madrugada y llovía torrencialmente: ese auto estuvo frente a mi casa en diferentes momentos, durante dos días. Mientras los vascos estuvieron de visita”.
Los vascos continuaron viaje, pero a Millán la vigilaron varios días más. El viernes 16 de octubre, luego de participar en actos públicos en Buenos Aires por el 11 de Octubre –para los pueblos originarios, el último día de libertad–, llegó a la terminal de micros de Retiro junto a otra compañera integrante de una organización social. Entonces se percató de que las estaban observando nuevamente. “Un sujeto nos siguió todo el tiempo. Cuando creíamos que había desaparecido, volvimos a encontrarnos con él en la misma dársena en la que iba abordar mi micro. El hombre subió al mismo micro que yo y descendió en Liniers, primera parada del recorrido. Apenas llegué a San Carlos de Bariloche, volvió a suceder lo mismo. Otro sujeto me empezó seguir hasta que me bajé en la terminal de Esquel, la ciudad donde vivo”.
La anécdota de los vascos en el sur y los seguimientos a Moira Millán, confirmados a Crítica de la Argentina por un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal y otro de la Gendarmería Nacional, grafican una situación incipiente en el sur del país. Hace rato que la Patagonia dejó de ser el reino de la quietud para convertirse en un territorio efervescente y sin calma. Mientras las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut exigen que se les reconozca la ocupación ancestral de miles de hectáreas hoy en poder de terratenientes locales y foráneos -y también del Estado-, latifundistas, empresarios, medios de comunicación y políticos denuncian a viva voz que algo está por estallar. Elucubran la teoría del regreso de la Araucanía, bajo el pretexto rebatible de que los mapuches provienen de Chile, y alientan fantasmas de toda índole. El mayor de ellos es el que sugiere la presunta existencia de una alianza político-militar entre aborígenes y organizaciones separatistas de Europa y Centroamérica.
“Con el argumento de un intercambio de la lengua –explica un hombre de la Federal–, miembros de ETA, digamos cuadros políticos, trazaron vínculos con los mapuches del sur. La policía hizo tareas de inteligencia, claro, sobre todo porque ETA se acercó al conflicto en Chile. Es un tema de seguridad nacional. Pero no lo podemos hacer público porque sería, estratégicamente, un error”.
El empresario Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y gerente de una empresa minera, fue quien encarnó la denuncia más grave. El mes pasado, sin filtros, expresó públicamente que cuadros de ETA y de las FARC habían cruzado a la Argentina desde Chile para asesorar a los mapuches de su provincia en estrategias de guerrilla y recuperación de tierra. “Es necesario respaldar a los jueces y a las fuerzas de seguridad que muestran compromiso con su cargo”, destacó. “Sabemos que en la Novena Región hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA y que se relaciona con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén”, agregó, apocalíptico. “Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, continuó, y concluyó: “Sólo quieren aprovecharse para instaurar el terror”. Varias veces insistió con su pedido de mano dura.
Al cierre de esta edición, Sapag fue internado con un pico de presión, razón por la cual no pudo opinar para este artículo. Cuando se le preguntó a su vocero en qué se basó para formular las graves acusaciones contra el pueblo aborigen, su respuesta fue: “En informes del gobierno chileno, donde alertan que encontraron armas e instructivo de las FARC y además en versiones periodísticas. En la zona de Aluminé hay europeos con pelo rubio que participan de las tomas: no son gente mapuche”.
El cuadro de denuncias contra las comunidades originarias terminó de ilustrarse con la seguidilla de notas que publicó el diario La Nación –una de ellas firmada por el periodista Rolando Hanglin– con el título de “El regreso de la Araucanía”, apuntalando la teoría de que los mapuches “vinieron de Chile” y la idea de que los empresarios agropecuarios, terratenientes y hoteleros del sur están preocupados por el creciente número de recuperaciones de tierra que se llevaron adelante en los últimos años. En algo no se equivocan. Si en Chile el conflicto mapuche llegó a un punto álgido que suma comuneros muertos y represión por parte del aparato estatal, en la Argentina, las comunidades se han organizado para la resistencia. Muy a menudo, plantan la bandera del Puel Mapu sobre territorios recuperados y reclaman por reivindicaciones postergadas. El caso Benetton en Chubut opera como paradigma, pero hay muchas recuperaciones más a lo largo de la Patagonia. Sólo en Río Negro fueron recuperadas más de 170 mil hectáreas en los últimos años.
Chacho Liempe vive en El Bolsón, al sur de Río Negro. Es el titular del Consejo Asesor Indígenas, la organización política mapuche más grande de esa provincia. Reconoce que su pueblo está en movimiento. “Estamos mostrando que existimos y que buscamos nuevamente el espacio negado, el que nos corresponde como a cualquier ser humano –explica–. Cuando se cuenta la historia de la Campaña del Desierto, no se cuenta que aquí se practicó un exterminio y que los que lo ejecutaron fueron después los dueños de la tierra, los que amasaron sus fortunas con las costillas de nuestra gente. Sus descendientes, más algunos políticos y otras corporaciones, son los que ahora dicen falacias, esas barbaridades de que nosotros estamos con la guerrilla”.
“Pero cuando nuestro pueblo sale a reclamar tierra –continúa Liempe–, no sale con armas, sino con la ley, con elementos como el convenio 169 de Naciones Unidas, al que la Argentina adhiere, que reconoce la existencia de los pueblos antes de la existencia de la Nación”.
Liempe ahora le responde a Sapag. “Sus argumentos son pobres, pero, como tiene a los medios de comunicación para disparar, utiliza falacias como la de las FARC y ETA para distorsionar”.
La Policía Federal está detrás de la huella de células etarras en el sur, pero ¿realmente existe conexión entre mapuches y terroristas?
“La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas busca finalmente, según nuestra impresión, justificar todavía más la represión de la que es víctima, tanto en la Argentina como en Chile, y de esa forma quitarles a sus legítimas reivindicaciones la importancia pública que se merecen “, explica desde Chile Sergio Millamán, dirigente del Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos.
Moira Millán aventura: “Las fuerzas de seguridad temen que lo que ocurre en Chile suceda acá. El sabotaje a las corporaciones del lado chileno les mete miedo a las empresas del lado argentino y las hace pensar en si vale la pena seguir invirtiendo en esta zona. Entonces, la Argentina quiere mostrar un territorio seguro para la inversión. Patagonia tiene una unidad geográfica y todo lo que se produce en Chile se podría producir acá. En lugares como Chubut, se tiene una perspectiva muy radical de la lucha. Si se radicalizara la lucha en la Argentina, probablemente encontraríamos más apoyo del que tienen en Chile.
De ahí la preocupación de la policía”.
–¿Pero existen vínculos como denuncian estos sectores con las FARC y ETA?
–No, lo que existe es un vínculo de solidaridad con los pueblos. Los zapatistas, los vascos han sido oprimidos como nosotros. Pero de ahí a que estemos haciendo una coordinación político-militar y que estemos financiados por el narcotráfico hay un largo trecho.
OPINIONES
Actitud irresponsable
Ramón Minieri (Autor de Ese ajeno sur)
Al investigar para escribir mi libro, aprendí cosas ausentes en mi manual escolar.
Una: la ilegitimidad de ciertos títulos de propiedad. A empresas como la TASLCo, el Estado argentino les regaló extensiones enormes, diez veces el máximo legal, mediante testaferros, en concesión para “instalar colonos”. No trajo ni uno.
Dos: las enormes ventajas que usufructuaron estas empresas. No oblaban derechos de exportación o importación, ni tasa a las ganancias hasta 1933. Hasta 1946 no les dieron un sueldo decente a los peones, ni un colchón.
Tres: no hubo un “desierto” al que se conquistó. Se expropiaron a sus pobladores 78 millones de ha y se las privatizó a favor de empresas británicas y especuladores argentinos. Las colonias y chacras nacieron a contrapelo de esa política. Los nativos fueron desalojados violentamente; hubo campos de concentración, entrega de mujeres y niños a familias de las ciudades. Los restos de esos grupos suministraron la peonada de las estancias. Y siguen aquí, echados de sus lugares, hasta hoy.
Cuatro: estas historias no cesaron. Una nueva conquista en los años treinta, a cargo del general Justo, amigo de los estancieros, desalojó la reserva Nahuelpan. Y sigue la lucha de las comunidades por recuperar sus lugares, es decir su vida.
Cinco: la constitución violenta de nuestro Estado se mantiene sobre ciertos mitos que nos imbuyeron: el de que toda fundación requiere víctimas, el de los eficaces administradores extranjeros, el del indio malo y peligroso.
Hoy tenemos la oportunidad de refundar nuestro Estado a partir del protagonismo de sus diversos pueblos, repatriando a sus desterrados, reparando crímenes históricos. En esta encrucijada, es irresponsable la actitud de algunos medios y algún “entendido” que invocan la represión sobre las comunidades. Si de algo hubiera servido la violencia, ya no habría más violencia. La recuperaciones siempre fueron pacíficas
Fernando Kosovsky (Director de GAJAT)
Leí con preocupación la campaña de dudoso origen promovida mediante el diario La Nación que encuadra al reclamo territorial mapuche como “violento”. Ésta es fácilmente refutable con datos objetivos. La Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (TOT): este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene consolidando esta interpretación y en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (28-11-2007) incluyó en sus fundamentos a la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas (AG/2007) ordenando al Estado restituir tierras y recursos que a los que hayan tenido acceso los indígenas.
Estos avances se están incorporando en la jurisprudencia por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Giroldi” y las versiones sobre la opción del pueblo mapuche (o cualquier pueblo indígena) por una resolución violenta de su conflicto territorial son claramente malintencionadas, prescindiendo del derecho vigente de recuperar las tierras previsto en los tratados vigentes de derechos humanos y ya declarado reiteradamente por los tribunales internacionales antes citados.
Por ejemplo, el Consejo Asesor Indígena, representando a 11 comunidades mapuches, demandó a la provincia de Río Negro por no haberles reconocido sus TOT ni haber cumplido con el procedimiento de revisión vigente desde 1989 por ley 2287 (decr. reglam. 1693/90) ni entregarles otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Según la ley, en casos donde hay terceros ajenos a la comunidad despojada, además del despojo, la revisión determina si los terceros son inocentes o culpables. Los primeros deberán ser expropiados previa indemnización; los segundos, inmediatamente desalojados sin derecho a compensación alguna, ni siquiera por las mejoras introducidas. Siempre se restituyen las tierras al indígena justamente porque hay derecho a recuperar. Pero lo cierto es que hasta hoy, en ningún caso, el Co.DE.C.I. convocó la Comisión revisora.
Por último, volviendo al tema que nos convoca, interesa destacar que estas reafirmaciones y recuperaciones han sido pacíficas y públicas. Ninguno de los 40 procesos penales iniciados contra los miembros de comunidades indígenas que han reafirmado o recuperado sus derechos culminó en una condena. En las 12 causas por usurpación, en ningún caso se acreditó como modo comisivo el uso de “fuerza”, “clandestinidad” ni “violencia” previstos en el art. 181 del Código Penal, lo que desbarata lo central de la campaña de miedo impulsada en La Nación.
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