viernes, 19 de diciembre de 2008

EL MATAQUITO Y LAUTARO...................6 July 2007

6 July 2007

El Mataquito y Lautaro

Sr.
Director:

Estoy consternado de que Chile muy suelto de cuerpo, esté destuyendo todo su medio ambiente, qué multa van a cobrar para seguir contaminando.

Estoy terriblemente dolido, por la historia oral sabemos que nuestro Toki Leftraru fue arrojado a las aguas del Mataquito junto a muchos de sus guerreros.

El espíritu de ellos vive en esos lugares. Queremos pedir que se despierte un poco el pueblo chileno.

El pueblo mapuche ha puesto su grano de arena, ya tenemos muchos presos políticos que defendieron el medio ambiente de todos.

Sabemos que es un problema de todos, pera va a cambiar cuando Chile enmiende la constitución del 80, que fue hecha a gusto de Pinochet y que la Concertación en 17 años no ha tenido el valor de cambiar.

Es tarea de todos los ciudadanos mapuche y no mapuche, pues queremos que todos los hijos conozcan un medio ambiente sano y no que lo conozcan por documentales.

También estoy consternado por cómo actúa la policía, cuando le toca reprimir a los secundarios: o como cuando la marina reprime pescadores que defienden el mar que es de todos, y que van a conocer las generaciones del futuro.

A ver si las FF.AA. trabajan por el medio ambiente y dejen de reprimir enfermamente como lo han hecho con todos hasta ahora.

Pewkayal Marichiwewe

El siguiente texto fue publicado en la sección de CARTAS AL CIUDADANO, del periódico del mismo nombre, en su edición del mes de Julio del 2007, año III – Nº 46.

Lorenzo Loncón,
Weken del lof mapuche
urbano “Newen Mapu”
de NeuKén Puelmapu
Argentina

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Fuerzas de la Armada rusa vuelven a La Habana -19-12-08

19 de Diciembre de 2008


Fuerzas de la Armada rusa vuelven a La Habana

El puerto de la capital cubana no recibía una visita de este tipo desde la desaparición de la Unión Soviética. Se trata de un cazasubmarinos y dos unidades de apoyo.

Tres buques de la Armada rusa, encabezados por el cazasubmarinos "Almirante Chabanenko", llegaron a La Habana este viernes en la primera incursión de una flota de ese país en aguas cubanas desde la desaparición de la Unión Soviética.

El "Almirante Chabanenko" entró al puerto de la capital cubana poco antes de las 10.00, hora local (15.00 GMT) con toda su tripulación formada en cubierta, tras disparar varias salvas de saludo a la entrada de la Bahía de La Habana, que fueron correspondidas por la artillería de la Fortaleza de La Cabaña.

El atraque en el muelle de la capital cubana tuvo lugar al ritmo de la música militar que ejecutó la Banda de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, ante la mirada de decenas de curiosos y viandantes que se agolparon junto al canal de ingreso al puerto habanero.

Posteriormente, hicieron su entrada las otras dos naves rusas de apoyo, el "Iván Bubnov" y el "SB-406", del Mar Negro y de la flota del norte.

Fuentes diplomáticas rusas dijeron que "la meta principal de la visita es el desarrollo de las relaciones de cooperación entre la Armada rusa y la Armada cubana, y de los lazos de amistad".

Los buques permanecerán en la isla hasta el próximo 23 de diciembre y, según han señalado las fuentes, el "Almirante Chabanenko" permitirá el acceso de los cubanos durante el fin de semana.

El programa divulgado por las autoridades cubanas incluye una visita de cortesía de los tripulantes rusos al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, vicealmirante Pedro Pérez Betancourt, así como encuentros en la sede del Parlamento y la Academia Naval "Granma".

La Armada rusa informó esta semana de que los marinos de ese país se reunirán con sus homólogos de cubanos y el alcalde de La Habana.

Además, los marinos visitantes depositarán flores en los monumentos a José Martí y a los soldados soviéticos-internacionalistas.

El "Almirante Chabanenko" participó recientemente en las maniobras conjuntas que Rusia desarrolló en Venezuela y también visitó Nicaragua.

EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/fuerzas-de-la-armada-rusa-vuelven-a-la-habana


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Vuelco en Caso Calama: cómo la CNI intentó financiarse a sangre y dinamita - 15-12-08

Vuelco en Caso Calama: cómo la CNI intentó financiarse a sangre y dinamita


15 Diciembre, 2008.

El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos –tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.




Por Sebastián Minay, CIPER

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y –contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.

Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó –esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de “financiamiento”. El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas –entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva –los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del “suicidio” dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas
Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo –en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido “probado” en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres.

Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de “Carlos Vargas Casella” se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.
Muchos de sus subordinados han declarado que “Carlos Vargas” contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho –más de veinte años después- que lo consideraban su “formador” y “un líder al que todos seguían”. Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.

“Carlos Vargas” no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 –poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara “en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio”. La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: “La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores”. También hizo mención a que se habían suspendido “las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico”.

La
declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.

Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.

La sangrienta “Teletón” de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.

La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran “El Rey”, la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.
Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de “Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala”. Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.

- La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.- Excelente. ¿Y la mala?- Es que fueron los “Charlies” (clave para “CNI”).




Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al “punto” y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.

Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.






¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha






Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.






Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los “corresponsales” que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser “intervenida”, el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.






Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.






Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era “Carlos Vargas”. En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.






Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden “detenga a Carlos Vargas”. Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.






Moren, más conocido como el “Ronco” o “El Coronta”, le transmite la misma orden al prefecto Lillo: “Hay que detener a Vargas”.










En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.






Sólo ahora –y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.






Como quiera que sea, el viejo juego de las “chapas” le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.






Nadie sabe para quién trabaja






En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).






Ferrer Lima, alias “Max Lerou” entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez –lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del “despacho” al extranjero de agentes comprometidos en juicios.










Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel “La Lisera”. Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.






“Max Lerou” se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.






Arica se ha convertido en la “zona cero” de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel “Las Machas”, de dotación del Regimiento “Rancagua” de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería “Dolores”) y varios otros.






La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con “la mala” noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.






Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con “Max Lerou”, otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.






Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.






Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a “peinar” la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León –especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.






Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad “Solo de Saldívar”, del Regimiento “Rancagua” de Arica. Más conocida como “Cuartel Las Machas”, es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.






Mientras el “Rancagua” estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de “Las Machas” era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del “Rancagua”.
Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento “Dolores”. Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.






La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.










Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio –dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.






Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el “Ronco” se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del “Rancagua”, quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.






Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que “provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré”. Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y “al mes salió mi destinación”. Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.






Aunque dicho testimonio tiene un error –la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que “unas tres semanas” antes de su muerte “él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso”.
“Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet”






La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.






¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, “que también es informante de la CNI de esa ciudad”.






Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.






Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: “Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita”. Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.






Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.






En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara –que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.






Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.






En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.






Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: “carecían de laboratorio”.






Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que
la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que “todo debía realizarse rápidamente”. El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su “hallazgo” y al día siguiente de su misteriosa desaparición.






Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.






La sangre sigue corriendo






Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la
Revista Cauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.






El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.






A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga.






Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó –entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.






No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró “sin convicción”.






Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín,
hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.










El poder oculto y los crímenes de la Brigada Mulchén






Pocas unidades represivas de la dictadura han permanecido tanto tiempo secretas, aún preservan crímenes ocultos y seguirán dando tanto que hablar. Conocida como uno de los dispositivos letales más selectos de la DINA, el historial de la Brigada Mulchén –bautizada con este nombre de origen mapudungún, al igual que la Caupolicán y la Lautaro- inició su amarga fama con el asesinato del funcionario de la Cepal y diplomático español Carmelo Soria (1976).






En la tortura y homicidio de Soria participaron también miembros de la célula Quetropillán, “el diablo que mata” en idioma mapuche, aunque otros la traducen como “Dios volcán”, posiblemente en referencia al inactivo cráter de 2.360 metros ubicado en el límite de las regiones de Araucanía y los Ríos.






Como apéndice de la Mulchén, la Quetropillán operaba básicamente en manos de Michael Townley y Eugenio Berríos (“Hermes”) en la casa de la DINA que habitaba el primero, en Vía Naranja # 4275, Lo Curro. Allí funcionaba un laboratorio químico en el que ambos desarrollaron la versión chilena del gas sarín y otros venenos, como las toxinas botulínicas. En la fría formalidad del papel, la agrupación figuraba como “Centro de Investigación y Desarrollo Técnico Quetropillán”.






La sola mención de Townley y Berríos vincula a la Mulchén con los asesinatos de Orlando Letelier (Washington, 1976), del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), y del propio Berríos (Uruguay, 1993). Otra de sus agrupaciones -“Alacrán”- eliminó usando el sarín al conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y al cabo Manuel Leyton (1977). Hasta hoy, uno de sus principales jefes, el alto oficial de Ejército Guillermo Salinas, se mantiene lejos de cualquier presidio. Pero será por poco tiempo.






No ha sido fácil para ningún juez confeccionar la nómina de los integrantes de la Brigada Mulchén. Lo que sí es un hecho cierto es que lo peor que le puede pasar hoy a un oficial activo del Ejército es que lo pongan en la lista. Es lo que le sucedió al general Eduardo Ludovico Aldunate Hermann cuando se encontraba al mando de la misión militar en Haití. Al final, resultó que Aldunate no pasó por la Mulchén, pero sí por el grupo escolta de Pinochet que estuvo en su origen. También sirvió en la CNI. Aldunate se fue a retiro recientemente.






La importancia de determinar sin margen de error si el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue eliminado con sustancias toxicas fabricadas por la DINA, obligó al ministro en visita Alejandro Madrid a profundizar en el historial de la Mulchén y en sus crímenes. Con esa base, se sabe hasta ahora que entre quienes pasaron por sus filas figuran los entonces oficiales Guillermo Salinas Torres (su primer comandante), Pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe Orellana, Raúl Eduardo y Alfredo Iturriaga Neumann, Patricio Quiloth Palma, Manuel Pérez Santillán, Juan Delmas Ramírez, Rolf Wenderoth Pozo y los suboficiales José Remigio Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Jorge Hernán Vial Collao y Bernardino del Carmen Ferrada Moreno ( en servicio activo en 1992). Con el tiempo varios de sus integrantes terminaron siendo ascendidos y obtuvieron la amplia confianza de Augusto Pinochet, a quien prestaban seguridad en los anillos más cercanos al general.






Sólo de la lista anterior, cuatro miembros de la Mulchén aparecen implicados de una u otra forma en el crimen de Calama: Delmas, Iturriaga, Pérez Santillán y Aqueveque.






A Madrid le interesa determinar si después de la disolución de la DINA (1977) la Mulchén siguió o no operativa. Además del Caso Calama, hay otros hechos que demuestran que los viejos compañeros siguieron por lo menos hasta bien entrados los ‘90 borrando huellas, obstruyendo pesquisas judiciales –para lo cual contaban con el fiscal Torres Silva, que tuvo un sillón en la Corte Suprema como auditor del Ejército hasta fines de esa década- y asegurándose que nadie los pusiera como acusados frente a un tribunal.






Así ocurrió precisamente con el caso Soria en 1993, cuando los ex Mulchén se enteran por uno de sus infiltrados en Investigaciones que uno de ellos, José Remigio Ríos San Martín, había confesado los detalles del crimen ante dos detectives. Sabiendo que para que la declaración fuera válida debía ser ratificada ante el juez, iniciaron la cacería dirigida por el brigadier Jaime Lepe, desde su privilegiada posición de secretario general del Ejército. Tanto Lepe como Patricio Quiloth, entonces en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), debieron ocupar todos los medios a su alcance para encontrarlo y presionarlo para que cambiara su testimonio. Sólo no lo mataron porque habría sido muy evidente la mano de sus autores.






Había urgencia. No solo porque implicaba al anillo más cercano a Pinochet, sino también por un párrafo de la confesión de Ríos: “El mismo día que detienen y matan a Soria el comandante Guillermo Salinas me presentó a un visitante en la casa de Lo Curro, posteriormente el señor Quilot me informó que se trataba del cubano Virgilio Paz (asesinó a Orlando Letelier en Washington). Conozco a Eugenio Berríos alias “Hermes”. Yo utilizaba la chapa ALBERTO ARROYO QUEZADA hasta mediados del ‘82 cuando era su escolta”.






En un restaurante en Ñuñoa se produjo finalmente el encuentro entre Ríos y sus ex compañeros. Afuera vigilaban los escoltas de Pinochet. Cada detalle fue como una película de espías. De allí salió Ríos con una nueva camioneta y una pensión. Días más tarde cambiaría su versión judicial sobre el crimen de Soria. Aunque Ríos después lo reconoció ante un juez, eso no logró cambiar el destino del Caso Soria: se aplicó la Amnistía en 1996. Pero Lepe no pudo llegar a integrar el cuerpo de generales, como era su sueño. El Presidente Eduardo Frei se negó a ascenderlo y se fue de baja como brigadier.




















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DDHH: otros diez años para coronel (R) Donato López Almarza 17-12-08

Miércoles 17 de diciembre de 2008

Por J. Escalante/ L. Ayala / La Nación

Por secuestro y desaparición de militante socialista

DDHH: otros diez años para coronel (R)

Donato López Almarza además está condenado a la misma pena por su participación en el homicidio del niño de trece años Carlos Fariña Oyarce, ocurrido el 13 de octubre de 1973.

A diez años y un día de presidio fue condenado el coronel (R) de Ejército Donato López Almarza, por el secuestro y desaparición en septiembre de 1973 del militante socialista Lucio Bagus Valenzuela.

La sentencia de primera instancia fue dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard.

La víctima era trabajador del Hospital San Juan de Dios y fue secuestrado por efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe, Quinta Región, que bajo el mando entonces de López Almarza se instalaron en el sector de Quinta Normal en Santiago para reforzar la represión tras el golpe militar.

El mismo oficial (R) está además condenado a otros 10 años y un día por el homicidio del niño de trece años Carlos Fariña Oyarce, ocurrido el 13 de octubre de 1973.

La sentencia por Lucio Bagus debe ser todavía revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, mientras que la dictada en primera instancia por el ministro de la misma Corte, Jorge Zepeda, ya se encuentra confirmada por el tribunal de alzada capitalino restando sólo que sobre ella resuelva la Sala Penal de la Corte Suprema.

El coronel (R) López Almarza se encuentra en libertad provisional y no entrará a cumplir condena hasta que ambas sentencias seas revisadas por la referida Sala Penal, que podría modificar las penas.

En las primeras semanas luego del golpe de Estado murieron en las calles de Santiago decenas de personas acribilladas. En algunos de estos casos hasta ahora no se han instruido juicios ni los familiares han interpuesto acciones legales.

Varios de estos cuerpos llegaron a la morgue de Santiago sin identificar y fueron enviados después al crematorio del Cementerio General mediante una simple orden militar.

Carlos Fariña, cuyo cuerpo apareció años después durante unas excavaciones inmobiliarias, se transformó en la víctima más joven de la dictadura.


Indemnización

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $50 millones la indemnización por daño moral a la familia del militante del MIR Álvaro Barrios Duque, quien fue víctima de secuestro calificado por parte de organismos de represión a contar del 14 de agosto de 1974.

Además se confirmaron las condenas de 5 años y un día para Manuel Contreras, de 3 años Miguel Krassnoff y Marcelo Moren, de 800 días para Basclay Zapata y Nelson Bustamante.

Asimismo en la Corte de Antofagasta se confirmó 6 años de presidio efectivo para Rómulo Galleguillos por el homicidio calificado del activista socialista Juan Matulic cometido por carabineros de la comisaría de Calama el 16 de octubre de 1973.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081216/pags/20081216220505.html

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Conflicto Endesa - Colbún "Hidroaysén": Parlamentarios exigen que se investiguen actuaciones de Intendente y de Conama 17-12-08

17 December, 2008

Conflicto Endesa - Colbún "Hidroaysén": Parlamentarios exigen que se investiguen actuaciones de Intendente y de Conama

Ante posibles irregularidades durante sesión de Corema del 7 de noviembre de este año./ "Fue un acto irregular y no descartamos que también ilegal" señaló ayer en una conferencia de prensa el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia Marcelo Castillo, sobre decisión por sí y ante sí del intendente de elaborar Icsara y su consecuente envío a HidroAysén.
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vidawww.aisenreservadevida.cl
Los cuestionamientos se dirigen al intendente Selim Carrasco y al director de la Conama José Pablo Sáez.
Un total de 19 diputados más un senador solicitarán a la Contraloría General de la República que inicie una investigación sumaria a la luz de los vicios de irregularidad que tendría el procedimiento mediante el cual el intendente y presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Aysén Selim Carrasco decidió la elaboración de un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) al "Proyecto Hidroeléctrico Aysén" y su consecuente envío al titular. El requerimiento cuestiona el actuar de la autoridad regional y también del director regional de la Conama, José Pablo Sáez, en su calidad de secretario técnico de la Corema, quien en la práctica permitió que se cometiera un acto, en entender de los recurrentes, no ajustado a derecho.
"Fue un acto irregular y no descartamos que también ilegal" señaló ayer en una conferencia de prensa el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia Marcelo Castillo, quien recordó que durante la sesión de la Corema del 7 de noviembre pasado el intendente tomó unilateralmente la cuestionada decisión, sin que existiera votación y/o deliberación de dicho organismo colegiado. A esto se agrega que dejó de lado las observaciones críticas de más de un tercio de los organismos públicos con competencia ambiental sectorial que expresaron en sus respectivos informes que el EIA de HidroAysén carecía de información esencial y relevante para su evaluación y, por tanto, conforme al artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debía ser rechazado. Incluso esta importante información no fue entregada a los miembros de la Corema en la sesión del 7 de noviembre, con lo cual en la práctica el secretario técnico del organismo habría omitido importante información a los integrantes de dicho cuerpo colegiado.
Por su parte el diputado Enrique Accorsi reveló una carta del 28 de noviembre pasado en la cual el director de la Conama regional reconoce mediante un certificado que no existió votación alguna para adoptar dicha medida pese a que el intendente Selim Carrasco aseguró públicamente el 10 de noviembre que la decisión de elaborar el Icsara y enviarlo a la empresa "fue acordado por unanimidad de todos los miembros de la Corema".
La idea es que luego de la investigación sumaria sobre la legalidad de los procedimientos, se instruya un sumario administrativo para establecer las responsabilidades correspondientes. El requerimiento de los congresistas será ingresado dentro de las próximas horas.
Parlamentarios Patrocinantes
Respaldan la solicitud los diputados Denise Pascal, Alfonso De Urresti, Marcelo Díaz, Fernando Meza, Patricio Vallespín, Roberto León, Álvaro Escobar, Guido Girardi Briere, Enrique Accorsi, Guillermo Ceroni, Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Osvaldo Palma, Alejandro García Huidobro, Marcos Espinosa, Jaime Quintana, Francisco Chahuán, Jaime Mulet y Antonio Leal. También hizo lo propio el senador Guido Girardi.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3579

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Villarrica: Inauguran Paseo Memorial para recordar a víctimas de la dictadura 17-12-08

17 December, 2008

Villarrica: Inauguran Paseo Memorial para recordar a víctimas de la dictadura

El sábado recién pasado se inauguró en Villarrica el PASEO MEMORIA HERIDA, espacio-símbolo dedicado a las 38 víctimas del sector lacustre precordillerano de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe y Liquiñe. / El Paseo está constituido por el área que ocupa el Memorial, en el cual están grabados los nombre de las víctimas y el antiguo puente de acceso a Villarrica, el que fue intervenido con la obra de arte
Gentileza: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

INAUGURACIÓN MEMORIAL DE VILLARRICA

El sábado recién pasado se inauguró en Villarrica el PASEO MEMORIA HERIDA, espacio-símbolo dedicado a las 38 víctimas del sector lacustre precordillerano de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe y Liquiñe.

El Paseo está constituido por el área que ocupa el Memorial, en el cual están grabados los nombre de las víctimas y el antiguo puente de acceso a Villarrica, el que fue intervenido con la obra de arte que resultó ganadora del Concurso Público nacional a que se llamó el año 2007.

La ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de cientos de personas, de autoridades regionales y locales y gran cantidad de familiares de las víctimas, que llegaron desde diferentes puntos del país y del extranjero, alcanzó gran emotividad y solemnidad y durante su desarrollo hubo presentaciones musicales, ballet y se escuchó las intervenciones del representante del CINPRODH, de la Encargada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y de una representante de los familiares.

Concluida la ceremonia propiamente tal, se dio paso al siguiente momento de la jornada, que consistió en la bendición del Memorial, la que estuvo a cargo de un pastor evangélico, de un sacerdote católico y del obispo del Vicariato Apostólico de la Araucanía. Inmediatamente de concluida la bendición, los familiares, a quienes previamente se les había entregado una flor, la depositaron a los pies del Memorial, viviéndose allí instantes de gran emoción y recogimiento.

Después de ello, todos los asistentes, que superaban los trescientos, se dirigieron al puente para proceder a lanzar flores al río Toltén, como señal de homenaje a todos los caídos, en particular a quienes encontraron en ese río su tumba definitiva. Momentos después se encendieron velas y se procedió a encender la iluminación especial del puente, ocasión en que se pudo apreciar la belleza de la obra de arte que lo intervino, lo que causó un profundo impacto entre todos los presentes.

La obra inaugurada, que se inscribe en la línea de trabajo “rescate de la memoria histórica”, definida por el CINPRODH, fue el resultado del compromiso contraído en el año 2003, entre nuestro Organismo, el Ministerio de Obras Públicas y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Concluida la jornada, ya avanzada la noche, muchos de los asistentes y en particular los familiares de las víctimas que con el Paseo Memoria Herida se honra, expresaron su emoción y agradecimientos al CINPRODH por el valioso aporte hecho y las esperanzas desplegadas que hicieron lo que para ellos en un comienzo era sólo un anhelo, un sueño; anhelo y sueño que el sábado 13 vieron convertidos en una hermosa realidad.

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.

Temuco, 16 de diciembre de 2008.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3577

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Observatorio ciudadano condena categóricamente violencia que derivó en la muerte de una persona en Temucuicui 17-12-08

17 December, 2008

Rechazan hechos de violencia en Temucuicui e instan al estado chileno a asumir su reponsabilidad política en estos sucesos

En declaración pública el observatorio ciudadano condena categóricamente violencia que derivó en la muerte de una persona en Temucuicui, solicita al Ministerio Público la realización de una investigación abierta, justa e imparcial, que se respeten los principios del debido proceso y llama a las autoridades del estado asumir su responsabilidad por el clima de beligerancia, dando solución al problema de tierras allí existente.

Declaración Pública

RECHAZA HECHOS DE VIOLENCIA EN TEMUCUICUI E INSTA AL ESTADO ASUMIR SU REPONSABILIDAD POLÍTICA EN ESTOS SUCESOS

En estos días se vive un clima de grave división y enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla en la Araucanía, que resulta preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos.

Dicha situación se ha traducido en una serie de actos de violencia que han afectado a la Comunidad Ignacio Queipul y la Comunidad Autónoma de Temucuicui que la conforman, actos frente a los cuales los afectados han reaccionado inculpándose recíprocamente.

Solo en el mes de diciembre han ocurrido diversos hechos de violencia no esclarecidos, entre los cuales se encuentran el baleo al dirigente Daniel Queipul Millanao de la comunidad Ignacio Queipul, ocurrido el 6 de diciembre pasado, y la muerte del joven Juan Patricio Cruz Makna, quien se encontraba en Temucuicui brindando su apoyo a los miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, como consecuencia de un disparo de revolver el domingo 14 de este mes.

El Observatorio Ciudadano condena categóricamente tales hechos de violencia, y manifiesta su mayor consternación ante aquel que derivó en la muerte de una persona.

Es por ello que solicitamos al Ministerio Público la realización de una investigación abierta, justa e imparcial, tras la cual, y previo a un juicio en que se respeten los principios del debido proceso, se identifiquen y castiguen a los responsables de estos hechos con la sanción que contempla la Ley.

No podemos, sin embargo, dejar de señalar la responsabilidad que cabe al Estado en la situación de descomposición de esta comunidad. Desposeída en el pasado de sus tierras ancestrales, hoy dicha comunidad se ve fragmentada por una política pública ambigua que genera expectativas en los diversos sectores que la integran respecto a la restitución, a través del fondo de tierras, de los territorios que en el pasado les pertenecieran.

Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad por el clima de beligerancia que actualmente se vive en Temucuicui, dando una pronta solución al problema de la tierra allí existente, realizando para ello una urgente mediación entre las partes en conflicto, y asegurando la protección de la comunidad a objeto de que estos hechos no vuelvan a repetirse.

Observatorio Ciudadano

15 de diciembre de 2008.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3576
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Preocupa la seguridad de menores mapuche 17-12-08

17 December, 2008

Preocupa la seguridad de menores mapuche

Amnistía Internacional está preocupada por la reciente ola de violencia policial hacia mapuches menores de edad, en las comunidades de Esteban Yevilao, en Tirúa y de José Guiñón, en Ercilla.

La cifra de niños víctimas sigue en aumento: en la comunidad “Esteban Yevilao” –según informes- Carabineros allanaron una vivienda y amenazaron a cuatro niños apuntándolos con armas; o cuando una niña de siete días de vida resultó intoxicada con una bomba lacrimógena lanzada al interior de su vivienda.

Equipo de Prensa & Medios
Amnistía Internacional - Chile

Ambas regiones cuentan con una alta presencia policial. Amnistía Internacional ha recibido noticias de una aparente “militarización” de las comunidades a causa de actividades desproporcionadas de control del orden público, y el uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos mapuche. Mientras que Amnistía Internacional reconoce el deber del Estado de hacer frente a actos delictivos, enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos y sin recurrir a fuerza excesiva o uso de legislación inapropiada.
Chile ratificó la Convención del Niño que establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. El Estado de Chile tiene la obligación de proteger y velar por los derechos de todos los niños y niñas en Chile.
Amnistía Internacional recuerda al Gobierno, algunas de las recomendaciones presentadas a la Presidenta Bachelet en noviembre 2008:
Asegurar que las actividades policiales en las comunidades indígenas se atengan a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y también que mecanismos eficaces sean aplicados para investigar quejas sobre el uso de fuerza excesiva.
Trabajar de forma constructiva con los pueblos indígenas para avanzar en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que éste instrumento consagre, refuerce y no plantee detrimento de las normas internacionales existentes para la protección de sus derechos, como la declaración adoptada recientemente por las Naciones Unidas.

INFORMACIÓN RELACIONADA

12 December, 2008 / ¿Y Los Derechos de los Niñ@s? Las víctimas del conflicto estatal chileno en territorio Mapuche / Pese a que ha transcurrido más de un mes del allanamiento a la familia Parra Cárilao, de la comunidad Esteban Yevilao en la comuna de Tirua en la Octava Región, los hermanos Paola (13) y Daniel (10) y sus hermanitos Fernanda (7) y Norberto (4), recuerdan con claridad cómo los amenazaron... / "con que Si no decíamos la verdad, nos llevaban a la mamá presa y a nosotros a un hogar de menores”, señalan. Amenazas que no fueron solo verbales, pues se usaron armas contra ellos.... / LEER MÁS.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3558
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Por celos habrían matado al anarko en Temucuicui 18-12-08


En un comienzo, el Juzgado de Garantía de Collipulli dejó en libertad a Jorge Huenchullán (derecha). Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco decretó después su prisión preventiva. Foto: UPI
Jueves 18 de diciembre de 2008

Por Claudio Leiva Cortés / La Nación

Fiscalía de Angol no cree versión de accidente de los hermanos Huenchullán

Por celos habrían matado al anarko en Temucuicui

Dirigentes de la polémica comunidad mapuche quedaron en prisión preventiva por el homicidio del joven Juan Cruz Magna. Al parecer, se propasó con la mujer de Omar Huenchullán y éste lo asesinó cuando bebían vino.

Los celos serían el motivo para el asesinato del joven anarquista en la localidad mapuche de Temucuicui, según la Fiscalía de Angol. Sin embargo, los imputados Jorge y Omar Huenchullán Cayul afirman que fue un accidente. Los dos quedaron ayer en prisión preventiva.
Los hermanos Huenchullán son dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y en principio negaron su participación en la muerte de Juan Cruz Magna (26). Sin embargo, el martes en la noche, Omar (27) confesó que se le escapó el tiro mortal cuando manipulaba su escopeta.
Según su versión en la madrugada del domingo pasado, los tres bebían vino en su casa de la comunidad, donde guarda una escopeta para defenderse. Mientras se la mostraba al joven simpatizante con la causa mapuche, se le disparó accidentalmente.
Después de eso, inventaron que ellos habían encontrado el cadáver en la puerta de su casa al regresar ambos en la mañana. Sin embargo, dos muchachas declararon posteriormente que estuvieron bebiendo con los tres hasta las cinco de la madrugada en la casa de Omar Huenchullán.
El fiscal César Shivar, que no cree en la versión del accidente, los formalizó por homicidio simple. La jueza de Garantía de Collipulli, Patricia Seguel, decretó ayer prisión preventiva para Omar Huenchullán, pero dejó en libertad a Jorge, aunque con arresto nocturno domiciliario.
Vía correo electrónico, el fiscal Shivar recurrió a la Corte de Apelaciones de Temuco, que decretó la prisión preventiva de Jorge Huenchullán (28). Ambos quedaron recluidos en la cárcel de Angol. El tribunal de Collipulli fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación.
EL MÓVIL
Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía de Angol es que Juan Cruz Magna, un punk-anarquista de San Bernardo, le hizo insinuaciones más que amistosas a la pareja de Omar Huenchullán, lo que provocó los celos del dirigente mapuche.
El fiscal Shivar dijo que la versión del accidente es muy poco creíble, después de las múltiples contradicciones en que cayeron los hermanos. Se preguntó por qué se demoraron tanto en avisar a la policía, si como ellos dicen se trataba de un accidente.
Otro aspecto a tomar en cuenta, según el fiscal, es que la escena del crimen fue limpiada completamente. En la casa de Omar Huenchullán no había rastros de sangre ni de la ingesta de vino.
De acuerdo con los peritajes de la Brigada de Homicidios, el cadáver de Cruz Magna presentaba una herida que se efectuó a 20 centímetros de distancia. El proyectil entró por el ojo izquierdo y salió por la nuca. Según los policías, la lesión es de tipo homicida y no accidental.
En cuanto al arma homicida, Omar Huenchullán dijo que es una escopeta calibre 26 que él arrojó a unos pastizales, pero no recuerda dónde específicamente.


Destrozan auto de intendenta en Temuco


Con destrozos quedó el automóvil de la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, después de violentos incidentes que comuneros mapuches protagonizaron ayer en el centro de Temuco.

La manifestación se realizó en apoyo a la idea de autogobierno mapuche que propone el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.


Los comuneros se dirigieron hasta el edificio de la Intendencia, donde efectivos de Carabineros trataron de impedir la marcha. En el lugar, una mujer rompió el parabrisas del vehículo oficial con un golpe de coligüe. Tras el incidente, ocho comuneros fueron detenidos.



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Seminario del general Cheyre - El hilo de la madeja 28-07-08

Seminario del general Cheyre

El hilo de la madeja


por Iván Ljubetic Vargas

Martes 7 de diciembre de 2004. Lugar: aula magna de la Escuela Militar. Título: “Ejército y derechos humanos: compromiso para el siglo XXI”. Seminario organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones del ejército. Autor: general Juan Emilio Cheyre. Participantes: Hernán Larraín (UDI), presidente del Senado; Andrés Allamand, ex presidente de Renovación Nacional; Ricardo Núñez, senador PS; Jaime Ravinet (DC), ministro de Defensa; Luis Bates, ministro de Justicia; Jorge Burgos, diputado DC; José Zalaquett, abogado; Luis Amunátegui, miembro de la comisión Valech y el propio general Cheyre.
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28 de julio de 2006

Guerra de baja intensidad y represión sociopolítica

La Tercera (miércoles 8) resumió el evento: “Un cerrado respaldo al general Juan Emilio Cheyre y una seguidilla de mea culpa marcaron ayer la agenda del seminario”.

¿Qué es lo que aplaudieron de pie y respaldaron los representantes de los tres poderes del Estado, de la Iglesia, de los partidos de la Concertación y de la derecha? ¿Acaso su afirmación de “la desazón que existe en el ejército por los recientes fallos judiciales, en especial por la decisión de la Corte Suprema de validar la tesis jurídica del “secuestro permanente”? ¿O el apoyo que presta el ejército a sus “ex camaradas de armas que hoy sufren prisión, están sometidos a procesos o a aquellos que no les ha sido aplicada la prescripción y la amnistía”? ¿O la echada para atrás de lo planteado en su documento Ejército de Chile: el fin de una visión, de 5 de noviembre de 2004, cuando sostuvo:


“El ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” y que en el seminario cambió a que las responsabilidades son individuales y que sus palabras habían sido mal interpretadas?

¿Todos somos culpables?

El UDI Hernán Larraín, presidente del Senado, representó al resto de los invitados al intervenir: “Nadie puede decir que no tuvo responsabilidad en el quiebre institucional de 1973”. Que esto lo afirme un pinochetista, pasa. Pero que lo acepte un senador del partido en que militó Salvador Allende es inconcebible. Es el caso de Ricardo Núñez, parlamentario socialista. Afirmó en el seminario: “Desde nuestra perspectiva, qué duda cabe, hicimos una lectura equivocada de la situación. No entendimos el rol de la ideología de un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la ‘vía chilena al socialismo’, que no quería seguirnos en nuestra propuesta de cambio, que deseaba seguridad por sobre el salto histórico que pretendíamos... La prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas, a la que llamaba Salvador Allende, no fue escuchada por nosotros... La vida política se había degradado a un extremo inimaginable... Quienes tenían responsabilidad de impedirlo no lo hicieron o no tuvieron la fuerza para hacerlo. Soy de los que creen que no hubo voluntad suficiente... Que la vida en sociedad se había hecho malsana... El golpe de Estado se hizo inevitable”.

No hay duda que este invitado fue bien elegido. Cumplió el rol asignado. Los golpistas, según sus conceptos, fueron obligados a intervenir. El senador Núñez no hizo sino repetir aspectos de la declaración de la mesa de diálogo del 13 de junio de 2000: “Chile sufrió a partir de la década del 60 una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar... Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973”.

Mea culpa. ¿En nombre de quiénes?

Según Fernando Paulsen (Ultima mirada, Chilevisión, martes 7), el senador Ricardo Núñez hizo en ese seminario una autocrítica por la Unidad Popular.

La Tercera (miércoles 8) sostiene que el parlamentario socialista había hecho un “reconocimiento de la responsabilidad que tuvo la Izquierda en la crisis institucional que vivió Chile en 1970 (sic)”. ¿Lapsus del diario derechista?

Si Ricardo Núñez empleó el “nosotros” para referirse al PS, Mapu-Garretón y parte de la Izquierda Cristiana, tuvo razón al plantear en la Escuela Militar eso de que “hicimos una lectura equivocada” y que “la prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas, a la que llamaba Salvador Allende, no fue escuchada por nosotros”. Pero otras afirmaciones, que justifican el golpe, no corresponden a la verdad y son inaceptables para las víctimas de los atropellos a sus derechos humanos. Escuchemos a un testigo de excepción sobre los hechos que precedieron al golpe fascista y cuyo pensamiento no estuvo presente en el seminario. Nos referimos al general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del ejército, quien escribió en sus Memorias, refiriéndose a junio de 1973:
“En el seno del gobierno, se retornó nuevamente a la pugna entre duros y moderados que surgiera entre mayo y septiembre de 1972. El Partido Socialista, el sector de Garretón del Mapu, parte de la Izquierda Cristiana, apoyados ‘extraoficialmente’ por el MIR, insistieron en la tesis voluntarista de la movilización de masas y del fortalecimiento del presidencialismo... El Partido Comunista, la fracción del Mapu liderada por Gazmuri, un sector de la IC, el API y el Partido Radical, sostenían la tesis de llevar a la práctica un ‘programa de emergencia económica’, bajo una ‘dirección única, oportuna y eficiente’, compartida por el gobierno, la Unidad Popular, la CUT y las Fuerzas Armadas”.

¿Cuándo y quiénes crearon la crisis institucional?

Luis Corvalán, en un artículo publicado por El Siglo el 11 de mayo de 1973 y repetido el 20 de ese mes, señaló:
“Observamos con preocupación el hecho que en el país se abre camino una división que no corresponde a los verdaderos intereses de clase que están en juego y, por eso, pensamos útil cualquier contribución dirigida a desarrollar el diálogo que permita el debate político creador, se subentiende que entre los chilenos que no quieren derramamiento de sangre y sin perjuicio de que unos estén firmes con el gobierno y otros en la oposición”. Adonis Sepúlveda escribió en 1975, refiriéndose a la conducta de su partido, el PS, durante el gobierno de Salvador Allende: “Los socialistas, conscientes de que cualquiera debilidad nuestra, aparente o real, estimula al adversario y desanima a las masas trabajadoras, nos hemos opuesto permanentemente a las actitudes de conciliación con los enemigos de clase, como sucedió con ocasión de las conversaciones celebradas con la Democracia Cristiana, en 1972”.

El general Prats relató en sus Memorias:
“El viernes 3 de agosto de 1973, es un día también histórico: en esa fecha, (Patricio) Aylwin desahució el diálogo con el gobierno, abriendo así las compuertas de la más grave crisis institucional de la historia de Chile. Sin embargo, el presidente Allende no perdió la esperanza de evitar una solución de fuerza y pidió a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros que integrásemos el gabinete que denominó de ‘Seguridad Nacional’... Nos asignó los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Defensa Nacional y Tierras y Colonización, más que todo como un símbolo de su apertura a un entendimiento político con la oposición. Esta no quiso recibir el mensaje y apoyó una nueva huelga de los transportistas, dispuestos a no cejar hasta que cayera el régimen de Allende”.

En otra parte de su libro, el general Prats recuerda que “paralelamente a mi renuncia del 23 de agosto (de 1973), se hacía público el manifiesto de la Cámara de Diputados que denunciaba la inconstitucionalidad del gobierno”. Con esa fecha la mayoría derechista-democratacristiana aprobó un proyecto de acuerdo presentado por el PDC. Se le consideró como la luz verde para el golpe.

El 11 de septiembre de 1973 escribió Carlos Prats: “Me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios, presintiendo, con horror, cuánta sangre se derramará entre hermanos. La tenaz lucha sostenida para impedir que el ejército se dejara arrastrar a la destrucción de su profesionalismo institucional, ha sido estéril... Pienso en la terrible responsabilidad que se han echado sobre sus hombros mis ex camaradas de armas, al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso del ejercicio pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad... Presiento que mis ex camaradas de armas jamás recuperarán en vida la paz de sus espíritus...”.

Más adelante se pregunta el general Prats: “¿Quiénes fueron los cerebros que los perturbaron hasta el paroxismo? ¿Mostrarán algún día sus rostros? ¿Desentrañará la historia la madeja diabólica de esta conspiración insensata en Chile cuyos instigadores -como siempre- permanecen en la penumbra?”.

El general Cheyre y los que intervinieron en el seminario, ¿vivieron en un Chile diferente?

Desentrañando la madeja
Algunos hablan mucho del contexto histórico. Entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 Chile vivió el período del gobierno popular presidido por Salvador Allende. Durante esos mil días se llevaron a cabo importantes cambios revolucionarios: nacionalización de las empresas de la gran minería, reforma agraria, estatización de la banca, etc. Estos significaron mejores condiciones para los trabajadores y capas medias. La cesantía, por ejemplo, disminuyó al tres por ciento. Se elevaron los sueldos y salarios. Se respetaron los derechos humanos. La violencia fue llevada a cabo por la oposición.

Las transformaciones económicas efectuadas -respetando la Constitución y las leyes- perjudicaron a las empresas transnacionales, a los latifundistas y a la oligarquía financiera. ¿A ellos se refiere el senador Ricardo Núñez cuando habla de “un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la ‘vía chilena al socialismo’”?

El informe Church, del Senado estadounidense, y los documentos desclasificados de la CIA han entregado innumerables datos sobre la intervención extranjera para impulsar, financiar y dirigir las acciones subversivas contra el gobierno de Allende y para la preparación del golpe.

Por ejemplo, el informe Church señaló: “En una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité de los 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para la oposición chilena. La mayor parte de este dinero fue para el PDC, pero una parte sustancial fue destinada al Partido Nacional”.

¿Cuáles fueron los objetivos del seminario?

Hay un factor sumamente importante para los gestos más recientes del ejército y de su comandante en jefe: el informe Valech. A pesar de sus limitaciones, éste ha sido un documento de enorme repercusión en amplios sectores de la población, impactados por los horribles testimonios de las víctimas de las torturas.

No es casual que el general Cheyre, que tuvo acceso al informe Valech antes que lo diera a conocer el presidente Lagos, publicara el 5 de noviembre su documento Ejército de Chile: el fin de una visión. Tampoco fue casualidad la realización del seminario (ni tampoco la fecha de la detención de Galvarino Apablaza, en Argentina). Entonces, un primer objetivo del seminario es amortiguar los efectos del informe Valech, que muestra la siniestra actuación de integrantes de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército.

Un segundo objetivo es continuar la línea de la mesa de diálogo en la creación de las condiciones para la impunidad de los violadores de los derechos humanos. En su intervención el general Cheyre planteó “los cuatro supuestos básicos que deben darse para que el compromiso asumido por el ejército en materia de derechos humanos sea viable”.

¿Cuáles son las condiciones impuestas por el ejército a todo el país?

1) “Lograr mirar desde otra perspectiva a aquellos militares que cometieron los abusos”. ¿Desde cuál, general Cheyre? Si cometieron crímenes, ellos son criminales.

2) “Tratar de encontrar una respuesta que impida que el país siga atado a los hechos de 1973 y antes”. ¿Olvidar los “hechos” del 73? ¿Se pueden comparar los crímenes de la dictadura con lo ocurrido durante el gobierno de Allende?

3) “Priorizar la ‘reconciliación’ como un valor nacional por sobre las disputas que se están produciendo sobre las responsabilidades del pasado”. O sea, ¿perdonar y olvidar? ¿Y la verdad y la justicia no importan en aras de la ‘reconciliación’?

4) Que el ejército “se solidifique en sus roles profesionales”. Objetivo, que según Cheyre, “se ha conseguido a plenitud”.

En otra parte de su discurso, el general Cheyre -según sostiene La Tercera del miércoles 8 de diciembre- “dejó entrever la tarea pendiente que les corresponde a los otros poderes del Estado (sic) y a la clase política para avanzar en la reconciliación”.

No se equivoca La Tercera. El comandante del ejército señaló: “¿No habrá poderes que podrían asumir tareas que le son indelegables?”. Ya están notificado el Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial. A propósito de este último deslizó una crítica a la Corte Suprema, por haber rechazado aplicar el decreto ley de amnistía. En el mismo sentido dijo: “Exhorto a ese personal (los efectivos del ejército responsables de la desaparición de detenidos políticos) a contribuir con toda la verdad que pudiesen poseer en los procesos de que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y la data de muerte de personas desaparecidas, que permita acreditar qué pasó con aquellos compatriotas de los cuales desconocemos precisamente aquello que brinda tranquilidad a sus deudos, libera las conciencias de quienes son responsables de sus muertes -que son muertes y que me parece incuestionable, dado el tiempo transcurrido- y lleve a los tribunales a aplicar la legislación vigente”. O sea, a aplicar el decreto ley de amnistía. La misma argumentación de Clara Szczaranski, que es la del gobierno, pues ella no fue “trasladada” -como se hizo con el funcionario de Investigaciones responsable de la detención de Galvarino Apablaza- luego de plantear la necesidad de aplicar la amnistía.

Un tercer objetivo del seminario: mostrar la unidad nacional hacia la “reconciliación”. Sólo perturbada por algunos marginales. Se preguntó Cheyre: “¿No seguirán existiendo grupos que tras sus propios objetivos, muchos legítimos, están obstaculizando un proyecto de futuro?”. Pero la mayoría de los chilenos -según el general Cheyre- apoya ese proyecto reconciliador: “La presencia de todos los sectores en la Escuela Militar debía constituir un símbolo de unión entre civiles y militares, con el solo objetivo de alcanzar la unidad entre todos”.

Y el eco vino desde La Moneda. Francisco Vidal, vocero del gobierno, señaló -tajante como siempre-: “Lo ocurrido en la Escuela Militar fue un hito. Hace 31 años fue un recinto de detención (ahora) es un lugar de reencuentro de todos los sectores políticos para tratar el tema de la violación de los derechos humanos”. Un detenido allí, en 1973, no concurrió al seminario: Luis Corvalán Lepe

Iván Ljubetic Vargas
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JORNADA ECUMÉNICA - COMISIÓN DE ABOGADOS POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA, COLEGIO ABOGADOS BUENOS AIRES " 17-12-08


Jornada Ecuménica

Se realizó el 17 de diciembre en el salón Auditorio del Colegio Público.



LONCÓN MELLADO LORENZO - LONCÓN BELMAR LORENZO

Con la presencia de integrantes de diversos credos se realizó el encuentro ecuménico organizado por la Comisión de Abogados por la Paz y la No Violencia.


Eduardo Awad integrante de la nueva Comisión inauguró el evento.

Participaron como oradores el Rabino Guido Cohen (Fundación Judaica)

Kissag Mouradian (Iglesia Apostólica Armenia)

Vicario Patriarcal Arzobispo Matti Abd Alahad (Iglesia Siriana Ortodoxa en Argentina)

Pastor Héctor Caldiero (Jesucristo es un Estilo de Vida)

Padre Fernando Gianetti (Responsable del Ecumenismo de la Arquidiócesis de Buenos Aires de la Iglesia Católica Romana)

Dr. Sumer Noufouri (Centro Islámico de la República Argentina)

Oscar Fernández (Responsable de la División de Señores de Soka Gakkay)

Lorenzo Loncon Belmar (Comunidad Mapuche de Neuquén)

Bernabé Montellano (Consejo Kolla de Iruya)

David Sarapura (Comunidad Indígena del Pueblo Kolla de Tinkunaku)

Los oradoresGuillermo Fanego, Secretario General del Colegio de Abogados, agradeció la presencia de todos los convocados a la jornada y expresó que es necesario recuperar a nuestros pueblos originarios.




LONCÓN MELLADO LORENZO - LONCÓN BELMAR LORENZO ENTREGAN LA BANDERA DE LA NACIÓN MAPUCHE PARA PERMANECER EN EL COLEGIO DE ABOGADOS BUENOS AIRES.


“Nuestra tarea a través de ustedes es transmitir la idea de crear lazos de unión en el contexto de la paz y la no violencia”.

Guillermo Fanego y los integrantes de los Pueblos Originarios
El cierre del encuentro estuvo a cargo del Coro del Colegio Público de Abogados, bajo la dirección de Bernardo Teruggi quienes interpretaron “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez y un villancico navideño. El Coro del CPACF











JORNADA ECUMÉNICA -


COMISIÓN DE ABOGADOS POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA, COLEGIO ABOGADOS BUENOS AIRES " 17-12-08







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