domingo, 6 de septiembre de 2009

Lorena Pizarro y el caso de ex agentes Dina contratados por el Ejército-“Vidal debiera presentar su renuncia”-02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Lorena Pizarro y el caso de ex agentes Dina contratados por el Ejército

“Vidal debiera presentar su renuncia”

Este martes la Presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señaló que el ministro "insulta" a los familiares de las víctimas de la dictadura al decir que "hay presunción de inocencia para ex agentes represivos". "Me gustaría saber si puede mirarnos a la cara y decirnos eso", agregó, indicando que solicitó audiencia con el titular de Defensa y que aún no hay respuesta.
Por Miguel Paz
La noticia de la existencia de ex agentes de la DINA y la CNI contratados por el Ejército en distintas labores fue recibida como un nuevo duelo por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Su presidenta, Lorena Pizarro, solicitó este martes "una audiencia urgente" con el ministro de Defensa Francisco Vidal para solicitarle explicaciones por esta situación, que se suma a otros episodios similares dados a conocer durante las administraciones Bachelet, Lagos y Frei.
La información fue
dada a conocer el domingo pasado por el diario La Nación indicando que entre los ex uniformados "hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo" de la DINA, así como un ex fiscal militar "que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile"."Palabras inaceptables"Lorena Pizarro señaló a El Mostrador que hasta anoche en la AFDD aún no recibían ninguna comunicación formal o informal proveniente del gabinete de Vidal y se manifestó contrariada por el silencio del ministro para con los familiares de las víctimas. "La situación amerita que él nos reciba de manera inmediata", expresó y fustigó a Vidal por insistir en la presunción de inocencia de los ex agentes que trabajan con contratos a honorarios para el Ejército. "Me gustaría saber si el ministro puede mirarnos a la cara y decirnos que hay presunción de inocencia para ex agentes represivos de la dictadura. El ministro Vidal debiera presentar su renuncia porque sus palabras son inaceptables", agregó, recordando que entre los ex uniformados se encuentran oficiales que tuvieron alto protagonismo en las actividades represivas como el coronel (R) Hugo Acevedo Godoy, ayudante del director de la DINA Manuel Contreras; o el médico y coronel en retiro Guido Díaz Paci, sindicado como torturador de prisioneros en el regimiento Arica de La Serena, donde la Caravana de la Muerte ejecutó a 15 prisioneros en octubre de 1973.
Complicidad de ministros de Defensa
La dirigente de la AFDD también dijo que le gustaría saber si los ministros del gabinete de la Presidenta Bachelet "ven estas situaciones como inaceptables". "Porque después de escuchar la respuesta insultante de Vidal a los familiares de las víctimas del terrorismo del Estado queda la duda. Además está el hecho que el propio ministro Vidal señaló que hace un mes habló con Ricardo Izurieta. La conclusión es que esto siempre se ha sabido. Lo único que queda es entender que hay una complicidad de los ministros de Defensa de los gobiernos de la transición".
-La Presidenta Bachelet fue ministra de Defensa y víctima también...
-Mas grave que si la Presidenta fue victima de la dictadura, tiene que ver con como el Estado y un gobierno se comprometen con la verdad, la justicia y el "Nunca más". Parece que el gobierno y los últimos gobiernos de la Concertación han hecho bastante más por comprometerse con la impunidad que con un convencimiento ético con los Derechos Humanos. Aquí se están amparando violadores de derechos humanos.

Artí­culos Relacionados :

Vidal: "Son 14 los procesados por DD.HH. vinculados a las FF.AA." (01-09-2009)
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Los señores de la guerra -"ALTA TRAICIÓN" -02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Análisis político

Los señores de la guerra

La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.


Por Santiago Escobar


Luego de veinte años de gobiernos democráticos se asienta la convicción de que en política de Defensa, especialmente en su componente militar, la Concertación sólo puede exhibir una administración menos que mediocre. Lo que complementa el aserto de que si bien el tema es demasiado importante para dejarlo solo en manos de militares, los resultados pueden ser aún peores si a ello se suma civiles incompetentes.

El pasado fin de semana el país se conmovió con la noticia de que el Ejército mantenía en la nómina de sus contratos a honorarios a militares retirados, vinculados a violaciones de derechos humanos.
La noticia, explicada de manera políticamente balbuceante por parte de las autoridades del sector, confronta de manera brutal la disposición presidencial expresada hace algunas semanas de considerar indultos a militares condenados por estos delitos. Porque tales indultos reforzarían la renuencia de las instituciones militares a asumir de manera institucional su responsabilidad en las violaciones del pasado, y a aceptar los derechos humanos también como un principio fundamental de su organización interna.
Durante veinte años de régimen democrático, sectores importantes de las Fuerzas Armadas han negado información, adulterado documentos o amparado u ocultado a personal involucrado en violaciones a los derechos humanos. En muchos casos ello ha quedado en evidencia después de largas investigaciones judiciales o hallazgos de los propios familiares de las víctimas.
Tales hechos confirman la hipótesis de que las Fuerzas Armadas no desean reconocer la responsabilidad institucional, es decir del mando de la época, por hechos que consideran propios de una situación de guerra. Para ellos el tema siempre ha sido de responsabilidad individual y solamente cuando se prueba en juicio, y su discurso permanente ha sido que acatan las decisiones de los tribunales.
El país, en cambio, ha marchado en sentido contrario y pese a las dificultades ha incluso ratificando el tratado que crea el Tribunal Penal Internacional para sancionar los delitos de lesa humanidad. Por ello, era de esperar que los derechos humanos tuvieran una fuerza simbólica nueva que impregnara la percepción y la conducta de todas las instituciones de la Defensa.
Ellas se desenvuelven en un medio profesional extraordinariamente sensible a los elementos doctrinarios y simbólicos, por lo que el Ejército, institución involucrada en este caso, no puede omitir el hecho de que está amparando a militares que infringieron todos los códigos de honor y profesionalismo que lo sostienen. Lo que compromete tanto su imagen institucional como la del Estado chileno.
Por lo mismo, las explicaciones del ministro de Defensa (y sus incomprensibles apelaciones a la Revolución Francesa) en torno a la presunción de inocencia de los militares contratados por el Ejército, resulta pueril. Esta indica una falta de comprensión fina de su papel cautelar en la aplicación de una política institucional de recursos humanos, con negación de principios doctrinarios básicos, en una institución de la cual es la máxima autoridad después de la Presidenta.
En el caso del Ministro Viera Gallo el error tiene un doble significado negativo. Él fue parlamentario -incluso Presidente de la Cámara de Diputados- es decir ha estado en el cenáculo del control político de la democracia chilena. En tal calidad está perfectamente enterado de las agrias disputas políticas y presupuestarias, desde el inicio de los gobiernos de la Concertación, por la mantención de agentes de la DINA y la CNI en las nóminas de las Fuerzas Armadas. Conoce muy bien el largo proceso hasta lograr transparentar el tema de los derechos humanos con verdad y justicia, evadiendo todos los intentos por consolidar la impunidad, y ha experimentado personalmente los clivajes del juego de la desinformación al cual los militares sometieron en muchas oportunidades al poder civil. Más aún, por su formación jurídica, entiende claramente la diferencia que existe entre responsabilidad de Estado, responsabilidad institucional y responsabilidad individual. ¿Para qué ofender la inteligencia de la ciudadanía y el dolor de las victimas y sus familiares con justificaciones sobre procesos o condenas judiciales que no vienen al caso?

La maniobra política de los militares

Pero sería reduccionista sostener que los problemas de la conducción civil de la Defensa se limitan a aspectos doctrinarios y de principios. Aunque estos son una muestra clara de cómo las autoridades civiles han ido cediendo a través de los años en sus convicciones republicanas, y entregado la conducción de la Defensa a la autorregulación militar.
También los escándalos por corrupción que actualmente investiga la justicia, el debate legislativo sobre la nueva institucionalidad ministerial, la profesionalización de las Fuerzas Armadas o el financiamiento de la Defensa, contienen huellas de un corporativismo militar extremo y una baja calidad de la gestión civil.
En las últimas semanas, de manera previa a la aprobación definitiva de la nueva Ley del Ministerio de Defensa Nacional por el Senado, se han hecho sentir las voces, principalmente de altos mandos en retiro, que abogan por la necesidad de mantener el esquema institucional actual, incluida la Ley Reservada del Cobre, a estas alturas un instrumento totalmente irracional. Aunque también hay militares que aprovechan la tribuna para producir acomodos políticos.
La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.
La corrupción en las compras está vinculada tanto a la debilidad de los procesos decisorios civiles y la falta de control - que tempranamente quedaron en evidencia con el contrabando de armas a Croacia- como al hecho de que no existe una institucionalidad ministerial capaz de hacer gerencia integrada de los proyectos, que obliguen a quienes los diseñan y requieren a una adecuada claridad y justificación técnica.
Fuera de administrar formalmente los fondos disponibles en abundancia y a cualquier evento por la Ley Reservada del Cobre, quienes deciden qué, cuándo y cómo se compra en realidad son los militares, y siempre por ramas. Autorizados de manera acrítica por civiles que, en palabras del actual ministro de Defensa, deben aceptar que ellos son los profesionales y los que saben de la materia.
En medio de esta autorregulación perfecta, financiamiento automático y cero control, la planificación conjunta es un eufemismo, y la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional contenida en la actual propuesta de ley, no está destinada a crear un mando interoperativo real permanente que decida, sino a seguir siendo un organismo asesor. El poder militar real sigue compartimentado en cada una de las ramas y sus respectivos Comandantes en Jefe, los que se comportan como señores feudales.
El proceso de paralización burocrática ha ido acompañado de una extrema politización del mando militar superior. Es decir, en vez de desarrollar una capacidad técnica civil en materia de Defensa, las autoridades civiles, carcomidas por el diálogo cívico-militar, crearon los incentivos para que el mando militar se acercara de manera política al mundo civil, lo que lesiona el desarrollo de las instituciones y un vínculo subordinado sano con el poder político.
El caso extremo se ha dado en la Armada. Fue inaugurado por Jorge Martínez Bush quien logró su designación como senador abandonando unos meses antes el mando de la Armada, en plena vigencia de los enclaves autoritarios. Luego lo siguió con éxito el Almirante Jorge Arancibia, quien antes de terminar su período de Comandante en Jefe pasó a ser senador de la UDI y ahora maniobra para posicionarse como eventual ministro de Defensa si Sebastián Piñera gana la elección presidencial. Otros altos oficiales del mando más reciente pasado a retiro buscan eventuales diputaciones o se erigen derechamente como operadores políticos entre sus instituciones y el mundo político. La actitud crítica de la oficialidad joven ante este hecho es total, mientras que el antiguo esquema institucional de un Cuerpo de Almirantes prácticamente ha desaparecido.
Es evidente que los escándalos de corrupción son el resultado de una debilidad endémica de los procedimientos administrativos y de control ministerial, pero también provienen de una falta de liderazgo civil, pues además de comprometer al menos la responsabilidad política de las autoridades sectoriales civiles en ejercicio en la época que ellos ocurrieron, no existen evidencias claras de una voluntad orientada a modernizar toda la administración de la Defensa y, en especial, sus instituciones militares.

elmostrado
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DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR 06-09-09


Por Diego Martínez

Uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte de la ESMA, en los que se tiraba a los prisioneros al mar, está en exhibición en un museo que la propia Armada tiene en la base Comandante Espora. Dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por los militares para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.



DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Aviones de la muerte


Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

Por Diego Martínez



Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.



dmartinez@pagina12.com.ar


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Las drogas como farmacopea del alma 06-09-09

Las drogas como farmacopea del alma



Por José Natanson


El éxito de las drogas radica en su capacidad ansiolítica en el marco de una sociedad altamente ansiógena como la contemporánea. En un mundo incierto, marcado por trabajos inestables y el temor a la inseguridad como trasfondo omnipresente, las drogas se consolidan como –en palabras del especialista francés Iban de Rementería– una farmacopea del alma: sirven para mantener la productividad en el trabajo, asegurar el reposo en el descanso y asumir el dolor en el duelo.
Si los cereales son la panacea de las culturas agrícolas (alimentos de fácil producción y asimilación) y si el azúcar y el alcohol lo son para el capitalismo industrial (calorías para trabajar), las drogas son el elixir de la sociedad posindustrial (reconstituyentes del alma). Y no es raro. Como señala De Rementería, cada época encuentra su instrumento de control social y político por excelencia: el control de la fe (en la Edad Media), el control de la sexualidad (en la Modernidad) y el control de las drogas (en la Era de la Razón).


Tolerancia cero


Lanzada en los ’60 por Estados Unidos como una estrategia global de combate a los estupefacientes, la guerra contra las drogas se basa en la idea de reducir el consumo mediante el control de la oferta. En Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia (Norma), Juan Gabriel Tokatlian explica de manera sencilla pero clarísima el carácter quimérico de esta cruzada. El prohibicionismo, el enfoque en el que descansa la guerra contra las drogas, parte de la idea de que una represión perdurable y eficiente permitirá, en algún momento, extinguir el problema. En otras palabras, la ilusión de que será posible, tarde o temprano y por vía del combate frontal, lograr la abstinencia total.
Nada de esto ha sucedido, por supuesto. La guerra contra las drogas ha generado efectos sociales, medioambientales y de derechos humanos muy negativos. También produjo consecuencias políticas impensadas: la emergencia del liderazgo de Evo Morales no se explica sin considerar la brutal represión a los cocaleros del Chapare por parte de las fuerzas de seguridad boliviana asistidas por la DEA.
Pero para no entrar en estas discusiones pantanosas tal vez alcance con mencionar que la prevalencia del consumo de drogas se ha mantenido más o menos igual en los últimos años, pese a los redoblados esfuerzos guerreros. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd), del total de población mundial de entre 15 y 64 años, solo el 5 por ciento consumió drogas en el último año (208 millones de personas). De ese 5 por ciento, solo el 0,6 adquiere un patrón problemático de consumo. La marihuana, la droga más difundida, es consumida por el 4 por ciento de la población mundial (unos 165 millones de personas), y hay alrededor de 16 millones de consumidores de cocaína y 24 millones de anfetaminas.
Y si el fracaso de la estrategia se hace evidente al repasar los números, lo absurdo de sus planteos se revela con unos pocos datos. Va uno: el porcentaje de adultos que consume tabaco es 5 veces mayor que el que consume drogas (25 por ciento de la población mundial) y sus efectos mucho más letales: se estima que cada año mueren por causas atribuibles a las drogas unas 200 mil personas, contra 5 millones que mueren por motivos asociados al tabaquismo.
Oferta
Las estadísticas del consumo no son las únicas que confirman la ineficacia de la estrategia de tolerancia cero; también las de la oferta. La producción de cocaína, tras el descenso experimentado luego del boom de los ’80, se mantuvo estable en los últimos años, a pesar de los enormes recursos destinados a combatirla. Lo mismo sucede con la de marihuana, en tanto que la producción de heroína y drogas sintéticas se ha incrementado. Pero lo más notable del análisis de la oferta mundial de drogas es su especialización geográfica en territorios con fuerte influencia político-militar de Estados Unidos. Afganistán produce el 80 por ciento de la heroína del mundo, el 60 por ciento de la cual se genera en la provincia de Helmand, en el sur del país. Los talibán, que en el pasado combatieron las plantaciones de amapola por motivos religiosos, aprendieron la lección y ahora las administran (y se benefician de ellas), lo que de paso demuestra que incluso las interpretaciones islamistas más fanáticas admiten cierta flexibilidad. El otro país en donde se concentra la producción es Colombia, que genera el 55 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo y al que Estados Unidos destina 800 millones de dólares al año, desde hace una década, en concepto de ayuda militar y al desarrollo.
La marihuana, en cambio, se produce en prácticamente todos los países (alcanza con una maceta y un poco de sol). Hasta en Cuba, que combate las drogas con rigor soviético, es posible ver las plantas a la vera de algunas rutas.
Esto confirma la idea de que el problema pasa tanto por la oferta como por la demanda. Así como todas las culturas que han tenido acceso a ellas han consumido drogas, aunque siempre bajo algún tipo de control social, las sociedades actuales no son una excepción. Y no sólo por el poder de seducción y el valor de uso de la droga, sino también por un dato que a menudo se pasa por alto pero que vale la pena subrayar: su capacidad de generar ingresos para los sectores más pobres de la población.
Las drogas, en efecto, cumplen una función social. Si se analiza el conjunto del negocio, queda claro que los carteles (unos pocos) controlan la producción a gran escala, en tanto que los grandes narcotraficantes (también pocos) se ocupan del traslado mayorista. Sin embargo, es el último segmento, atomizado en miles de pequeños microtraficantes, el que se lleva la parte del león de las ganancias (el 57 por ciento del ingreso total según los número de Iban de Rementería, revista Nueva Sociedad N° 222). Ocurre que, a diferencia de lo que ocurre con los productos legales, cuya distribución se concentra en las grandes cadenas –de supermercados o ropa o lo que sea–, en el caso de las drogas es imposible, por motivos de seguridad, oligopolizar la distribución minorista, que recae en miles y miles de dealers individuales, en general pertenecientes a los sectores excluidos (es un negocio lucrativo pero riesgoso). Para usar una expresión de moda en tiempos K, las drogas contribuyen a la redistribución del ingreso.
En el mundo
Desde que en 1909 se firmó el primer acuerdo de la Comisión sobre el Opio de Shanghai, la normativa internacional en materia de drogas fue avanzando. La Convención Unica sobre Estupefacientes, firmada en 1961, prohibió la cocaína, los opiáceos, la marihuana y las drogas sintéticas (salvo para uso médico). Con el argumento de que el mercado de drogas es global y que, por lo tanto, su solución también debe ser global, las normas internacionales en materia de estupefacientes establecen una forma única de control aplicable a todas las sociedades. Ninguno de los países miembro de las Naciones Unidas puede aceptar el uso recreativo de las drogas mencionadas, y todos tienen la obligación de combatirlas.
Pero la Convención Unica deja algunos espacios grises, aprovechados por cada vez más países para flexibilizar el manejo del consumo y la tenencia de drogas (no su producción), mediante contrarreformas legales tendientes a la despenalización. En Portugal, por ejemplo, se admite la tenencia de dosis personales para hasta diez días (considerando como tal 2,5 gramos de cannabis y 0,2 de cocaína). Austria, por su parte, no considera delito la tenencia de 1,5 gramos de cocaína y 1 gramo de anfetaminas. Y lo mismo sucede –con variaciones en las cantidades admitidas– en España, Alemania y Australia, entre otros.
Uno de los casos más famosos es el de los Países Bajos, donde uno puede fumarse un porro en alguno de los elegantes coffee shops que prosperan por todos lados. Esto es posible gracias a una despenalización de facto del consumo y la venta –no la tenencia– de marihuana. La paradoja es que, como la normativa internacional no admite la despenalización de la producción, los dueños de los cafés deben comprar la marihuana que venden legalmente a clientes legalmente habilitados para consumirla en un mercado considerado ilegal (aunque no muy combatido).
Pero el caso más interesante es el de Estados Unidos. Como se sabe, en la patria de Obama el derecho penal, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, es una atribución estatal. Esto genera una diversidad subnacional en materia de drogas mucho más amplia de lo que habitualmente se piensa. Desde que Oregon hizo punta en 1973, 13 estados despenalizaron el consumo o la tenencia de marihuana, y otros 13 aceptan su uso médico. El más importante es California, que en el plebiscito de 1996 aceptó las recetas médicas y donde hoy hay 200 mil personas con autorización para comprar marihuana en los cientos de dispensarios que la venden en el estado. Existen incluso máquinas expendedoras de porros: el paciente entrega la receta, se le toma una foto y su huella digital, y luego puede utilizarlas libremente. Como sostienen Tom Blickman y Martin Jelsman, del Transnational Institute de Holanda, esto demuestra que, mientras Estados Unidos exportaba su política prohibicionista al resto del mundo, no lograba imponerla internamente.
Junto a la tendencia a la despenalización, algunos países comenzaron a desarrollar en los últimos años políticas de control de daños, es decir medidas que no apuntan a frenar el consumo de drogas sino a morigerar sus efectos más perniciosos. En Europa, países como Alemania y Francia distribuyen jeringas gratuitas entre los adictos para prevenir el contagio de enfermedades, habilitaron centros de análisis químicos a los que cualquier persona puede llevar la drogas para que la testeen sin riesgo a ser detenidos y hasta crearon salas de consumo limpias y dignas. Además de los efectos positivos más directos, este tipo de políticas, bien implementadas, pueden abrir oportunidades de contacto con los adictos en pos de su recuperación.
Modernidad
La decisión de la Corte Suprema argentina de declarar inconstitucional una condena por consumo de drogas y el Plan Nacional de Drogas presentado al Gobierno por el Comité de Expertos avanzan en la misma línea de reversión del enfoque prohibicionista. No es el único caso en América latina. La Corte Suprema de Colombia emitió un fallo en el mismo sentido, duramente cuestionado por Uribe, Brasil entrega pipas de crack como parte de experiencias piloto de reducción de daños y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa adoptó una decisión audaz, de pura justicia, que levantó polvareda: el año pasado decidió indultar a tres mil personas, en su gran mayoría mujeres pobrísimas, detenidas por transportar droga al exterior (conocidas como mulas), siempre y cuando no tuvieran una condena anterior.
Desde luego, las políticas deben ser adaptadas a las particularidades de cada país, y es necesario estudiar cuidadosamene su viabilidad. Por ejemplo, una estrategia de reducción de daños debe tener en cuenta que en Argentina, al igual que en el resto de la región, el consumo gira alrededor de la cocaína, la marihuana y los estimulantes (prácticamente no hay heroína). En lugar de repartir jeringas, la venta legal de estimulantes más suaves podría evitar que algunas personas recurran a la cocaína. Finalmente, en Argentina como en América latina la cuestión de las drogas está cruzada, mucho más que en Europa o Estados Unidos, por los problemas de pobreza y exclusión, lo cual no impide desarrollar alternativas al enfoque de tolerancia cero, pero sí advierte sobre los riesgos de copiar las experiencias extranjeras en papel carbónico.


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comunicación ANCESTRAL en el cuarto poder:Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que responde a los 21 puntos básicos



Los Pueblos Originarios exigen que se los reconozca en la Ley de Medios Audiovisuales
Los Pueblos Originarios en Argentina están exigiendo la inclusión de su Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad en una nueva Ley que regule al cuarto poder en el país. Y dan batalla en el campo de la opinión pública.
Por Kvrvf Nawel / Piren Wegaywe
Desde milenios los Pueblos Originarios se comunican con todas las vidas de la naturaleza. Saben interpretar los mensajes de cada ser que habita en sus territorios, y de esta manera logran establecer formas de comunicación con lo que vemos y con lo que no vemos, con lo que tocamos y lo que no.Fundamental fue la vigencia de sus idiomas. Moldeados y perfeccionados con ancestral sabiduría, las culturas originarias desprenden de sus lenguas los sonidos que expresan los ríos, montañas, nubes, animales; por eso se traduce al Mapuzugun (idioma Mapuce) como “habla de la tierra”, porque no sólo las personas lo desarrollan, sino la naturaleza toda.
El conocimiento de los ancestros indígenas también se plasma en sus instrumentos musicales donde a través de sus sonidos se transmiten las melodías del viento, cascadas y volcanes, el canto de los animales, y hasta el latido de la tierra.
La concepción de la vida para los Pueblos Originarios se basa precisamente en la vida del territorio, es decir, sin territorio no hay vida. Fuego, aire, tierra y agua son las fuerzas naturales que permiten generar la existencia de las personas y de cada ser. En las culturas milenarias no se conciben los conceptos de “bióticos” y “abióticos”, ya que cada elemento cumple una función particular logrando un complemento perfecto entre ellos. Los indígenas no se creen a si mismo dueños de la tierra, sino parte inseparable de ella.Tanto el idioma como los instrumentos indígenas forman parte de los elementos que permiten la comunicación de los Pueblos Originarios entre las personas y con la naturaleza. Y esa comunicación se sustenta necesariamente en la identidad indígena, lo que la hace única e irrepetible.
El quiebre

A fuego y degüello avanzaron las coronas europeas sobre territorio indígena. Luego fue el turno de los países que se “independizaron” para someter a Pueblos milenarios que vivían sin fronteras. El genocidio que el Estado argentino planificó contra los pueblos originarios impuso armas y constituciones. Leyes y religiones, idiomas y jurisdicciones.La combinación exacta para imponer un sistema ajeno y diferente a la cosmovisión indígena fue la instalación de escuelas, iglesias y fuertes militares. La asimilación del indígena al ficticio “ser nacional” era por las buenas o por las malas. De todas formas, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX tanto el sistema educativo como el católico adoctrinaban a los “indios salvajes” con el mismo rigor y terror que lo ejercía el militar.Desde la llegada del invasor a territorios de los Pueblos Originarios, la comunicación armónica se fracturó. No sólo al interior de la vida indígena al quedar su territorio diseminado en cientos de porciones alambradas; además, los idiomas quedaron excluidos a ser una herramienta clandestina de comunicación, limitado al ámbito familiar y prohibido en las escuelas.
Los invisibles de siempre

Se dice que los Medios de comunicación elaboran y presentan una realidad, y lo que no aparece en ellos, aparentemente no existe. Nadie puede negar la importancia y el poder de los Medios de comunicación en las decisiones y opiniones de la sociedad. Lo que tampoco nadie puede negar es que una minoría poderosa controla lo que leemos, vemos y lo que escuchamos en el país. Y nos indica a quien votar y a quien echar.Ya en las crónicas escritas por los militares que encabezaron grandes masacres indígenas se hablaba que “los indios ni siquiera eran personas”. Para los argentinos ilustres de la generación del ´80, los indígenas eran “seres salvajes y despreciables a los que se debía exterminar”. Estos próceres prefirieron levantar las bases del Estado en baños de sangre indígena en lugar de alimentar el conocimiento de la sociedad con las culturas ancestrales, y a los sobrevivientes del genocidio se los oculto bajo la alfombra de la “civilización”.Para moldear la idea de una Argentina eurocentrista sin “indios salvajes” se aposto a la invisibilización, pronto a cumplir 200 años, que los libros y los Medios de comunicación supieron aplicar hacia la identidad originaria.El trabajo de los Medios también es generar opinión e incidencia para manipular el pensamiento de la sociedad. Ejemplo claro es al momento que el Pueblo Mapuce recupera su territorio usurpado y alambrado por algún terrateniente, y los Medios titulan: “Aborígenes usurpar tierras de empresario”. Siguen utilizando conceptos errados y atrofiados a esta altura de la humanidad como “aborígenes”, “reservas”, “agrupaciones” o “indios”. De manera intencional distorsionan la imagen de las culturas originarias y crean un estereotipo del indígena ligado a la nostalgia folclórica o al mero atractivo turístico.Al vacío informativo que generan los Medios masivos de comunicación reaccionarios a la diversidad cultural, se agrega la mirada reduccionista de los Medios comunitarios o “populares” que pretenden seguir siendo “la voz de los sin voz”. Son pocos los que encarnan en profundidad la realidad indígena con seriedad.
Los indígenas a los medios

El control del territorio ideológico de la opinión pública en Argentina es sin duda la pelea de fondo en la discusión por revertir una Ley dictatorial de radiodifusión que encierra intereses poderosos y peligrosos.
Las grandes corporaciones mediáticas no están dispuestas a soltar lo que durante décadas han manipulado y utilizado en beneficio de sus intereses económicos y políticos. Estos mismos monopolios informativos son los que presentan a la realidad de los Pueblos Originarios como “problemática indígena” o “conflicto indígena”, diciéndole a la sociedad que la sola existencia de los pueblos originarios es un problema.
Por estos días las organizaciones de los más de 25 Pueblos Originarios en Argentina están impulsando su derecho indígena a la comunicación con identidad para que sea incluido en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El marco jurídico internacional reconoce los derechos de los Pueblos Originarios en el mundo, Argentina tiene el gran deber de incluir y respetar esa normativa indígena a través de sus políticas públicas. El Estado tiene que generar los mecanismos necesarios para que el Derecho a la Comunicación Indígena avance de una simple y bonita declamación, a hechos concretos que impulsen la diversidad cultural en el país.
Hoy, los Pueblos preexistentes del país están generando un proceso histórico porque dejan de ver a los Medios como herramientas de “otros” para ejercer su Derecho a la Comunicación con Identidad y acceso a las nuevas tecnologías.No pretenden seguir siendo objeto de análisis por los formadores de opinión, son ellos los que buscan administrar sus propias radios y canales de televisión, para que todos y todas tengamos la posibilidad de acceder al conocimiento de las diversas culturas y a los más de 16 idiomas originarios.
El carácter de Preexistentes que poseen los Pueblos Originarios determina su existencia anterior a la creación del Estado argentino, por lo que es un error sumirlos al campesinado, a las minorías o a un “sector” más de la sociedad civil, porque los derechos indígenas son particulares y diferentes al resto de la sociedad. Ni siquiera superiores, tampoco inferiores, pero sí diferentes.Por ello, la exigencia de los pueblos originarios es que reconozcan a sus Medios de comunicación con el carácter de públicos no estatales, y reconocer como cuarto prestador de Servicios de Comunicación Audiovisual a los Medios Indígenas Públicos, diferenciándolos de los medios privados, estatales y comunitarios.La palabra indígena

Gvbam le llama el Pueblo Mapuce a los consejos que entregan sus kimce (sabios) y Rakizuam al mensaje que trasmiten. Ayer y hoy las culturas ancestrales siguen dialogando con el cosmos. Y el aporte de los Medios Indígenas a la sociedad es el de transmitir principios inalterables: el resguardo y la defensa de la naturaleza como proyecto de vida.
Los Medios administrados por los Pueblos Originarios no pretenden lucrar con su identidad ni ser obsecuentes con los gobiernos de turno. Su objetivo no sólo es informar su propia realidad, tienen la responsabilidad de promover y difundir sus culturas, como Pueblos vivos que tienen historias que necesitan ser contadas.Cuando los Medios Indígenas estén en plano de igualdad en el espectro radioeléctrico, con los privados, estatales y comunitarios, podremos hablar de democracia en la comunicación argentina, porque serán las voces de la tierra las que informen.Con la exigencia de la inclusión del Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad en esta Ley, es evidente que los Pueblos Originarios a través de sus Medios de comunicación audiovisuales rompen el manto de la invisibilización que los silenció desde la misma creación del Estado.Dejan de ser meros espectadores, y dan batalla en el territorio de la opinión pública para convertirse en actores en el escenario del cuarto poder.
Descargá el proyecto entregado al Ejecutivo:
Propuesta de inclusión del Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad