miércoles, 22 de octubre de 2008

Las comunidades tienen el derecho de regresar al territorio de su pueblo

Las comunidades tienen el derecho de regresar al territorio de su pueblo

Fernando Kosovsky integra el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) y asumió el patrocinio del “Lof Inkayal Walmapu Mew”. Antes de llevar a cabo su acción, la comunidad había hecho presentaciones en la APN y el INAI. El abogado del “Lof Inkayal Walmapu Mew” señaló además que retornar es un derecho que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reconoce a los pueblos indígenas. La Argentina hizo operativos esos derechos a través de la Ley 24.071, en plena vigencia.

Por Adrián Moyano / Foto: Avkin Pivke Mapu

La comunidad mapuche que se instaló en Ñirihuau Arriba había realizado sendas presentaciones antes de ingresar al predio en la sede capitalina de la Administración de Parques Nacionales (APN) y también en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El abogado del “lof Inkayal Walmapu Mew” señaló además que retornar es un derecho que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reconoce a los pueblos indígenas. La Argentina hizo operativos esos derecho a través de la Ley 24.071, en plena vigencia.

Fernando Kosovsky pertenece al Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) y asumió el patrocinio jurídico de los mapuches que recuperaron un espacio territorial en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH). La estrategia consiste en “promover el respeto del Estado a los derechos que los pueblos tienen para concretar estas acciones. Lo hemos traducido en la práctica en una presentación que se ha realizado el viernes, previa a que se concretase la recuperación, donde le pedíamos a la APN y al INAI que reconociesen al lof (comunidad) Inkayal Walmapu Mew como parte integrante del pueblo mapuche, con derecho a reivindicar y ser reconocida como poseedora comunitaria de esas tierras que tradicionalmente ocupa”.

Kosovsky polemizó con los dichos que diera a conocer Juan Salguero, el intendente del PNNH. “Según los comentarios que ha realizado el intendente del Parque, evidentemente ignoraba que hay una reivindicación formal y escrita, seguramente por la incomunicación que existe en la burocracia del organismo, que depende de la Secretaría de Turismo de la Nación. Además, el derecho a regresar está consagrado en el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que permite a los pueblos retornar a los lugares que ocuparon tradicionalmente. No habla de personas o de comunidades, habla de pueblos”, subrayó el abogado.

A propósito, recomendó “tener en cuenta la historia de estas personas, que está muy bien explicada en sus propias palabras. Nosotros siempre tratamos que la gente y las familias puedan plasmar sus historias y trayectos de vida para que el Estado pueda entender la situación de despojo que él mismo promovió, en este caso, en las familias que integran el lof Inkayal Walmapu Mew. En algunos casos, fue el ejecutor de algunos despojos territoriales y eso determinó que las personas que hoy lo integran, terminasen radicándose en barrios periféricos de San Carlos de Bariloche, pero nunca abdicaron de su identidad perteneciente al pueblo originario. Tampoco de su derecho de retornar al territorio de su pueblo, por eso es muy interesante destacar que la reivindicación no se limita a que los reconozcan a ellos como comunidad, sino que se reconozca que ese lugar es territorio mapuche”.

Estrategia violatoria

El integrante del GAJAT sostuvo que “la estrategia del intendente es manifiestamente violatoria de los derechos del pueblo mapuche, ha sido salir a individualizar el conflicto, inclusive con el reconocimiento de un poblador. Por más años que tenga el Parque Nacional, la existencia del Parque en sí es violatoria del derecho del pueblo a ser titular de ese territorio. Será el pueblo en un trawün o asamblea, de acuerdo a la cultura propia de ese pueblo, la que determine la forma de ocupación de ese lugar. El Estado tendrá que abstenerse de afectar el derecho de ocuparlo. En forma tradicional significa que no interesa cuanto tiempo haya transcurrido de esa ocupación, sino que reproduzca la forma y los valores propios de esta cultura diferente y preexistente, que es la cultura del pueblo mapuche. Eso es lo que está sucediendo en el Parque Nacional Nahuel Huapi”, insistió Kosovsky.

Por otro lado, según el relato del abogado, la “visita” de los guarda-parques no fue precisamente cordial. “El Estado no sólo tiene la obligación de respetar esa ocupación tradicional, sino que tiene que protegerla de la afectación de terceros y de propios. Este fin de semana, dos guarda-parques se presentaron en un vehículo a toda velocidad, asustando a los niños de la comunidad y amedrentando a algunos integrantes. Pretendieron identificarlos en forma prepotente y un chico entró en pánico en ese momento, entonces les pidieron si se podían encontrar no en el lugar donde están asentadas las personas, que es su domicilio por más precario que fuese, sino en la seccional, que es a muy pocos metros para poder dialogar, conversar tranquilos y explicar que había habido una recuperación. Pero estas personas no querían retirarse y se dio una situación bastante tensa”.

Para el abogado, se trata de un caso de doble rasero. “Ese tipo de presencia es el signo de los tiempos: en el discurso y en las proclamas que hace el organismo de Parques Nacionales, se habla del respeto a los pueblos originarios pero en la práctica, vemos que su personal no está capacitado e ignora los derechos que tienen hoy los pueblos. También ignora la carga simbólica que significa presentarse con un uniforme y entrar a toda velocidad, atropellando un lugar donde viven familias y hay niños, para esas familias que han sido despojadas justamente, en gran medida por Parques Nacionales. Hoy, los guarda-parques representan para gran cantidad de familias de pueblos originarios, al opresor. Esa figura tiene que ser asumida por el Estado, porque es lo que ha asumido en 1994, con la reparación histórica. Debe revertir esa historia a través del respeto”, sugirió.

Gestionan traspaso de tierras para el barrio Intercultural de San Martín (20-10-08)


20.10.2008

Gestionan traspaso de tierras para el barrio Intercultural de San Martín

El lote 27 que se quiere transferir a la comunidad mapuche Curruhuinca para este proyecto, está en manos de Parques Nacionales.

El lote 27 que se quiere transferir a la comunidad mapuche Curruhuinca para este proyecto, está en manos de Parques Nacionales.San Martín de Los Andes> Continúan las gestiones para la puesta en marcha del mentado barrio Intercultural en la localidad. Ahora, la intención es lograr el traspaso del denominado lote 27 que está en jurisdicción de Parques Nacionales a manos de la comunidad mapuche Curruhuinca.Allí sería construido el “Proyecto Barrio Intercultural medioambientalmente sustentable lote 27”, que fue declarado de interés institucional por el directorio de Parques Nacionales.La iniciativa comprende alrededor de 5 mil hectáreas en el paraje Trompul -camino a Hua Hum- y procura contar con un proyecto de ley nacional. De esta manera, se busca descomprimir la “emergencia habitacional” declarada por el Concejo Deliberante, que afecta a la población aborigen y de escasos recursos en la localidad. En efecto, unas 2.500 familias no cuentan con una vivienda digna, según se desprende del registro único del Municipio. El proyecto fue declarado de interés municipal y contempla la construcción de 250 viviendas con fondos de Nación bajo el sistema de propiedad comunitaria.La idea surgió en 2004 y fue elevada por la Comisión de Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda Digna, al Comité de Gestión y Co-manejo del Parque Nacional Lanín.Este año, el proyecto fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante y se firmó un acta acuerdo con la comunidad mapuche Curruhuinca.
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2008/10/20/8080.php

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Pánico en mercados de Argentina (22-10-08)

22 de Octubre de 2008

Por estatización de los fondos de pensiones Pánico en mercados de Argentina

Todos coinciden en que la pésima reacción se debe a la escasez de detalles de la propuesta gubernamental anunciada por la presidenta Cristina Fernández, la cual fue rechazada por las principales fuerzas políticas de la oposición. "La reforma del sistema de jubilación puede ser una gran oportunidad, pero también un desastre", apuntan los expertos.

Por El Mostrador.cl

El pánico y el desconcierto se desataron hoy en el mercado de Argentina ante la perspectiva de que el Estado se quedará con una fuerte participación en empresas líderes con la nacionalización de fondos de jubilación privada prevista en la reforma del sistema de previsión social.A media jornada, la Bolsa de Buenos Aires llegó a caer más de un 17 por ciento y se disparó el índice riesgo país.En la cartera de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) hay inversiones por unos 3.280 millones de dólares en participaciones accionariales que van del 6 al 25,3 por ciento de 14 empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacaron a Efe agentes bursátiles exasperados por el derrumbe.Los operadores admitieron que no saben qué aconsejar a sus clientes cuando "todo se cae a pedazos", como exclamó uno de ellos.Los expertos aseguran que lo único previsible es una andanada de juicios contra el Estado y, eventualmente, contra los fondos de jubilación, en caso de que estos no presenten demandas por el drástico cambio impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández.El traspaso de la jubilación privada a la estatal propuesto al Parlamento el martes por Fernández no afecta a los activos de las diez AFJP del país, entre ellas varias de capital extranjero, sino a su negocio por el cobro de comisiones de gestión.Todos coinciden en que la pésima reacción del mercado se ve potenciada por la escasez de detalles de la propuesta gubernamental, que aplauden los sindicatos, rechazan las principales fuerzas políticas de la oposición y divide las opiniones de los expertos.Las inversiones de las administradoras pertenecen en "cuotas parte" a los 9,5 millones de personas afiliadas al sistema privado implantado por ley en 1994.Quienes "huyen" de las acciones en manos de las AFJP, entre ellas las de bancos y empresas de capital español, italiano y brasileño, no son las administradoras, a las que un juez prohibió el martes operar en el mercado durante siete días a raíz de la denuncia de un fiscal por presuntas maniobras especulativas.Nadie sabe qué pasará Las inversiones de las AFJP en títulos de empresas equivalen al 14 por ciento del total, mientras que otro 55 por ciento están en bonos soberanos argentinos que han caído hasta el 40 por ciento en promedio de su valor nominal, subrayaron los agentes bursátiles.Las acciones más golpeadas por esta crisis han sido las de Gas Natural Ban, controlada por Gas Natural de España, el argentino Banco Macro y Telecom Argentina, una sociedad de Telecom Italia con el Grupo Werthein local, entre otras de la cartera de inversiones de los fondos de jubilación privada."No hay nada que aconsejar a los inversores hasta que se aclare el panorama, este es un mal momento tanto para el mercado nacional como el internacional. La reforma del sistema de jubilación puede ser una gran oportunidad, pero también un desastre", apuntó Julio Bruni, de la sociedad bursátil Arpenta.Bruni sostuvo que si el Estado administra las acciones que ahora poseen las AFJP, "habrá poco interés del inversor extranjero" en esos títulos, que por su actual derrumbe "podrían ser una muy buena oportunidad" si fueran vendidos al mercado."Pero esto son sólo conjeturas: en el corto plazo habrá pérdidas generalizadas por la corriente vendedora" de esos títulos, insistió.Según medios locales, la reforma prevé que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tendrá autonomía económica y financiera y habrá cuanto menos una comisión de 12 legisladores para controlar los fondos de los jubilados.La ANSES "ya se ha convertido sin mayor control" en una de las mayores fuentes de financiación del Gobierno, subrayó el experto Aldo Abram, director de la consultora Exante, uno de los que rechaza "la confiscación del dinero" de los afiliados a la jubilación privada.Abram coincidió con otros especialistas y dirigentes opositores que sostienen que el Gobierno apunta a hacerse con fondos frescos para afrontar pagos de la deuda soberana por 20.000 millones de dólares que vencen el año próximo, entre ellos de títulos que poseen las AFJP.Los estudios de abogados coinciden en que una vez promulgada la reforma en enero próximo, según previsiones de fuentes oficiales, habrá 15 días de plazo para presentar demandas contra el Estado por "la confiscación" de las inversiones de los afiliados a la jubilación privada."Las AFPJ también serán demandadas, en caso de que no hagan sus propias demandas al Estado, ya que eso las convertiría en responsables solidarios de los daños y perjuicios", comentó Abram.
EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/panico_en_mercados_de_argentina

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Abogados brasileños piden revisión de la Ley de Amnistía de la dictadura (22-10-08)

22 de Octubre de 2008

Abogados brasileños piden revisión de la Ley de Amnistía de la dictadura

El pedido fue presentado ante el Tribunal Supremo Federal, cuyos jueces ya se han manifestado pública y mayoritariamente en contra de una posible revisión, que tampoco tiene el respaldo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La Orden de Abogados de Brasil pidió a la Justicia una revisión de una Ley de Amnistía dictada en 1979, que benefició a opositores de la dictadura que gobernaba entonces y hasta torturadores del régimen, informaron hoy fuentes oficiales.El pedido fue presentado ante el Tribunal Supremo Federal, cuyos jueces ya se han manifestado pública y mayoritariamente en contra de una posible revisión, que tampoco tiene el respaldo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.El documento presentado a la corte por la Orden de Abogados pide una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía, sobre todo en relación a "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".El asunto causó a mediados de este año una fuerte polémica, que surgió después de que el ministro de Justicia, Tarso Genro, pidiera castigo para todos los torturadores de la dictadura (1964-1985) beneficiados con la amnistía sancionada en 1979.Según Genro, ni siquiera esa ley exculpó a los responsables de crímenes como la tortura o la desaparición forzosa, que "son delitos comunes y no políticos", apuntó.El presidente del Supremo, Gilmar Mendes, le salió al paso al ministro y se manifestó en contra de investigar y juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía sólo produciría "inestabilidad institucional" en el país.La polémica causó malestar en sectores militares y fue zanjada por el propio Lula, quien en septiembre pasado afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en lugar de "hablar de quién practicó agresiones".Según Lula "los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido".EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/abogados_brasilenos_piden_revision_de_la_ley_de_amnistia_de_la_dictadura/

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Red de corrupción: la molestia de Investigaciones con la fiscal González (22-1008)



22 de Octubre de 2008

La trastienda de la crisis institucionalRed de corrupción: la molestia de Investigaciones con la fiscal González

El director de la PDI Arturo Herrera, dicen fuentes internas, está “dolido” con el Ministerio Público porque la fiscal González se llevó los créditos de una investigación que el Departamento Quinto inició en 2007 para identificar a los detectives involucrados en la red de corrupción judicial. El caso, además, tiene otras aristas, entre estas que uno de los policías detenidos es hermano de Ruby Morales Calquín, la ayudante del jefe de inteligencia Héctor Puga.



Por Jorge Molina Sanhueza



A su frustrada candidatura a la presidencia de la Interpol –donde se gastaron US$ 70 mil- y la tensión institucional por el caso de la red de corrupción judicial en la cual están involucrados diez detectives que fueron dados de baja el lunes pasado, el director de la Policía de Investigaciones Arturo Herrera, según fuentes policiales, suma la molestia por la forma en que el Ministerio Público destapó el caso el 17 de octubre pasado, posicionando a la fiscal Nancy González como la cara pública tras el desbaratamiento de la asociación delictual.
Diversas fuentes consultadas por El Mostrador.cl explican que la molestia de Herrera no pasa tanto porque la fiscal González se haya llevado todo el crédito de la indagatoria, sino porque al “correr con colores propios” dejó instalada comunicacionalmente la idea de que la institución carecía de información sobre los actos de corrupción que cometían estos detectives y actuó tardíamente en la indagatoria que permitió darlos de baja. Cuestión, explican, que no es cierta y que le tiene “dolido”, ya que afectaría uno de los objetivos de su administración: la transparencia y ética policial.El sumarioA mediados de 2007, Herrera y el alto mando de Investigaciones tomaron conocimiento de los vínculos de algunos detectives con la red de apoyo a delincuentes y encargaron las pesquisas al Departamento Quinto de Asuntos Internos (DV), responsable de asuntos internos. Además, se informó al Ministerio Público, razón por la cual se designó a la fiscal González, aseguran en la PDI.
Según estas versiones, Nancy González trabajó estrechamente con el Departamento Quinto y dio amplias facultades para investigar a los detectives sospechosos. Así fueron individualizando los policías involucrados en la red de corrupción judicial y en abril pasado se determinó el inicio de un sumario administrativo. Este sumario siguió su curso hasta que la fiscal González solicitó concluirlo, para proseguir con la investigación del Ministerio Público y evitar así posibles filtraciones. Por esta razón, cuando la fiscal González dio a conocer el caso públicamente, en la PDI hubo sorpresa y molestia, sobre todo de parte de Herrera, a quien le queda menos de un año a la cabeza de la PDI y siente el temor que la desbaratada red de corrupción sea lo último que quede de se gestión en la retina de la opinión pública.Sospechas de inteligenciaLo anterior no es el único flanco de preocupación de Herrera. El vínculo hasta ahora desconocido de Ricardo Morales Calquín (uno de los detectives dado de baja y detenido) con una funcionaria policial en servicio activo, podría activar un nuevo foco de conflicto para el director de la institución.
Morales es hermano de Ruby Morales Calquín, ayudante privada de Héctor Puga, jefe de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), cuestión que ha generado rumores entre los agentes de ese entidad que realiza las labores reservadas de la institución.
Ruby Morales Calquín perteneció a unos de los anillos de seguridad del director Arturo Herrera, pero después de un corto tiempo fue derivada a la Interpol. Allí trabajó como edecán del secretario general de la Interpol, Ronald Noble, cuando estuvo de visita en Chile. Cabe recordar que Noble fue pieza clave en la votación de la presidencia de Interporl en la reciente asamblea general donde el jefe de la policía de Singapur, Boon Hui Khoo, fue electo por mayoría. Posterior a su labor de edecán, Ruby Morales llegó a la Jipol. Nuestro hombre en ParísHubo otro hecho que también encendió las alarmas internas, como también de la Fiscalía Nacional, principalmente de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX). Se trata de la demora en la extradición del empresario chileno Luis Miguel Casado, ex dueño de la tienda Shopping Group acusado por la justicia argentina de participar en estafas por casi US$ 3 millones a un grupo de acaudalados trasandinos.
En la oportunidad se estableció que la hermana del actual agregado de Chile ante la Interpol Internacional, Aldo Villanueva, trabajó por años como la secretaria de Casado, mientras que el policía mantuvo también una relación de amistad con el empresario.
El problema se produjo porque la petición de extradición desde Argentina, donde Casado aparece vinculado a una mafia con agentes de inteligencia vecinos dedicados a robar fondos en cuentas extranjeras, estuvo guardada en un cajón de la Interpol-Chile por más de un mes, mientras Casado paseaba por Santiago, hasta que un funcionario de la Fiscalía Nacional lo encontró en la calle.




http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/red_de_corrupci/

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Naranjo: “Ejército no es capaz de desligarse de su pasado pinochetista” (22-10-08)

Miércoles 22 de octubre de 2008 13:01

/ Lanacion.cl

Naranjo: “Ejército no es capaz de desligarse de su pasado pinochetista”


“El Ejército aún no es capaz de desligarse totalmente de su pasado pinochetista”, dijo el senador socialista Jaime Naranjo al conocer el Alto Mando 2009 de la institución castrense
El parlamentario valoró que tres altos oficiales que aparecen involucrados en violaciones a los Derechos Humanos hayan sido pasado a retiro, pero lamentó que otros tres se mantengan en la rama.
“Si bien es cierto aún no hay sentencias, sino sólo procesos judiciales en marcha, no es bueno para la propia imagen del Ejército que oficiales inculpados o involucrados en casos de violaciones a los Derechos Humanos continúen formando parte de su Alto Mando", aseguró Naranjo.

Los oficiales cuestionados por el senador son Juan Miguel Fuente Alba, inculpado por el paso de la Caravana de la Muerte por Calama, pero ahora se desempeñará como jefe del Estado mayor General del Ejército; Guillermo Castro, quien no sólo reconoció que perteneció a la CNI entre 1979 y 1982, sino que aparece como supuesto partícipe en las ejecuciones de campesinos en Paine, y asumirá como comandante de Institutos y Doctrina. Y el general Cristian Le Dantec, quien ha sido citado a declarar en el caso Paine, y que fue designado como comandante de Apoyo a la Fuerza.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081022/pags/20081022125643.html

El régimen previsional vuelve al Estado (21-10-08)

PUNTO FINAL A LA OPCION DE LA JUBILACION PRIVADA

El régimen previsional vuelve al Estado

El proyecto dispone la obligatoriedad del régimen de reparto para todos los afiliados. La capitalización privada, voluntaria con aportes extra.


Por Raúl Dellatorre

La presidenta de la Nación anunciará hoy el envío al Parlamento de un proyecto de ley por el que se creará un nuevo sistema previsional, cuyo pilar será el régimen público de reparto, obligatorio, en tanto el de capitalización pasará a ser voluntario. Cristina Fernández hará el anuncio esta tarde, a las 17, desde la sede de la Anses, anticiparon fuentes oficiales. Las mismas fuentes precisaron que el dinero acumulado en las cuentas de capitalización individuales pasará al Fondo de Garantía de la Seguridad Social, que administra Anses. Desde la cartera laboral, en tanto, aseguraban que “estarán garantizados los puestos de trabajo de las 10.500 personas que se desempeñan en el sector”, tomando en cuenta el personal de las AFJP y de la Superintendencia respectiva. Otras fuentes del Gobierno indicaban que el Estado absorbería “hasta 3500 empleados del régimen de capitalización”. Es decir, la tercera parte. Por otra parte, trascendió que el fiscal federal Guillermo Marijuán estudiaba anoche una probable acción judicial contra directivos de las AFJP, por presuntas maniobras especulativas practicadas ayer, en el mercado cambiario, luego de que tomó estado público la intención oficial de nacionalizar el sistema de capitalización previsional.

Tal cual adelantó PáginaI12 en su edición de ayer, el cambio de régimen busca garantizar la jubilación a los afiliados al sistema de capitalización, cuyas administradoras enfrentan crecientes dificultades para no ver evaporados los fondos que les confiaran, en el marco de la actual crisis financiera mundial. Por otro lado, para el Estado es la oportunidad de recuperar el manejo de recursos de un régimen que terminó convirtiéndose en su propia trampa: fue, en 1994, la principal causa del origen del déficit de las cuentas públicas cuando se creó, y es hoy una pesada carga para el erario, porque mientras el sector público debe complementar el pago de haberes a los jubilados por el sistema privado, a la vez les paga intereses a las AFJP por los títulos de la deuda pública que éstas mantienen como activo. Los fondos de terceros administrados por las AFJP suman actualmente casi 100 mil millones de pesos, y entre 60 y 70 por ciento son títulos públicos.

Anoche, hasta muy tarde, en la Casa Rosada se pasó revista a los aspectos puntuales del proyecto que se presentará hoy. Sergio Ma-ssa, Amado Boudou, Carlos Tomada y Carlos Zannini compartieron, entre las 20 y hasta poco más de las 22, una sesión intensa para definir los mínimos detalles. Uno de los puntos que más preocupa es evitar la litigiosidad, tanto de parte de las AFJP como de los afiliados al sistema privado que se sientan perjudicados por la desaparición de ese régimen. El nuevo esquema contempla que todos los afiliados pasan al reparto, que será el único obligatorio. No habrá más cuentas individuales de capitalización, sino el cómputo de los años de aporte al régimen privado como si hubieran estado adherido al sistema público. No habría reconocimiento de rentas de capital acumuladas. Todos los fondos en poder de las AFJP pasan a ser administrados por Anses. Es decir, que por los títulos públicos que componen ese activo, el Estado pasa a ser acreedor de sí mismo, por aproximadamente 60 mil millones de pesos.

Los afiliados al sistema de capitalización pasan al régimen de reparto, pero tendrán la opción de que los fondos aportados al sistema de AFJP constituyan un seguro de retiro y perder esos años de aporte en el nuevo régimen. Es la “puerta de salida” que busca quitarles argumento a quienes busquen litigar por perjuicio. El régimen de capitalización, en tanto, seguiría siendo optativo con aportes adicionales del empleado (por encima del 11 por ciento del sueldo). Este estrecho margen de negocios es el que les quedaría a las AFJP tras la reforma, lo que obligará a las diez hoy existentes a redimensionarse o fusionarse para ser viables.

Aun sin estas novedades, el negocio había dejado de ser brillante para todas. Fuentes del sector aseguraban anoche que, más de una, recibirá como un golpe de suerte la “nacionalización” del sistema, ya que venían desbarrancándose. De todos modos, el manejo de un capital financiero extraordinario todavía les permite mantener alto poder de fuego: ayer, se habría detectado una gruesa maniobra especulativa de un puñado de ellas, que buscaron “desestabilizar” el mercado vendiendo bonos públicos y comprando dólares en la plaza cambiaria. Ello habría sido la causa de la baja en el valor de los primeros y la suba de la divisa. “Sobre un total de operaciones de compra de 140 millones de dólares, la mitad habrían tenido origen en las AFJP”, confió una fuente oficial. La fiscalía federal, a través de Guillermo Marijuán, estudiaba anoche accionar contra directivos que habrían hecho abuso del manejo de fondos fiduciarios en beneficio propio. Primeros escarceos de una pelea larga.



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Ejército prolonga permanencia de Ewing (22-10-08)

Miércoles 22 de octubre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación

Se le aplicó norma que permite -hasta por tres años consecutivos- mantener a un general en servicio activo

Ejército prolonga permanencia de Ewing

Con ello, el oficial podría suceder a Óscar Izurieta en la comandancia en jefe. Además, pasaron a retiro cinco generales, tres de ellos vinculados a derechos humanos. LND publicó el caso de Ricardo Ortega.

General Ricardo Ortega complicado por desapariciones del 87


Un nuevo alto mando con cinco generales que pasan a retiro y siete coroneles que ascendieron a ese grado, es el que resolvió la junta de oficiales generales del Ejército la semana pasada, que fue ratificado el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet y hecho público ayer por la institución.
De los cinco generales que cesarán en sus funciones en 2008, tres de ellos aparecen mencionados en procesos por violaciones a los derechos humanos: Julio Baeza von Bohlen (causa de Paine), Eduardo Aldunate Hermann (Paine y ex agente DINA-CNI) y Ricardo Ortega (caso Huber y 5 frentistas). Respecto de Ortega, La Nación Domingo publicó en su
penúltima edición el artículo "El general que sabe demasiado", sobre el caso de los cinco militantes del FPMR asesinados en 1987.
Otro que dejará la institución es el general Luis Lobos, bajo cuyo mando reventó el caso de una cooperativa que recolectaba fondos de oficiales y suboficiales activos y en retiro en el extremo sur. El quinto general que abandona las filas es el comandante de Industria Militar e Ingeniería, Tulio Hermosilla.
Los siete coroneles ascendidos a general de brigada son Bosco Pesse, Juan Echaurren, Jozo Santic, Jorge Salas, Carlos Mezzano, Juan Biskupovic y Eleuterio Ramírez. Hasta ahora, que se sepa, ninguno estaría involucrado en causas de derechos humanos ni habrían sido ex agentes de los servicios represivos. Según trascendió en Defensa, se tuvo "especial cuidado" en estos ascensos para evitar problemas posteriores en la institución.
La situación extraordinaria surgida de este nuevo alto mando es la del general Alfredo Ewing, quien pese a cumplir en diciembre 38 años de servicio lo que activa su pase a retiro, se le aplicó el artículo 247 del Estatuto del Personal en concordancia con el 54 letra e) de la Ley Orgánica de las FFAA, que permite -hasta por tres años consecutivos- mantener a un general en servicio activo que ocupe -entre otros cargos- el de jefe de Estado Mayor General del Ejército que actualmente desempeña.
A partir de enero, Ewing será jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero con miras a convertirse en el próximo jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA, si es que prospera el debate del proyecto de ley que regirá al Ministerio de Defensa, o bien de ser el nuevo comandante en jefe del Ejército en marzo de 2010, cuando deje el mando el general Óscar Izurieta.
Aunque Ewing cuenta con una serie de factores que le permitirían dirigir la institución -liderazgo, buena relación con el Gobierno, formación militar y académica de excelencia- el que haya cumplido los 38 años en la institución es un factor que juega en contra, pues se convertiría en jefe castrense por una excepción. Sin embargo, agregan, este factor es menor ante lo que se denomina el requisito de mando, es decir, la diferencia generacional que se produce entre él y las otras antigüedades del alto mando.
Por ello, entran al ruedo otros oficiales como Fuente-Alba, quien -explican en el mundo militar- no sólo comparte con Ewing una formación de excelencia, sino que también es muy inteligente, muy riguroso y muy institucional.
De esta manera, el nuevo cuerpo de generales redujo considerablemente el nivel de posibles nuevos conflictos en los juicios que se instruyen por delitos cometidos durante la dictadura militar.
No obstante, se mantuvieron en servicio activo los generales Juan Miguel Fuente-Alba, Guillermo Castro y Cristián Le Dantec. Fuente-Alba se desempeñará como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en reemplazo de Ewing.
Castro, quien fue agente de la CNI entre 1979 y 1982 -según admitió en su declaración judicial del 19 de junio de 2003-, aparece mencionado como probable partícipe en las ejecuciones de Paine, aunque hasta ahora no hay prueba de aquello. Ahora será el comandante de Institutos y Doctrina. Una situación similar enfrenta el general Le Dantec, aunque en menor grado.
El nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) reemplazando al general Ortega, será el actual jefe de la misión militar en Washington, el ascendido a general de división Andrés Avendaño.
QUIÉNES SON LOS NUEVOS GENERALES
El coronel Juan Echaurren fue edecán del ex Presidente Ricardo Lagos, y hoy integra la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. El coronel Jorge Salas ocupa la agregaduría militar en Gran Bretaña y el coronel Jozo Santic es el actual Contralor General del Ejército, cargo que continuará desempeñando en 2009. El coronel Carlos Mezzano es el jefe del Departamento Comunicacional de la institución, y Juan Biskupovic es el comandante del comando de Infraestructura.
En tanto, el coronel Bosco Pesse forma parte del Estado Mayor del Ejército y el coronel Eleuterio Ramírez se desempeña en el Estado Mayor de la Defensa Nacional
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http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081021/pags/20081021221924.html


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22 de Octubre de 2008

Presidenta Bachelet aprueba el nuevo alto mando de la FACh

Entre los siete generales que pasan a retiro se cuentan el jefe del Comando de Personal, Enrique Rosende y el jefe del Comando Logístico, Julio Escobar Díaz.
La Presidenta Michelle Bachelet aprobó el nuevo alto mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para 2009, el cual considera el paso a retiro de siete generales y el ascenso de seis coroneles al grado de general de brigada aérea.
Según informó la institución, entre los oficiales que dejarán la institución se cuentan los generales de Aviación Enrique Rosende, quien actualmente se desempeña como comandante del Comando de Personal, y el general de aviación Julio Escobar Díaz, comandante del Comando Logístico.
También dejarán la FACh a partir del próximo año los generales de brigada aérea Pedro Bascuñán Jará, Renato Nuño Luco, Osvaldo Bahamondes Masafierro, Charles Cunliffe Checura y Leandro Mellado Bravo.
En tanto, la jefa de Estado aprobó el ascenso al grado de general de aviación de los generales de brigada aérea Roberto Sarabia Vilches y Wolfram Celedón Mecketh.
Por otra parte, los coroneles que accederán al alto mando, con el grado de general de brigada aérea son Alberto Silva Aguayo, Carlos Bertens Utheman, Leopoldo Moya Navarro, Luis Meza Figueroa, Patricio Franjola Buigley y Francisco Ruiz Sepúlveda.
Finalmente, la FACh detalló que el alto mando 2009 quedará conformado como a continuación se detalla:
- Comandante en jefe, general del aire Ricardo Ortega Perrier.
- Jefe del Estado Mayor General, general de aviación Javier Anabalón Quiroz.
- Comandante del Comando Logístico, general de Aviación Jorge Rojas Ávila.
- Inspector General, general de aviación Iván Fabry Rodríguez.
- Comandante del Comando de Combate, general de aviación Roberto Sarabia Vilches.
- Comandante del Comando de Personal, general de aviación Wolfram Celedón Mecketh.
- Comandante en Jefe de la IV Brigada Aérea, general de brigada aérea Luis Ili Salgado.
- Comandante en Jefe de la V Brigada Aérea, general de brigada aérea Ricardo Gutiérrez Recabarren.
- Comandante en Jefe de la I Brigada Aérea, general de brigada aérea César Mac-Namara Manríquez.
- Director General del Hospital FACh, general de brigada aérea Juan Squella Orellana.
- Director de Relaciones Internacionales, general de brigada aérea Juan Carlos Bascuñán Betancourt.
- Director de Finanzas, General de brigada aérea Rafael Sánchez Giraud.
- Director de Operaciones, general de brigada aérea Hugo Tilly Ebensperger.
- Jefe de la División de Educación, general de brigada aérea Hugo Peña Leiva.
- Director General de Aeronáutica Civil, general de brigada aérea José Huepe Pérez.
- Secretario general de la Fuerza Aérea, general de brigada aérea Carlos Pabst García.
- Jefe de la División de Mantenimiento del Comando Logístico, general de brigada aérea ) Jorge Vargas Etcheberry.
- Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), general de brigada aérea Carlos Stuardo Escobar.
- Director de Racionalización y Desarrollo, general de brigada aérea Manuel Quiñones Sigala.
- Jefe de la División de Bienestar Social, general de brigada aérea Jaime Alarcón Pérez.
- Director de Inteligencia, general de brigada aérea Alberto Silva Aguayo.
- Comandante en jefe de la II Brigada Aérea y comandante general de la Guarnición Aérea de Santiago, general de brigada aérea Carlos Bertens Utheman.
- Jefe de la División de Recursos Humanos, general de brigada aérea Francisco Barrera Méndez.
- Comandante en Jefe de la III Brigada Aérea, general de brigada Aérea Leopoldo Moya Navarro.
- Auditor General de la Fuerza Aérea, general de brigada aérea Patricio Franjola Buigley.
- Jefe de la División de Sanidad, general de brigada aérea Francisco Ruiz Sepúlveda.
- Director de Telecomunicaciones e Informática, gneral de bigada Aérea (TI) Luis Meza Figueroa.

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