viernes, 26 de septiembre de 2008

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION ILEGAL (Instrumentos de la memoria)

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION ILEGAL


Instrumentos de la memoria

Por Diego Martínez

Desde Rosario

¿Existe una política pública de gestión de los archivos recuperados sobre la última dictadura?

¿Cómo se logra unificar esfuerzos e iniciativas dispersas por el país y el exterior para poner a disposición de jueces, fiscales e investigadores miles de documentos fundamentales para reconstruir la historia silenciada y maximizar su utilidad con vistas a obtener justicia?

¿Agotó el Estado su capacidad de búsqueda de archivos sobre centros clandestinos, identidad de represores, destino de desaparecidos y la compleja trama de silencios y complicidades que tuvo como trasfondo la masacre militar?

Estas son apenas algunas de las preguntas sobre las cuales se debatirá hoy en el II Encuentro “Archivos y Derechos Humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones”, coorganizado por Memoria Abierta y el Museo de la Memoria de Rosario, que cuenta con la presencia de antropólogos, historiadores, archivistas, investigadores y miembros de organismos de derechos humanos.

La jornada inaugural comenzó con un recorrido por sitios de la memoria de Rosario, que tuvo como epicentro la visita al centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, copado durante las últimas dos dictaduras por las patotas al mando del comandante de Gendarmería Agustín Feced. El Pozo, como pasó a la historia, es un rincón lúgubre de paredes húmedas de un edificio imponente, una manzana completa, donde durante un siglo y hasta hace cuatro años funcionó la jefatura de policía. Entre el golpe de Estado y fines de 1978 se estima que por allí pasó un millar de personas, la mayoría blanqueados en cárceles, un centenar desaparecidos. A cien metros, cruzando la plaza San Martín, funcionó el Cuerpo II de Ejército, desde donde el general Leopoldo Galtieri digitó vidas y muertes en seis provincias argentinas. Es una casona señorial donde hoy funciona Rock & Feller’s, comercio indiferente a la historia como cualquier otro, pero donde a partir de marzo funcionará el Museo de la Memoria de Rosario.

Durante la bienvenida formal, el profesor Rubén Chababo, titular del Museo de la Memoria, destacó la necesidad de contar con políticas públicas relacionadas con los archivos del horror y recordó el triste privilegio rosarino de haber sufrido en 1984 el robo en Tribunales de miles “de pruebas y testimonios” que inculpaban a los grupos de tareas de Feced, “destruidos para ocultar sus responsabilidades”, destacó. Rosa Acosta, secretaria de derechos humanos de la provincia, elogió “el compromiso personal, técnico y científico para enriquecer los archivos” y destacó “el valor incalculable que adquieren hoy con vistas a los juicios”. Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta, enfatizó que “ni toda la sociedad civil es bella y virtuosa, ni todos en el Estado tienen sentido de lo público, por eso convocamos a trabajar con profundo sentido de lo público, para avanzar en el acceso a la información”.

El panel inaugural lo abrió Leonor Arfuch, docente e investigadora de la UBA. Arfuch destacó que “memoria y archivos son indisociables” y distinguió tres etapas en las cuales “el lugar de la memoria se fue transformando”. En la posdictadura el show del terror, los testimonios crudos. Luego el Nunca Más, la demanda de justicia, el Juicio a las Juntas, que combinó “lo testimonial con lo reivindicativo”. Y en los ’90, con las leyes de impunidad , la aparición de Hijos con los escraches “enfatizó la matriz genealógica de la memoria” y abrió infinidad de debates. “Es momento de que los hijos les pregunten a sus padres: ‘¿Cómo hicieron para no saber?’”, dijo, La vicegobernadora de Santa Fe y ex fiscal federal Griselda Tessio repasó su trayectoria y la lucha de fiscales de todo el país para impulsar el proceso de justicia. “Hace 25 años que transito caminos de memoria, olvido, recuerdos, y cada vez tengo más perplejidades pero también más certezas.”

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-112262-2008-09-26.html

DD.HH: Dictan masiva acusación en caso Berríos (26- 9-2008)

Viernes 26 de septiembre de 2008 13:20

Lanacion.cl

DD.HH: Dictan masiva acusación en caso Berríos

Dos generales (r) chilenos -Eugenio Covarrubias Valenzuela y Hernán Ramírez Rurange-, además de militares uruguayos y el ex Auditor del Ejército entre otros, figuran en la extensa lista de acusación dictada por el ministro Madrid.


Aquí puedes enviar tu comentario acerca de la noticia que estas leyendo


Luego de años de pesquisas el ministro en visita Alejandro Madrid a cargo de la investigación por la desaparición y posterior muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, dictó finalmente acusación. Con la medida está ad portas del inicio del plenario para finalmente condenar a los responsables del crimen.
En la resolución el juez acusó por el delito de homicidio al mayor (r) Arturo Silva Valdes como autor del crimen y al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela como encubridor.


Como autores de secuestro acusó al general (r) Hernán Ramírez Rurange; general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela; Manuel Provis Carrasco; Pablo Rodríguez Márquez; Jaime Torres Gacitúa; Raúl Lillo Gutiérrez; Manuel Pérez Santillán; Tomás Casella Santos (militar uruguayo); Eduardo Radaelli Copilla (militar uruguayo); Wellington Sarli Pose (militar uruguayo); Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres.

Por el delito de asociación ilícita el magistrado dictó acusación en contra de Hernán Ramírez Rurange; Eugenio Covarrubias Valenzuela; ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva; Manuel Provis Carrasco; abogado y coronel (j) Enrique Ibarra Chamorro; mayor Arturo Silva Valdes; Pablo Rodríguez Márquez; Jaime Torres Gacitúa; Raúl Lillo Gutiérrez; Manuel Pérez Santillán; Tomás Casella Santos; Eduardo Radaelli Copolla; Wellington Sarli Pose; Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres.

A su vez por delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal que se refiere a la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito fueron acusados en calidad de autores: Mario Cisternas Orellana, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Cáceres, Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales.
Y como autores de obstrucción a la justicia, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal el ministro Madrid acusó a Ginez Rojas Gómez, Hernán Ramírez Rurange, Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez y Eugenio Covarrubias Valenzuela.

Berríos fue visto por última vez con vida en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él.
En abril de 1995, su cadáver fue hallado en una playa de la localidad de El Pinar, atado y con dos disparos en la cabeza.



http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080926/pags/20080926132048.html

CDE acuerda otorgar reparación a la periodista Alejandra Matus



6 de Septiembre de 2008

Autora del ''Libro negro de la justicia chilena''

CDE acuerda otorgar reparación a la periodista Alejandra Matus

El pasado 9 de septiembre, el organismo aceptó la ''proposición de transacción'' presentada por el abogado de la profesional, en el marco de un juicio civil iniciado para conseguir el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso. El acuerdo fijó el monto indemnizatorio en 30 millones de pesos.

El Mostrador.cl


El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó reparar a la periodista Alejandra Matus Acuña, por la violación a sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, cometida por la censura de su obra, "El libro negro de la justicia chilena".

En su sesión ordinaria del 9 de septiembre pasado, el CDE aceptó la "proposición de transacción" presentada por el abogado de la periodista, Adil Brkovic, en el marco de un juicio civil iniciado por la profesional para conseguir el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a este caso. El acuerdo fijó el monto indemnizatorio en 30 millones de pesos.

En su informe final sobre el caso 12.142, la CIDH determinó que el Estado de Chile violó los derechos humanos de la periodista al aplicar en su contra el artículo 6


b) de la Ley de Seguridad del Estado.

"La Comisión Interamericana concluye que Alejandra Matus Acuña fue víctima de censura por el 'Libro Negro de la Justicia Chilena', y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Asimismo, la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad.

Finalmente, la Comisión establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información", sostuvo en parte de sus conclusiones el informe 90/05.

Agregó que "los hechos establecidos en el presente informe constituyen violaciones a los artículos 13 y 21 de la Convención Americana, todo ello en violación del deber de respeto y garantía consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana y el deber de adaptar las normas internas a los compromisos asumidos por el Estado, conforme al artículo 2 de la misma Convención". Por tales hechos, la CIDH recomendó:


"Reparar adecuadamente a Alejandra Marcela Matus Acuña por las consecuencias de las violaciones a los derechos de libertad de expresión y de propiedad".

Con la decisión del CDE se pone fin a la demanda que interpuso la profesional en contra del Estado en 1999, y que tuvo entre otras consecuencias que el Gobierno de Chile derogara los artículos 6 b) y 16 de la Ley de Seguridad del Estado, por ser atentatorios contra la libertad de expresión e incompatibles con un régimen democrático de Gobierno.

Matus satisfecha

Alejandra Matus manifestó su complacencia con la decisión del CDE. "La CIDH estableció que mis derechos fundamentales fueron severamente dañados por la Justicia Chilena y ahora, con esta resolución, el Estado chileno finalmente reconoce su falta. Me alegro por lo que esto significa para el fortalecimiento de la libertad de expresión en Chile, que también fue robustecida por la derogación de una de las leyes más nefastas para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión".

“El Libro Negro de la Justicia Chilena” fue publicado el 13 de abril de 1999 y a la mañana siguiente fue incautado por orden del ministro de fuero Rafael Huerta, en el marco de un requerimiento interpuesto por el ex Presidente de la Corte Suprema, Servando Jordan, por Ley de Seguridad del Estado. La periodista abandonó abruptamente el país y solicitó asilo político en Estados Unidos, que le fue concedido. En Chile, el magistrado Huerta procesó y detuvo al gerente general de Editorial Planeta, Bartolo Ortiz, y al editor, Carlos Orellana. La posterior derogación del artículo 6 b), por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, puso fin a ese proceso.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=259122

Septiembre rebelde no ha terminado: Comunicado bomba a la Tercera Comiseria de Santiago del 14 de sept. pasado

25.09.08

Septiembre rebelde no ha terminado: Comunicado bomba a la Tercera Comiseria de Santiago del 14 de sept. pasado

x Colaboradores Anónimos Hommodolars

Mediante el presente mail, asumimos la responsabilidad del ataque explosivo realizado la noche de ayer (nota: madrugada 14 de septiembre) a la Tercera Comisaría de Santiago. Esta Comisaría fue un conocido lugar de tortura durante la década de los noventa donde funcionó la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), que en ese entonces era dirigida por José Alejandro Bernales, siniestro personaje ahora reconvertido en santo. En esa época la Dipolcar realizó en el país ejecuciones extrajudiciales y torturas que incluyeron violaciones a mujeres, con el silencio cómplice de la prensa e incluso de las organizaciones de derechos humanos, silencio que se mantiene hasta el día de hoy.

En la actualidad la policía vuelve a intervenir con más fuerza a favor de los ricos y poderosos, defendiendo este orden injusto reprimiendo la rebeldía popular que está nuevamente en alza. Y como es sabido, ha vuelto a matar. Sólo en el último tiempo recordamos a Johnny Cariqueo (golpeado en una comisaría de Pudahuel y a quien se le denegó ayuda ante sus problemas cardiacos) a Rodrigo Cisternas y Matías Catrileo. Sin embargo, la acción de anoche también recordaba los 10 años del asesinato de Claudia López, muerta por Carabineros la noche del 11 de Septiembre en la Población La Pincoya, mientras participaba de las barricadas, y cuyo asesinato aún sigue impune con el aval del silencio de todos los sectores de la mal llamada opinión pública. La bomba que hizo explosión anoche estaba compuesta de aproximadamente 1 kilogramo de explosivo, activado mediante un ingenio de relojería. Los ejecutantes de este ataque operaron en las narices de la policía con el centro de Santiago saturado de seguridad. Consideramos que la policía sólo ha recibido una ínfima parte de lo que merece.

¡SEPTIEMBRE REBELDE NO HA TERMINADO! ¡POR CLAUDIA LÓPEZ Y TODOS LOS CAIDOS EN DEMOCRACIA: A GOLPEAR A LOS ASESINOS AHÍ DONDE SE ENCUENTREN! ¡FUERA LOS PACOS DEL WALLMAPU!

Comando Johnny Cariqueo

Nota: Las informaciones que dio la prensa colaboradora de la policia y difusora de las posiciones de los capitalistas da cuenta que un carabinero de la 3ª Comisaría resultó levemente herido con un trauma acústico y que gran parte de los vidrios de la tercera Comisaría resultaron rotos producto de la onda expansiva que también rompió parte del portón de acceso lateral a este centro de podredumbre, sede de los perros rabiosos del capital. Es importante recalcar que esta accion se llevo a cabo en un contexto donde el centro de santiago (lugar donde se ubica la comiseria) estaba practicamente sitiada con los aparatos represivos del Estado y que se hizo todo lo posible porque ningún transeunte resultara herido, cuestión que efectivamente se logró.


http://www.lahaine.org/index.php?blog=5&p=33118

Conflictos de Baja intensidad y el “Conflicto Mapuche

Conflictos de Baja intensidad y el “Conflicto Mapuche”
Cordinadora Arauco Malleco


Jueves 24 de septiembre de 2008

En la actualidad existen diversos elementos que nos permiten afirmar que la política de contención del estado Chileno, en el manejo del denominado conflicto mapuche, dice relación con la aplicación de la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad, (CBI)1 , entendiendo que esta doctrina no necesariamente esta enmarcada en un conflicto armado abierto, sino que también sus principios son aplicados, para contener o anular un conflicto que vislumbran como un peligro para la seguridad del Estado.
En efecto, “tal es la preocupación del Estado chileno por el tema mapuche…que las labores permanentes de inteligencia política en el área, superan cualquier mediática explicación desde el gobierno, de que este es un mero asunto de orden publico ocultándose los verdaderos motivos que mueven este monitoreo; a saber la cuestión mapuche como un futuro peligro a la seguridad nacional” 2.
Lo anterior solo confirma lo que ya sabíamos, los primeros antecedentes de la preocupación del ejército por el denominado “Conflicto Mapuche” provienen del año 1999, en tal ocasión expresaban que “las misiones encomendadas por la Carta Fundamental a las Fuerzas Armadas las obliga a mantener una constante preocupación en aquellos temas que eventualmente pudieran constituir un foco de desestabilidad interna” 3.
Efectivamente los mapuche y los indígenas en general, en el actual escenario internacional donde los principales conflictos están estrechamente vinculados a separatismos y conflictos étnicos, constituyen el enemigo interno y fuente de preocupación permanente de las Inteligencias.
Pero concretamente una definición del CBI plantea que “puede considerarse una variante militar de intervención política basada en la propaganda y la guerra psicológica. Es más aún, la guerra y la propaganda son aquí una y la misma cosa. Pues la guerra psicológica constituye actualmente el factor político-militar decisivo para la victoria en la estrategia de guerra de baja intensidad. En ella se integran numerosas actividades de tipo militar, político, ideológico, cultural e informativo”4
Por lo tanto, estamos en frente de un accionar que incluye labores militares, las que no necesariamente son abiertas, sino mas bien encubiertas, como podríamos catalogar a los campamentos de carabineros en el Huairao, Tranaquepe y el Alto las Huellas en Arauco, con alrededor de 500 efectivos en medio de comunidades en lucha, los que constituyen una verdadera cabeza de playa, para las fuerzas contrainsurgentes chilenas que operan en Wallmapu. Dicho campamento esta constituido por las denominadas “Fuerzas de Tarea”, sección especial de carabineros formada a partir del conflicto mapuche en el año 2000 aproximadamente, a quienes podríamos catalogarlas como fuerzas especiales rurales, quienes tienen un entrenamiento especial, tanto en acondicionamiento físico, como en el vestuario, armamento y en la forma de operar, recorriendo caminos y tratando de manejar el terreno de la misma forma que los Mapuche.
Si consideramos lo expuesto por los hermanos de la CAM, quienes en un comunicado fechado en julio de 2008 plantean haber sido “repelidos con armamento de guerra, tales como, fusiles, granadas y bengalas” 5, evidentemente no estamos en presencia de simples y comunes carabineros.
Las acaloradas declaraciones entregadas por funcionarios de Estado, solo ratifican lo expuesto, por un lado dejaron entrever la abierta intromisión de las fuerzas armadas, según el propio fiscal especial Francisco Ljutebic, al afirmar que “hay satélites a nivel internacional, que se usan por lo convenios que existen”6 . Junto a la tecnología militar, están las declaraciones que hacen mención a la aplicación de estrategias antiguerrillas, copamiento de espacio, un fuerte trabajo de inteligencia y el aumento de la dotación policial.
Otro de los aspectos relacionados con los CBI dice relación con el manejo de la opinión pública, ya que esta seria la clave, buscando el “equilibrio en la opinión publica interna, así como la retención de la legitimidad”7
“Han vuelto otra vez los indios a comenzar sus depredaciones en los pueblos de la frontera... la inquietud y la alarma se han extendido en las poblaciones del sur.... Ya es llegado el momento de emprender seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur..."8
Es por todos sabido que el mercurio miente, sin embargo este aparato de propaganda de la oligarquía chilena ha estado históricamente tras las cruentas campañas en contra de la Nación Mapuche, así lo podemos observar con la cita expuesta. El mercurio fue el principal impulsor de una propaganda racista que permitió justificar y legitimar una guerra de ocupación y exterminio en contra de la Nación Mapuche y su territorio en el siglo XIX.
Con lo anterior no decimos nada nuevo, sin embargo la prensa en nuestros días esta jugando un papel fundamental en la legitimación de las políticas represivas que se están implementando y agudizando en Wallmapu. En este sentido, el mercurio marca la pauta de los caminos a seguir por la concertación, si bien aparentemente y frente a la opinión pública, pretenden desmarcarse de la derecha, en la práctica vienen desarrollando desde la instalación de la transición un estado policial, y cuando hay que reprimir a quienes afectan sus intereses de estado, ósea los intereses de los poderosos, son uno.
Públicamente el discurso que se ha impuesto de parte del gobierno, a diferencia de otras ocasiones donde se atribuía inmediata participación Mapuche, ha cambiado ya que era incorrecto políticamente y permitía una suerte de defensa de cuerpo de parte de los Mapuche en general. Además tampoco se hace correcto el uso del concepto de “terrorista” ya que implicaría asumir un conflicto y asumir que hay motivaciones políticas e ideológicas en el accionar operativo Mapuche. Por lo tanto, las declaraciones se desmarcan de todo atisbo de conflicto calificando a los responsables como “delincuentes comunes” y manteniendo un discurso paternalista hacia el Mapuche, evitando estigmatizar y mantener así a la opinión publica Mapuche y no Mapuche desinformada y evitando a toda costa politizar el conflicto y ver el tema de fondo.
Pero por otro lado, la propaganda esta creando una figura del “delincuente”, pero que tendría, según ellos, “campos de entrenamientos”, participación de “personas con acento extranjero”, quienes conducirían supuestamente las acciones y vinculaciones con “ex” de todo tipo, esto de paso permite que ciertos grupos que siempre han querido aparecer, suenen como los conductores o los creadores de un accionar, que es el resultado de un proceso de acumulación y construcción propiamente Mapuche. Además, con esto se configura en el imaginario un enemigo tremendo al cual hay que combatir con todos los medios de que se dispone, pero además se busca deslegitimar y desacreditar y con esto aislar a este sector del mundo Mapuche, que en la ultima década ha sido protagonista de este nuevo ciclo de movilizaciones y que ha impuesto un discurso y una praxis nueva y que es parte de un proceso de construcción mayor.
En síntesis, la aplicación de medidas policiaco militares de orden represivo y el trabajo de inteligencia para el manejo de la información periodística, la tergiversación y contra propaganda para legitimar un accionar y crear en la imagen publica una visión distinta del tema9 , en la idea de “aislar y deslegitimar al enemigo ante su base natural” 10 A esto se suma las políticas sociales que seguramente llegaran, como significo el programa orígenes en su minuto, con lo que buscaran “ganar mentes y corazones”, y en palabras de Mao, quitar el agua al pez.
Sin embargo, el origen del conflicto que se refiere a una guerra de ocupación en contra de la Nación Mapuche, un estado colonialista sujeto a un modelo capitalista que pretende profundizar su presencia en Wallmapu, con mineras, hidroeléctricas y forestales, no ha variado y ni se vislumbra que cambie, ante eso seguirá existiendo y crecerá aun mas el mar por donde navegue el barco de la Liberación Nacional Mapuche.

DESDE WALLMAPU
CAM
COORDINADORA ARAUCO MALLECO

Notas:

1 El concepto de CBI nace en el pentágono en 1985, en donde se fijan conceptos, estrategias y pautas para aplicación de esta doctrina, que inicialmente estuvo abocada a la lucha anti insurgente de esa época, pero que en la actualidad sirve en la contención de los diversos “enemigos internos” de los países que siguen la doctrina de Seguridad Nacional, impulsada también desde los EEUU.

2 Javier Alfonso Saez Paiva. Conflicto mapuche, ¿una amenaza emergente binacional? Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. 2005

3 Capitán Paula Videla del Real. El conflicto mapuche y su impacto en la seguridad nacional, Centro de estudios e investigaciones militares (CESIM). 1999

4 Iñaki Gil de San Vicente. Guerra de baja intensidad e industria de la manipulación. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=63182#sdfootnote98sym

5 Comunicado CAM: Fuera forestales y carabineros del territorio mapuche, 14 de julio de 2008. En www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article91

6 Diario La Segunda 30 de Agosto de 2008.

7 Teniente Coronel James D. Campbell, Teniente Guardia Nacional del Ejercito de los EEUU. Argelia Francesa e Irlanda del Norte Británica: La legitimidad y el Imperio de la Ley en el conflicto de Baja intensidad.

8 El mercurio, 1 de noviembre de 1860. La similitud con actuales titulares o artículos, evidentemente, no es coincidencia.

9 No hay que olvidar que en la encuesta del CERC del año 1999, sobre el tema mapuche un 65% a nivel nacional se manifiesta de acuerdo con la creación de Territorios Indígenas Autónomos. Igualmente una Encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos, realizada el año 2006, arrojo que un 52% se siente representado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3853.html

10 Raul Sohr. Las guerras que nos esperan. Ediciones B chile.2001

http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article140

http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article762

LA HISTORIA NO CONTADA DE LOS 36 CIVILES = TERRATENIENTES QUE PROVOCARON LA MUERTE DE CIENTOS DE CAMPESINOS

Domingo 7 de septiembre de 2008


Por Jorge Escalante, Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo

La historia no contada de los 36 civiles que provocaron la muerte de cientos de campesinos

Venganza sin uniforme

Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.

CRIMINAL LESA: El empresario hotelero Luis García no irá a la cárcel por su autoría en la masacre de "15 campesinos".

Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terreno contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.

Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.

En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.

Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.

Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.

La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.

El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.

SEÑORES DEL FIN DE CHILE


El empresario Luis García Guzmán.

Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.

Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejor ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.
Miguel Ángel Fuentealbabusca justicia para su padre.

Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jonquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.

Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.

Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.

Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.

"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.

Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.

SENTENCIA DE FAMILIA

Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Hon orinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.

"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.

En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.
Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.

En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.

Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.

Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.
Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.


LOS DUEÑOS DEL MUNDO
Luis Enrique Ricardo Barrueto Bartings

Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.

Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.

Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.

No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.

Norma Panes, viuda de Miguel Cuevas, en cuyamuerta está involucrado Ricardo Barrueto.
Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.

Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".

Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.

Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.

Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".

Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.

La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo:
"Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".

Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.


AMIGOS INSEPARABLES

Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.

La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo.
Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó.
Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.

Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.

Sara Mendoza, viuda de José Orellana.

También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.

Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.

Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.

Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también’. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.

La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.

De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.

Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.

EL COMPAÑERO DEL AÑO

En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado).
José Horacio Pacheco, ayudó a detener y hacer desaparecer a un compañero de liceo.
Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.
El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.

Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.

Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido.
"Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.

Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.

En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.

Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.

EL LOCO BARRIENTOS

La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.

Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.

Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.

En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito’ y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".

Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.

Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".

Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.

Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.

"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.

Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.

Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían pre
ferido no vivir.






Viernes 26 de septiembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación

Fallo por caso Liquiñe fue calificado de “escandaloso y perverso” por querellantes
Suprema dejó libres a asesinos de 15 campesinos

Sala Penal rebajó penas de 18 y cinco años y un día, a cinco y tres años de presidio, lo que permitió otorgar el beneficio para que los condenados Hugo Guerra, coronel (R), y el civil Luis García, cumplan bajo régimen de “libertad vigilada”.


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A pesar de que la sentencia de primera instancia dictada por el ministro Alejandro Solís, refrendada luego por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a 18 años y cinco años y un día a los autores del asesinato de 15 campesinos en Liquiñe en octubre de 1973, ayer la Sala Penal de la Corte Suprema les rebajó las penas a cinco y tres años y les concedió el beneficio de libertad vigilada.

En reacción a este dictamen, el abogado querellante Boris Paredes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, dijo "este es un fallo escandaloso y perverso, una impunidad encubierta. Sería menos vergonzoso aplicar directamente la amnistía o la prescripción en esta masacre" y agregó "alguna vez estos jueces deberán dar la cara frente a la historia".

Los beneficiados son el coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera, quien había sido sentenciado a 18 años de presidio. Este dirigió las tropas de Valdivia que actuaron, y que en esa ciudad comandaba el entonces coronel Santiago Sinclair desde el regimiento Cazadores.
El otro favorecido es el empresario hotelero Luis García Guzmán, hijo del dueño de las Termas de Liquiñe, en la precordillera de la Región de los Lagos. Inicialmente fue condenado a cinco años y un día, pena con la cual no podía acceder a ningún beneficio para cumplir en libertad.
El fallo fue dictado por los ministros Nibaldo Segura, Hugo Dolmetsch y Carlos Kunsemüller, y los abogados integrantes Juan Cárcamo y Domingo Hernández.
Éstos condenaron al fisco a pagar 110 millones de pesos a familiares de las víctimas.

LA NOCHE DE LOS CAZADORES

El caso de los 15 campesinos asesinados en Liquiñe la noche del 10 de octubre de 1973, fue investigado por un equipo de LND y publicado en el reportaje "La noche de los cazadores" el pasado 7 de septiembre, acerca del rol represivo de 36 civiles actualmente procesados o condenados, entre ellos García.

Esa noche, los 15 campesinos fueron subidos amarrados a dos camionetas de propiedad de los García (una la condujo Luis vestido de militar) y llevados hasta el puente Toltén sobre el río del mismo nombre.

Allí las tropas de Guerra Jorquera los bajaron, los pusieron en fila sobre el puente, estando vivos les abrieron el vientre con corvos para evitar que flotaran, después los acribillaron a tiros y lanzaron sus cuerpos al río, desapareciendo para siempre.

Los García, furiosos anticomunistas, pusieron las dependencias del hotel a disposición de la fuerzas militares que se instalaron allí para armar la represión en la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Una de las víctimas fue José Liendo Vera, el "comandante Pepe", ejecutado por la Caravana de la Muerte en Valdivia.